Las exigencias de Puigdemont: liquidar el Estado en Cataluña

Sin embargo, la realidad tiene visos de ser bien distinta. Una consulta de secesión y una ley de amnistía se antojan imposibles, si hacemos caso, por un lado, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, por otro, a la mayoría de los juristas y especialistas en la materia –que llevan meses tratando el tema en público– pues dudan de la legalidad de una norma que pueda amnistiar, en democracia, a un grupo de personas por una causa ilegal.

Así las cosas, la negociación entre el PSOE y Junts tendría como finalidad vaciar la presencia del Estado (en lo práctico) y de España (en lo simbólico) en Cataluña. Dar un paso más en la construcción de las llamadas «estructuras de Estado» por parte del nacionalismo catalán, más intransigente, si cabe, desde 2017. Y que Puigdemont se pueda poner más medallas en la solapa de las que lleva Oriol Junqueras. Incentivar al nacionalismo y desarticular al constitucionalismo.

Para ver en qué términos se sitúa la negociación entre el equipo del PSOE, liderado por los ministros en funciones Félix Bolaños y María Jesús Montero, y el de Junts, en el que estarán Jordi Turull, secretario general, y Míriam Nogueras, portavoz en el Congreso, bajo el seguimiento diario de Puigdemont en Bélgica, en el programa electoral de Junts se vislumbran las exigencias que estos pondrán sobre la mesa para que Sánchez pueda ser reelegido presidente del Gobierno.

Mientras se transita hacia la independencia, señala Junts en su programa de 148 páginas bajo el lema «Ya basta» o «Ya es suficiente», el objetivo es ir ganando ámbitos de decisión alejados de la solidaridad con el resto de españoles (sobre todo en materia económica) y que identifiquen plenamente a Cataluña como un sujeto jurídico-político al margen de España.

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Una de las reivindicaciones ya clásicas, que ha contado con el apoyo del PSC, es que Cataluña pueda jugar a nivel internacional en las competiciones deportivas oficiales. Ahora, al margen de espectáculos residuales fuera del control del Consejo Superior de Deportes, si no existe una federación española en alguna disciplina, las autonómicas pueden inscribirse.

Pero los nacionalistas catalanes (y los vascos) quieren que la selección regional pueda participar en fútbol, baloncesto y el resto de deportes. Ver un Cataluña contra España –con la capacidad de socialización que tiene el fútbol, por ejemplo– sería una de sus mayores victorias y la constatación de que el país y la autonomía son dos entes diferentes y al mismo nivel. Igualmente, exigen el reconocimiento de un Comité Olímpico de Cataluña, paso imprescindible para que la región pueda participar en los Juegos Olímpicos.

En esta línea, Junts requerirá, entre la infinidad de traspasos, otros dos regalos de un gran valor simbólico. Por un lado, la Jefatura Superior de la Policía Nacional, en vía Layetana (Barcelona). Fue objetivo del independentismo violento durante el 'procés' (los radicales que quemaron Urquinaona en 2019 tenían como misión llegar a la Jefatura). Esta comisaría está en el centro de Barcelona y es necesaria logísticamente. Los nacionalistas cuentan, para este asunto, con la ayuda de los comunes y Sumar, que reclaman el edificio para instalar un memorial democrático, con la excusa de que la comisaría ya lo era durante el franquismo. El otro regalo sería el cuartel militar del Bruc, en Barcelona.

Los de Puigdemont también aprovecharán la debilidad del PSOE para recuperar una propuesta que el Constitucional tumbó íntegramente en la sentencia del Estatuto de Autonomía de 2010. Limitar la acción de la Justicia en Cataluña y que sea la Generalitat quien controle el nombramiento de los jueces. Así lo plantean: «El TSJC se ha de establecer como la última instancia jurisdiccional en Cataluña en todos los órdenes jurisdiccionales» y «crear un Consejo de Justicia de Cataluña». Es decir, impedir que el Tribunal Supremo pueda corregir al TSJC y expulsar al Consejo General del Poder Judicial, para que sea una nueva institución, controlada por la Generalitat, la que nombre a los jueces.

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En relación a este asunto, Sánchez podría establecer que el conocimiento de la lengua catalana fuera obligatorio para los jueces, fiscales y funcionarios de Justicia. Será otra exigencia que se sumará a la de que el catalán se utilice en el Congreso, el Senado y el Europarlamento a costa de todos los españoles. Y, sobre la lengua, Junts demandará a los socialistas que TV3 se pueda ver legalmente en la Comunidad Valenciana y las Baleares, y el Gobierno elimine la distinción de catalán y valenciano (todo será catalán) de los organismos públicos y sus webs.

En materia de traspasos, la discusión se centrará, previsiblemente, en, por un lado, detallar lo poco que queda por transferir a la Generalitat y, por otro, exigir que se ceda todo. Está por ver quién gana el pulso en función de las necesidades de cada partido. Ahí entrarán Cercanías, los puertos de Barcelona y Tarragona, el aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, los inmuebles hospitales (Bellvitge y Valle de Hebrón, entre otros) y, por ejemplo, los ocho paradores nacionales que hay en la región. E incluso Junts pedirá dividir la Confederación Hidrográfica del Ebro para que la administración autonómica gestione «el tramo catalán del Ebro».

Y sobre asuntos económicos, el objetivo es romper la solidaridad y la 'caja común'. En la mesa, el traspaso de la Seguridad Social, eliminar la deuda de la Generalitat con la administración central y que el Govern recaude todos los impuestos. En Junts apuntan a que la reforma del sistema de financiación autonómico debe respetar el principio de ordinalidad, impidiendo al Gobierno su capacidad de redistribución.

Fin al «expolio fiscal». «Ya basta del expolio fiscal». Según el nacionalismo catalán, el Gobierno roba cada año 20.200 millones de euros a la Generalitat en impuestos «que van (a Madrid) y no vuelven (a Cataluña)».

Derogación del artículo 384 bis de la Lecrim. Para los de Puigdemont no es suficiente cambiar el Código Penal para eliminar la sedición y abaratar la malversación, ni los indultos, también quieren eliminar el artículo que permite a los jueces suspender de cargo público a los que estén acusados de rebelión.

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Condonación del FLA para la Generalitat. El Gobierno debe asumir la deuda adquirida por la Generalitat gracias al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que asciende a 70.000 millones de euros. Esto supondría que todos los españoles asumirían el gasto del Govern.

Control de los flujos migratorios en Cataluña. Que sea la Generalitat la que hable directamente con la Unión Europea para gestionar los flujos migratorios de la región y cumplir «los objetivos europeos de acogida de refugiados sin interferencia del Gobierno español».

Derogación de la ley de unidad de mercado. Junts considera que no es de recibo que exista una norma que «atornilla» a la industria catalana a la unidad de mercado española y, a la vez, haber favorecido «la deslocalización» de empresas de Cataluña a otros puntos del país.

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Blindarse contra recursos de inconstitucionalidad. Que ningún organismo e institución de la administración central pueda interponer recursos de inconstitucionalidad por las leyes aprobadas en el Parlamento catalán, ya sean sobre asuntos de vivienda o lingüísticos o de cualquier otro tema.

Aumentar el salario mínimo en Cataluña. Transferir la competencia para fijar el salario mínimo interprofesional (SMI) para las empresas. Así, según los cálculos de Junts, el SMI en Cataluña sería de 1.319 euros.