Las cotizaciones de los funcionarios sólo cubren el 30% del coste de sus pensiones de jubilación
El Estado transfiere 10.000 millones al año de media para cubrir el déficit contributivo de este colectivo
Técnicamente, las aportaciones del empleador no se ingresan al tratarse de la Administración Pública y las cuotas del trabajador se depositan en el Tesoro
Seguridad Social pagó durante casi tres años por mantener viva la hucha de las pensiones
El Gobierno duplica en cuatro años las aportaciones de impuestos para pagar las pensiones

La participación de los impuestos en la cobertura anual del gasto en pensiones es cada vez mayor y más habitual ante el incremento exponencial de la factura experimentada en los últimos años. Como consecuencia de las revalorizaciones aplicadas sobre las nóminas de los 9, ... 1 millones de pensionistas, pasando por la subida histórica del 8,5% fijada para este año, la necesidad de recursos extra para poder hacer frente a las obligaciones de pago de la Seguridad Social son cada vez mayores.
Pero en el caso de los funcionarios de las clases pasivas esta circunstancia se agrava por la merma progresiva del número de trabajadores en ciertos niveles de la Administración General del Estado, lo que está provocando que la brecha existente entre las aportaciones entre el equivalente a las cotizaciones del colectivo y el gasto que asume el Estado en sus pensiones sea cada vez mayor. Hasta el punto de que, en 2023, las cuotas abonadas por los funcionarios y sus empleadores (las distintas administraciones públicas) sólo llegan a cubrir el 30% del coste anual de las prestaciones abonadas a los jubilados de este colectivo. Es decir, las transferencias extraordinarias del Estado cubren siete de cada diez euros de la nómina de pensiones de las clases pasivas.
Concretamente, analizando el quinquenio transcurrido entre 2019 y 2023 –ambos años incluidos– se observa como el coste anual de las pensiones de los funcionarios se ha incrementado en un 15% hasta los 18.176 millones de euros, la factura prevista para este ejercicio. Paralelamente, la aportación extra del Estado –procedente de los recursos del Presupuesto General, es decir, la recaudación tributaria– se ha incrementado en un 48%, hasta alcanzar los 12.400 millones, equivalente a casi un punto del PIB. Técnicamente, esa transferencia es el déficit contributivo del sistema de pensiones de Clases Pasivas.

Gasto en pensiones de clases pasivas
y fuentes de financiación
Coste total e ingresos (millones de euros)
Cuotas trabajadores
Cuotas Estado
Aportación extra del Estado
895
15.717 (total)
2019
6.463
8.359
840
16.136
2020
6.246
9.050
801
2021
16.567
5.880
9.886
764
16.652
2022
5.647
10.241
688
18.176
5.088
12.400
2023
Fuente: Fedea y Seguridad Social
ABC

Gasto en pensiones de clases pasivas y fuentes de financiación
Coste total e ingresos (millones de euros)
Cuotas trabajadores
Cuotas Estado
Aportación extra del Estado
895
Total
15.717
2019
6.463
8.359
840
2020
16.136
9.050
6.246
801
2021
16.567
5.880
9.886
764
2022
5.647
16.652
10.241
688
5.088
18.176
2023
12.400
Fuente: Fedea y Seguridad Social
ABC
Y el panorama no vaticina una mejora del saldo negativo en los próximos años. El Ejecutivo parece decidido a mantener una senda de revalorizaciones con el IPC que añadirá cerca de 3 puntos porcentuales de PIB a la factura de las pensiones (unos 40.000 millones de euros) al tiempo que este colectivo merma sus aportaciones precisamente por la mengua de la plantilla pública en ciertos a causa de las jubilaciones, ahora concentradas en la cohorte del 'baby boom'.
De hecho, mientras que en 2019 el equivalente a las cotizaciones de los trabajadores y de sus empleadores sumaban cerca de 7.400 millones de euros estas aportaciones se han reducido en este último lustro un 21% hasta los 5.800 millones en 2023. Sin embargo, cabe aclarar que técnicamente estas cotizaciones no se realizan, el empleador (la Administración Pública) no ingresa las aportaciones para la financiación de las prestaciones de los actuales beneficiarios de prestación, mientras que la cuota de derechos pasivos que se descuenta del salario de los funcionarios (un nimio 3,86%) se ingresa en el Tesoro, no en la Seguridad Social.
Así, de facto, las pensiones de los funcionarios que ingresaron en las Administraciones Públicas antes de 2011 (el denominado régimen de Clases pasivas) no forman parte del sistema de Seguridad Social. Al contrario, se han financiado siempre a través de una transferencia del Estado y tienen su propio capítulo (Sección 07) en los Presupuestos Generales del Estado de cada año distinta de la Seguridad Social (sección 60).
Presión presupuestaria
Esta mengua también viene determinada por el hecho de que el régimen de clases pasivas lleva más de una década cerrado a nuevos entrantes, por lo que sus ingresos por cotizaciones reales e imputadas van disminuyendo con el paso del tiempo según se reducen sus efectivos. «Lo mismo sucederá en el futuro con su gasto en pensiones, pero por el momento esta partida todavía está creciendo a buen ritmo debido al rápido aumento en años recientes de las jubilaciones de funcionarios adscritos al sistema, presionando al alza la contribución adicional del Estado», explica en un reciente documento el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente.
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«Este desequilibrio entre ingresos por cuotas y gasto en pensiones aumentará durante los próximos años, y conviene recordar que las obligaciones en pensiones se extenderán hasta 2060», señala el investigador asociado de Fedea y profesor de economía aplicada en la URJC, Miguel Ángel García, en un reciente análisis en el que apunta a la conveniencia de que el sistema público de pensiones se observe como suma del sistema de la Seguridad Social y del régimen de clases pasivas, «porque en última instancia es el saldo de los dos el que incide en la composición y saldo de las cuentas públicas españolas».
En el apéndice de la nómina mensual de pensiones que publica la Seguridad Social que hace referencia a las clases pasivas se registran 695.366 beneficiarios con una factura mensual que alcanza los 1.460 millones de euros.
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