Sánchez impone el secreto a las reuniones del 'ministerio de la verdad'

Este diario reclamó al Ejecutivo, a través de los mecanismos de Transparencia, las actas de las distintas reuniones que, hasta la fecha, haya mantenido la Comisión Permanente contra la Desinformación. Sin embargo, como ocurrió cuando ABC reclamó la relación de miembros de este comité , La Moncloa ha decidido no atender a esta solicitud.

El Ministerio de Presidencia se acoge al artículo 6.5 de la ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno, que enuncia que las deliberaciones de las comisiones delegadas del Gobierno serán secretas. Argumenta que el procedimiento contra la desinformación fue acordado en una reunión del «por el Consejo de Seguridad Nacional que, en su condición de Comisión Delegada del Gobierno, somete a secreto sus deliberaciones».

No obstante, en su razonamiento jurídico, Presidencia omite el artículo 7 del Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. Dice lo siguiente en su punto 3: «De las sesiones de las Comisiones Delegadas se levantará acta en la que figurarán, exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados».

Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia, señala la importancia de este segundo matiz, que no es menor. Mientras Presidencia justifica que no da las actas del ‘ministerio de la verdad’ basándose en que las deliberaciones de las comisione s delegadas deben ser secretas, la norma que regula específicamente estas comisiones determina que las actas que levanten estos comités ya están limitadas al no incluir las deliberaciones a las que hace alusión la Administración para esconder estos datos.

Por ello, Blanes advierte de que el Gobierno debería entregar las actas aunque en la información facilitada, de acuerdo con las normativas arriba expuestas, permanecieran veladas las deliberaciones de los miembros de la comisión. De esta manera, si bien es cierto que se sacrificaría el contenido de la discusión, sí se podría conocer información valiosa para evaluar la actividad del ‘ministerio de la verdad’. Este sería el caso del número de reuniones que ha celebrado, los asistentes a cada una de ellas o las medidas o acuerdos que hayan adoptado.

No es la primera vez que el Gobierno se opone a rendir cuentas sobre la actividad de este polémico organismo, que activó todas las alertas entre las asociaciones y federaciones de periodistas , que llegaron a advertir que podría haber riesgo de censura. Pero las dudas no se circunscribieron al gremio periodístico y los partidos de la oposición también cargaron contra el plan del Gobierno.

En el Congreso, Vox realizó una batería de preguntas al Ejecutivo con intención de recabar información sobre el funcionamiento de este comité. Lejos de dar explicaciones, el Gobierno respondió con evasivas. Ante esta circunstancia, Vox presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que se suspendiera este plan que después fue desestimado. Sí que fue admitido el que presentó, también ante el Alto Tribunal, el PP después de que el Gobierno se arrogara la capacidad de decidir, a través del ‘ministerio de la verdad’ qué es una noticia falsa o una campaña de desinformación.