El fiscal general debe dimitir

El pasado 15 de abril, el FGE, en una declaración institucional expresada solemnemente en una toma de posesión de fiscales, justificó la nota emitida por la Fiscalía de Madrid, el anterior 14 de marzo, sobre las comunicaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la Fiscalía, y sostuvo que «como FGE estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir (…) informaciones falaces e interesadas», asumiendo «la responsabilidad última de esa nota de prensa» y añadiendo que «no voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de la institución». Ocultó, sin embargo, el FGE en esa declaración institucional datos muy importantes que solo se han conocido después, tras la investigación judicial: ocultó que no es que 'estuviera informado', sino que él mismo era el impulsor de la nota en cuestión. No explicó tampoco por qué no sacó la nota su propia oficina de prensa, y presionó a subordinados para que la sacara otra Fiscalía. En el momento de su declaración, el Colegio de Abogados de Madrid anunciaba una querella, y el perjudicado la había interpuesto ya en fecha 21 de marzo contra dos fiscales.

El FGE sabía que esa querella no se dirigía contra todos los responsables, porque el principal de ellos era él. Sabía eso y, sin embargo, no reconoció su propia autoría, aliviando la carga de esos fiscales (o, al menos, a uno de ellos, que se limitó a obedecer las órdenes a las que está obligado), y utilizó sus poderes en la institución para ocultar su responsabilidad. El FGE sabía, cuando hizo la declaración del 15 de abril, que él había ordenado a la fiscal superior de Madrid («es imperativo sacarla», «nos van a ganar el relato») que publicara la nota. No es lo mismo «estar informado y asumir la responsabilidad última» que obligar a los subordinados a que actúen para sacar la nota, que es lo que en realidad hizo. El FGE fue reconociendo mayor responsabilidad (incluso presentó el 10 de junio un escrito ante el TSJM, reclamando la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo), pero eso ocurrió después de sus primeras intervenciones.

Antes del 15 de abril, el FGE, que sabía que era el responsable de la nota, a pesar de anunciar que se abstenía de actuar como fiscal en este asunto, no reconoció su intervención directa a los fiscales encargados de la llevanza del caso abierto por la querella del perjudicado; al contrario, la ocultó. La secuencia de los hechos determinó que los fiscales del TSJM encargados del caso tuvieron varias reuniones en la Fiscalía General (¡incluso con los fiscales querellados!) y, finalmente, ante las órdenes reiteradas de la teniente fiscal del Tribunal Supremo de que pidieran el archivo del caso y su resistencia a ello, fueron –tras una muy dividida Junta de Fiscales de Sala, celebrada el 24 de abril– relevados de la llevanza del asunto.

Tampoco comunicó el FGE a la Junta de Fiscales de Sala que el autor directo de la nota había sido él mismo, ocultando otra vez un dato esencial a quienes habían de decidir sobre la actuación de la Fiscalía.

Esos datos, que evidencian la responsabilidad principal del FGE, se averiguan en la investigación judicial. No los proporciona gallardamente el fiscal general, como por otra parte reclamó de la Fiscalía el juez instructor del TSJM: los 'whatsapp' a la fiscal superior de Madrid, las conversaciones con la fiscal jefe de Madrid, el mismo origen de la nota, las órdenes al fiscal, al que sacan de un campo de fútbol para mandar los correos reservados, entre otros. Y es que la situación del FGE desde la admisión de la querella era difícil: como autor de un hecho que los jueces (y los querellantes, y la mitad de la Junta de Fiscales de Sala) consideran delictivo tiene derecho a protegerse, a la defensa; pero como fiscal general tiene la obligación de establecer la verdad de lo ocurrido. Tiene que perseguir los delitos, pero no puede hacerlo, ya que el autor, si fuera delito lo que se le reprocha, es él. Y su posición es pésima para determinar si el hecho es delictivo o no. Son muchos los acusados que sostienen que lo que hicieron no es delito, pero no es suya la decisión de si lo es o no, naturalmente. Pero el FGE trata de librarse, él y los fiscales querellados, negando el delito en la nota, combatiendo la investigación. Así que opta por defenderse de la peor manera, incluso al coste de dañar la institución que dirige, subordinándola a sus intereses procesales y al sufrimiento procesal de un fiscal. Sí, de un fiscal que soporta una querella (y busca un abogado, y declara como investigado) durante casi cuatro meses, ante el silencio del auténtico responsable de los hechos. Por eso el FGE debe irse y, de paso, disculparse públicamente ante ese fiscal victimizado, y ante la Fiscalía entera. Mejor, debería haberse ido el día que se admitió la querella, sabiendo que, tanto si era delito lo publicado como si no lo era, el responsable directo era él.

Es quizá procedente reseñar que esa situación del FGE afecta también al funcionamiento de la Fiscalía. El art. 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal establece que, cuando un fiscal aparece incurso en un procedimiento penal, el FGE podrá acordar su suspensión cautelar. La fiscal jefe de Madrid está en esa situación, pero, ¿cómo va a acordar su suspensión, analizando con imparcialidad la cuestión, si él mismo es el autor último de la nota? Por último, ¿cree alguien que está la institución preparada para actuar con imparcialidad en una causa penal contra el FGE, que se mantiene al mando, en caso de que el Tribunal Supremo admita la petición del TSJM?