La Fiscalía acusa a 14 empresas de pagar mordidas a CDC
Compañías que, «a cambio de influencia y en ocasiones de la propia adjudicación», hacían donaciones a través de las fundaciones del partido que luego revertían en éste
Anticorrupción pide 3 millones de multa al PDeCat por blanqueo y penas de hasta 21 años en el caso 3%
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 21 años de cárcel para los acusados por la financiación ilegal a la extinta Convergència Democràtica: el llamado caso 3%. Entre los acusados, el exconsejero de Justicia de la Generalitat Germà Gordó, para el que el Ministerio público pide 18 años de prisión, y los extesoreros del partido Andreu Viloca y Daniel Osàcar.
La acusación también se dirige contra 14 mercantiles por haber pagado mordidas al partido que fundó Jordi Pujol a cambio de adjudicación de obra pública. Según el escrito de acusación, la actividad delictiva se habría llevado a cabo con la relación directa, «continua y personal», entre cada uno de los empresarios y los «jerarcas del partido acusados», ligados a los procesos de contratación, a las donaciones a la fundación de la formación -CatDem-, o con la suscripción de convenios de colaboración, como en el caso de la Fundación ACS, con un contrato de recogida de residuos y limpieza del Ayuntamiento de Olot (Gerona).
Las empresas a las que acusa la Fiscalía son:
-Teyco, S. L.
La sociedad era unipersonal siendo su administrador único, desde 2008, el acusado Jordi Sumarroca Claverol.
Según el escrito de acusación, fue adjudicataria de contratos con ayuntamientos donde gobernaba CiU entre marzo y mayo de 2009. En los documentos que así lo acreditan, y que Sumarroca guardaba en su caja fuerte, constan las resultantes de aplicar el 3% al importe de las adjudicaciones.
Es más, dichos importes los emitió Teyco mediante cheques a favor de CatDem, la fundación de Convergència -'think tank' de Artur Mar- a través de la que se canalizaban las «donaciones» al partido.
La Fiscalía solicita para la empresa 4 millones de euros de multa por el delito continuado de corrupción entre particulares.
-Urbaser, S. A.
Inició sus operaciones en septiembre de 1990, con domicilio social establecido en camino de Hormigueras nº 171, de Madrid. Su objeto era la construcción de toda clase de obras, limpieza y gestión de residuos.
El administrador único fue nombrado en diciembre de 2012 resultando ser ACS Servicios y Concesiones, S. L., representada por José López Piñol, la cual participa con el 99,99 % de las acciones de Urbaser, S. A.
La Fiscalía reclama a la mercantil 4 millones de euros de multa por el delito continuado de corrupción entre particulares.
-Fundación ACS
El acusado Jordi Durán Vall-Llosera era su apoderado desde diciembre 2009, ejerciendo las funciones de delegado o director de servicio en Cataluña.
La situación laboral de Durán Vall-Llosera se modificó en marzo de 2015, cuando se formalizaron dos contratos: un acuerdo entre Urbaser y el primero, modificando el contrato de trabajo que tenía hasta ese momento (indefinido a tiempo completo), para ser indefinido a tiempo parcial; y un contrato de prestación de servicios, firmado también entre Urbaser y el acusado, en calidad de administrador solidario de Dunafills.
El objeto de este contrato se refiere a asesoramiento para el desarrollo del negocio de Urbaser en Cataluña y Baleares, estipulándose la contraprestación económica de 50.000 euros, más una retribución variable por objetivos, entre la que estará un 0,050% del precio total de los contratos conseguidos.
La Fiscalía solicita así para la Fundación ACS una multa de 4 millones de euros por un delito continuado de corrupción entre particulares.
-Grup Soler Constructora, S. L.
Inició sus operaciones en julio de 1998, con domicilio social localizado en la calle Onze de Setembre nº, 10ª, polígono industrial Plans de la Sala, de Sallent (Barcelona). Su objeto social era la construcción de proyectos de ingeniería.
Desde enero de 2003, el administrador único era el acusado Jordi Soler Paredes, que también lo es de Electromecánica Soler, S. L.
La Fiscalía solicita para Grup Soler una multa de 10 millones de euros por un delito continuado de corrupción entre particulares.
-Copisa Constructora Pirenaica, S. A.
Se constituyó en 1978, con domicilio social situado en la plaza Europa nº 2-4 (Torre Copisa), de L'Hospitalet de Llobregat. Su objeto social era la construcción de carreteras y autopistas.
