El Gobierno actuará como acusación popular en las muertes por violencia de género si las comunidades se inhiben

El protocolo, al que ha tenido acceso este diario, pretende «ofrecer una respuesta institucional conjunta, de repulsa, rechazo y condena ante cualquier asesinato producido por violencia de género, así como de apoyo y solidaridad con las víctimas, sus familiares, y personas allegadas».

Una de las medidas más novedosas es la que plantea que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, órgano encargado de proponer la política del Gobierno contra las distintas formas de violencia contra las mujeres e impulsar, coordinar y asesorar en todas las medidas que se lleven a cabo en esta materia, «en virtud de la legitimación otorgada por el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se personará como acusación particular en los procedimientos judiciales que se incoen en los casos de asesinato por violencia de género cuando la comunidad autónoma donde haya tenido lugar el asesinato no ejerza dicha acción popular».

En la justificación de la medida, se apunta que «los poderes públicos no pueden ser ajenos a estos ataques tan flagrantes a los derechos humanos» y, por ello, en el documento se insta a «establecer un protocolo de condena y repulsa que permita una respuesta institucional clara, unificada y contundente ante cualquier asesinato en el ámbito de la violencia de género». La pretensión es fijar una manera de proceder estandarizada cuando se confirma una muerte por violencia de género. «Al articular una respuesta colectiva de reparación simbólica, este protocolo contribuye a hacer realidad el derecho a la reparación de las víctimas y de sus familiares y personas allegadas», precisa el texto.

Añade que el protocolo planteado «permite, además, estructurar una forma de reivindicación unitaria y cohesionadora en todo el territorio en pro de la construcción de la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos».

El protocolo, que será de aplicación al Ministerio de Igualdad y al de Política Territorial, a través de las delegaciones, subdelegaciones del Gobierno y direcciones insulares de la Administración General del Estado, se «activará de forma inmediata tan pronto como la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en coordinación con las instituciones pertinentes, confirme que se trata de un asesinato por violencia de género».

Su objetivo es, según se apunta en el documento, «condenar públicamente y expresar la repulsa absoluta de la sociedad a todos los asesinatos por violencia de género», «manifestar la solidaridad con las víctimas, su familiares y personas allegadas», y «ofrecer una respuesta unitaria y coordinada por parte del Gobierno de España en todo el territorio, ante la confirmación de cada asesinato por violencia de género».

En cuanto al procedimiento de condena y repulsa, el protocolo insta al Gobierno y a todas las delegaciones, a convocar «a la mayor brevedad posible y de acuerdo con las circunstancias propias de su territorio, un minuto de silencio en repulsa frente a la violencia machista». Especifica que ese acto será presidido por las personas titulares de las instituciones o en quienes deleguen y que con anterioridad a la convocatoria de esta acción «se informará a las comunidades autonómas, Consells y Cabildos Insulares, y Entidades Locales afectadas, al efecto de posibilitar una respuesta coordinada». «Igualmente, se informará previamente a las instituciones y entidades de la sociedad civil relevantes en cada territorio, al efecto de que puedan sumarse al minuto de silencio convocado o programar las acciones que resulten oportunas«, añaden.

El protocolo exhorta también a todas las instituciones del Gobierno a hacer pública una declaración conjunta que incluya «una condena firme de la violencia de género y, en particular, del asesinato ocurrido», «un mensaje de solidaridad y apoyo a las familias y personas cercanas a la víctima» y «un llamamiento a la unidad de toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género». Establece, asimismo, que la declaración será «publicada en los canales oficiales de comunicación de cada institución y compartida a través de las redes sociales, sitios web y medios de prensa locales» .

La aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, supuso, según se expone en el protocolo, «un cambio de paradigma en nuestro ordenamiento jurídico, estableciendo una arquitectura institucional y jurídica para combatir la violencia de género». Años más tarde, el Pacto de Estado contra la violencia de género en 2017 ratificó el compromiso unánime de todas las instituciones en este ámbito. «En la misma senda ya trazada de avance y compromiso en la lucha contra la violencia de género, el Gobierno ha acordado adoptar el presente Protocolo», concluye la propuesta de los dos ministerios. Fuentes de la Consejería catalana de Igualdad y Feminismos han confirmado a este diario que «la Generalitat se persona en feminicidios y casos de violencia machista de especial trascendencia o gravedad».

Los principales indicadores de la violencia de género se mantuvieron estables durante el segundo trimestre de 2024, en unas cifras similares a las de hace un año, según el informe trimestral dado a conocer este miércoles 16 de octubre por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial (CGPJ). El número de denuncias presentadas en los juzgados de violencia sobre la mujer aumentó un 4,79%, pero el de víctimas bajó un 1,44%. El número de órdenes de protección solicitadas fue muy similar al del segundo trimestre de 2023, pues se pidieron 12.674, apenas un 0,7% menos.