Los pisos que movilizará el Gobierno para alquiler asequible están en zonas sin demanda y en malas condiciones

Son 25.300 millones de la cartera de la Sareb los que gestionan estas dos últimas empresas desde julio del año pasado. Con el 'banco malo' tienen un contrato por el que Hipoges se encarga de 13.906 millones de euros (55% del contrato), de los que 8.077 se corresponden con préstamos al promotor impagados y 5.829 millones a inmuebles residenciales, suelos y activos terciarios. Por su parte, Anticipa y Aliseda gestionan activos por valor de 11.379 millones de euros; 6.150 millones de euros corresponden a inmuebles de toda tipología y 5.229 millones corresponden a préstamos al promotor impagados.

Fuentes oficiales de las plataformas inmobiliarias de Blackstone en España señalan a este periódico que «tenemos un contrato de gestión por tres años ampliables a cinco y cumplimos un plan de negocio aprobado por el consejo de Sareb» en relación al anuncio que Pedro Sánchez realizó el domingo durante la convención municipal del PSOE en Valencia. «La afectación a nuestro perímetro dependerá del numero de viviendas disponibles y las localizaciones en áreas tensionadas», abundan, a la espera de conocer los detalles del plan que será aprobado hoy en Consejo de Ministros. En todo caso, la Sareb está atada por estos contratos al menos hasta 2025.

Según avanzó el presidente del Gobierno, de las 50.000 viviendas que se movilizarán para el plan de alquiler social, 14.000 están ya habitadas, 15.000 serán construidas con suelo público perteneciente a la Sareb y las otras 21.000 ya están construidas y vacías y serán puestas a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos. Sin embargo, de las citadas 14.000 que dicen que están habitadas, unas 7.000 están ocupadas de manera ilegal. Por otro lado, de las 21.000 que ya están construidas, solo 9.000 están listas para vivir, según fuentes del 'banco malo'.

Todas las fuentes inmobiliarias consultadas por este periódico dudan del éxito del plan. Primero, porque al menos la mitad de las viviendas ya habitadas están actualmente okupadas; las que están por construir deben ser presupuestadas, recibir las licencias de obra y desarrollar la licitación de los contratos de construcción y gestión. Un cóctel por el que podrían pasar hasta cinco años hasta que se puedan entregar las primeras viviendas a cargo del plan.

También dudan del interés de comunidades y ayuntamientos por hacerse con las 21.000 viviendas que la Sareb les ofrecerá «a precio de mercado», según expresan desde la entidad. Fuentes conocedoras de la cartera del 'banco malo' aseguran que la mayoría de los 46.542 inmuebles que tienen ahora mismo en propiedad «están ubicados en zonas de baja demanda, de costa, o pueblos donde no hay interés por alquilar».

Estas mismas fuentes apuntan a que la gran mayoría de los activos de valor ya fueros vendidos y tan solo el 25% de las 21.000 casas que ofrecerá el Estado estarán localizadas en zonas que se pueden denominar «tensionadas», como así define el Gobierno en la futura ley de vivienda acordada con ERC y Bildu la semana pasada, a los mercados donde el pago del alquiler representa un alto porcentaje de los ingresos de inquilinos y familias.

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Marina Ortiz Mingot

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En esa ecuación previsiblemente entrarían grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o la región de Baleares en su conjunto. Y directamente en estas zonas geográficas la cartera de la Sareb escasea como se puede comprobar en su porfolio. En la capital disponen de 1.189 unidades; en la Ciudad Condal 767; en Málaga son 102 y en toda la región insular mantienen apenas 447 casas.

Unido a todo ello, también se da un problema grave de deterioro de los pisos, así como de las parcelas para construir. La Sareb es consciente de este problema desde hace años y hace ya varias semanas se puso en marcha una licitación para intentar atajar el problema.

Se ha sacado un contrato, que está pendiente de adjudicar, para el «servicio integral de ejecución de obras de adecuación». Como rezan los pliegos, «el rango de actuaciones que representará la base del alcance del presente pliego se corresponde con todas las acciones que tienen como objetivo devolver un activo al estado óptimo de ser comercializable, según requerimientos del 'servicer'. Estas acciones incluyen la ejecución de obras, acciones técnico-legales y administrativas que sean necesarias para la legalización de los activos y la disponibilidad comercial».

Ese deterioro ha sido obviado durante años por parte de la entidad y es ahora cuando se invertiría en adecuar su estado. En concreto, este contrato es de 170 millones de euros, a lo que se sumarían otros 300 millones más en posibles prórrogas.

Además, hay que tener en cuenta que el mandato actual de la Sareb es el de desaparecer en 2027, habiendo vendido todos sus activos para entonces intentar cancelar la deuda avalada por el Tesoro que se emitió en 2012 para asumir los activos tóxicos de la banca. Este plazo legal, a la vista del plan, sería muy difícil de cumplir si no se modifica, según fuentes financieras.

Por otro lado, la banca continúa siendo accionista de la entidad, pese a que el control sea del Estado. En este sentido, fuentes bancarias señalan que el plan del Gobierno no solucionará el problema de la vivienda en España porque no ataca a las zonas que realmente necesitan una actuación. A juicio de las entidades financieras, la solución sería incrementar la oferta de vivienda en aquellas zonas donde case con la demanda, «no en pisos vacíos en zonas que nunca se ocupan». Fuentes financieras señalan también que al Gobierno le falta por concretar el coste que tendrá esto para las arcas públicas y cómo impactará en la recuperación de la deuda que se emitió en 2012 y que hay que recuperar.