Los accionistas de la sociedad eran: Grupo Empresarial COPISA S. L. con el 95,75 %; y con un porcentaje indeterminado, Grupo COPISA Infraestructuras y Mantenimientos, S. L. y el acusado Francesc Xavier Tauler Ferré.
La Fiscalía solicita para Copisa una multa de 25 millones de euros por un delito continuado de corrupción entre particulares.
-TEC-Cuatro, S. A.
Se constituyó en junio de 1988, con domicilio social en la calle Lepanto de Barcelona. Su objeto era, con carácter general, la prestación de servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico.
Desde el 11 de marzo de 2010, constaban como administradores solidarios de la mercantil Javier Francisco Borrell Mestre -que poseía el 29% de las acciones- y Fernando Casanovas Baró.
Entre los cargos de esta sociedad estaba el acusado Antonio García Bragado Dalmau, quien fue administrador desde el 24 de julio de 2003 hasta el 22 de septiembre de 2006, y socio de la mercantil con el 29 % de las acciones.
La Fiscalía solicita para TEC-Cuatro una multa de 4 millones de euros por un delito continuado de corrupción entre particulares.
-Oproler Obras y Proyectos, S. L. U.
Sergio Lerma Verde, en representación de su socio único Oniler, S. L., era administrador único de esta mercantil. El también acusado Josep Manel Bassols Puig, era apoderado de la misma desde mayo de 2013.
Los también acusados Del Llano Vivancos y Zaragoza de Pedro también estaban vinculados a Oproler. El primero, como Director General de contratación; el segundo, trabajando como autónomo.
Fiscalía solicita para Oproler una multa de 10 millones de euros por un delito continuado de corrupción entre particulares.
-Ayesa Enginyeria i Serveis, S. A.
Alia Gestión Integral de Servicios era administradora única de Ayesa Enginyeria i Serveis, S. A., cuyo apoderado y director en Cataluña y Baleares era Xavier Minguillon. La empresa, con sede en el calle Nápoles de Barcelona, se dedica a fabricación de maquinaria industrial.
La Fiscalía solicita para Ayesa una multa de 4 millones de euros por un delito continuado de corrupción entre particulares.
-Impulsa Ortiz, S. L.
Con sede en Gran Vía de Carles III en Barcelona, la compañía se dedica a la contratación, gestión y ejecución de obras y construcciones, tanto públicas como privadas.
La Fiscalía solicita para Impulsa una multa de 4 millones de euros por un delito continuado de corrupción entre particulares.
-Certis Obres i Serveis, S. A. U.
El acusado Ramón Blázquez Martínez, administrador único de Certis Obres i Serveis, S. A. U., mantuvo varias reuniones con Viloca durante 2011 y 2012. En ese período se detecta un ingreso a la fundación CatDem, el 15 de abril de 2011, por importe de 75.000 euros.
Fiscalía solicita para Certis una multa de 4 millones de euros por un delito continuado de corrupción entre particulares.
-Pasquina, S. A.
El acusado Félix Pasquina Olivé es accionista mayoritario de la compañía, fundada en 1983 y centrada en la realización de obra pública.
La Fiscalía solicita para Pasquina una multa de 15 millones de euros por un delito continuado de corrupción entre particulares.
-Rogasa; Romero Gamero, S. A.
La compañía la fundó en 1987 la familia Romero Gamero. Su domicilio social se estableció en la calle Osona nº 1, de El Prat de Llobregat. Su objeto social era la actividad dedicada a toda clase de obras de construcción.
La sociedad era unipersonal, siendo su socia única Varietats 1998, S. L, que también era administradora única desde enero de 2005, representada por el acusado Juan Luis Romero Gamero.
La Fiscalía solicita para Rogasa una multa de 4 millones de euros por un delito continuado de corrupción entre particulares.
-Benito Arnó e Hijos, S. A.
Es una empresa familiar, con más de 50 años, dedicada a la obra civil, edificación y concesiones.
La Fiscalía solicita para Benito Arnó una multa de 10 millones de euros por un delito continuado de corrupción entre particulares.
-Construcciones Deco, S. A.
Antoni Cañellas Anto, fallecido el 7 de enero de 2019, era presidente de la compañía y socio mayoritario de la misma.
La Fiscalía solicita para Deco una multa de 2 millones de euros por un delito continuado de corrupción entre particulares.
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