El Gobierno aprueba movilizar 50.000 viviendas de Sareb para alquiler social pero sin aclarar los plazos

A poco más de un mes para las elecciones autonómicas y municipales, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde en Consejo de Ministros a un plan de alquileres sociales utilizando las viviendas de la Sareb. En total se pretende movilizar hasta 50.000 inmuebles del llamado 'banco malo', aunque el Ejecutivo no ha dado plazos de cuándo pretende llevar todo esto a cabo.

Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, ha sido la encargada de comunicar en rueda de prensa el plan, ya que la Sareb está controlada por el Ejecutivo a través del FROB desde primavera del año pasado. «Disponemos de un parque de 300.000 viviendas públicas, un 3% del total, frente al 9% de la media de la UE. Por ello es fundamental reconstituir el parque público de vivienda y aprovechar al 100% los activos de Sareb», ha indicado.

Asimismo, Calviño ha indicado que esto va encaminado también a «devolver» a los ciudadanos los recursos públicos que se utilizaron en 2012 para constituir Sareb. Se refiere a que en ese año nació el 'banco malo' para adquirir los activos tóxicos de la banca por un montante de más de 50.000 millones de euros. Y se hizo emitiendo deuda avalada por el Tesoro Público.

El plan anunciado hoy pretende movilizar 50.000 viviendas de la siguiente forma: 14.000 están ya habitadas; 15.000 que serán construidas en suelo público perteneciente a la Sareb en colaboración con el sector privado; y otras 21.000 que ya están construidas y vacías para poner a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos, que tendrán que adquirirlas «a precio de mercado», como ha publicado hoy este periódico. De las citadas 14.000, unas 7.000 están ocupadas de manera ilegal. Y de las 21.000 que ya están construidas, solo 9.000 están listas para vivir, según fuentes del 'banco malo'.

Respecto al desarrollo de las 15.000 viviendas, la Sareb asegura tener ya 112 suelos identificados para construir 10.000 viviendas por fases. Estos suelos están distribuidos por 13 comunidades autónomas, la mayor parte en Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Extremadura.

En este momento, el proyecto está en fase de estudio con PwC y la idea pasa por construir viviendas de alquiler social y asequible con un modelo de colaboración público-privada. De este modo la Sareb pondrá a disposición de las empresas privadas los suelos y estos se encargarán de desarrollarlos y gestionar posteriormente los arrendamientos de las viviendas construidas por un largo periodo de tiempo.

Con todo, como ha publicado este periódico, el plan choca con los contratos que hay en vigor con dos empresas de servicios inmobiliarios, como son Hipoges y Anticipa-Aliseda, a las que se adjudicó por al menos tres años el servicio de gestión y venta de los inmuebles de la entidad. Un contrato que está en vigor hasta por lo menos julio de 2025 y que choca con el plan del Gobierno.

También, fuentes bancarias y fuentes del sector inmobiliario dudan de que el Ejecutivo pueda llevar a cabo el plan en su totalidad, y apuntan al electoralismo de aprobar en estos momentos este proyecto. Por una parte, señalan que será muy complicado ponerlo en marcha por el bajo interés de las regiones y ayuntamientos de adquirir estas viviendas, que están en zonas sin demanda y en muy malas condiciones; por otra, porque en teoría Sareb habría de desaparecer en 2027 habiéndose vendido todos sus activos y este es un plan, en concreto la parte de construcción, que requerirá de varios años.