El impuesto a los ricos zarandea la marca España en el exterior: «Ha causado un daño reputacional bestial»

Bruno Pérez

Madrid

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24/03/2023
Actualizado a las 12:20h.

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«No se considera el daño reputacional que se ha hecho fuera del país, tanto a los inversores extranjeros como a los que estaban pensando en invertir en España. Ha sido destructivo». La mesa estrella de la XVI Jornada Nacional de Estudio de la Aedaf, la asociación que aglutina a los asesores fiscales de los mayores despachos del país, abordó ayer la implantación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, 'Efectos y recomendaciones', y al margen de las dudas que existen entre los fiscalistas en relación a su legalidad e incluso a su constitucionalidad, también se trató algo de lo que se ha hablado menos: su impacto económico.

La frase con la que arranca esta información es del abogado experto en fiscalidad internacional, Carlos Ferrer, que ayer interpretó como más grave el impacto sobre la imagen de España como destino inversor que sobre el bolsillo de los inversores con presencia en España. «Ha sido un daño reputacional bestial», remachó.

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Tanto Ferrer como Gabriel Pérez de Cárdenas y el ex director general de Tributos, Diego Martín Abril, coincidieron en destacar que se trata de una norma plagada de errores que deja varios flancos al recurso tanto de forma particular como colectiva. Recordaron en este sentido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid incluso se ha comprometido a poner a disposición de los contribuyentes afectados un modelo de recurso para poder ir contra el impuesto estatal.

Los asesores fiscales participantes en la mesa han desaconsejado sobrerreaccionar al gravamen estatal y plantearse, por ejemplo, un cambio de residencia. Admiten que han recibido consultas de clientes planteando un posible traslado a países como Italia o Portugal, pero que en la mayoría de los casos el ahorro fiscal de salir de España es inexistente y el riesgo de deslocalizarse muy elevado.

«Salir de España te pone en el punto de mira de la Inspección», advirtió ayer Carlos Ferrer, que añadió, además, que la Agencia Tributaria está siendo cada vez más agresiva a la hora de aceptar el carácter genuino de las deslocalizaciones de contribuyentes que investiga y que por si fuera poco las ha situado como su prioridad para 2023. «Y además se trata en una inmensa mayoría de los casos como delito fiscal», avisó Gabriel Pérez de Cárdenas, respecto al endurecimiento del trato de Hacienda.