Los enchufes del Gobierno

Editorial ABC

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27/02/2025
Actualizado 28/02/2025 a las 07:59h.

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La declaración ante el Supremo de Jessica Rodríguez, con quien José Luis Ábalos mantuvo una «relación particular», plantea dudas más que razonables sobre un posible trato de favor que se investiga en los tribunales y se suma a otros casos de enchufismo en la órbita del Gobierno. La testigo asegura que fue contratada a través del hermano de Koldo García en las empresas públicas Ineco y Tragsatec que dependían de Transportes y Agricultura, esto es, de su pareja y del ministro Planas. En su declaración, Jessica Rodríguez ha afirmado que, pese a percibir un salario de ambas empresas, no acudió a trabajar porque nadie le indicó que lo hiciera. También se investiga si el entorno de Víctor de Aldama pagó el alquiler de su lujoso piso a cambio de recibir favores públicos. En el catálogo de impudicias que se perfilan alrededor del caso Koldo aparece el enchufismo –agravado por el absentismo– de Jessica Rodríguez, que coincide temporalmente con otros casos que afectan la reputación del PSOE y del Gobierno, en una alineación demasiado sospechosa como para atribuirse a la mera casualidad.

También a principios de mes, el juez José Ignacio Vilaplana imputó a veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, irregularidades en la contratación de proveedores, personal y subvenciones, incluyendo el nombramiento injustificado de 84 personas vinculadas al PSOE de Sevilla. Paralelamente a la investigación sobre la relación personal de un ministro, su pareja, sus inquilinos y las empresas públicas de las que cobró sin trabajar, los tribunales dilucidan si hubo trato de favor en la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. El artista David Sánchez, actualmente conocido como Azagra, tuvo dificultades para relatar con coherencia cuáles eran sus funciones, las personas que formaban su equipo y hasta la situación física de su oficina. Asimismo, la jueza Beatriz Biedma pidió explicaciones sobre la memoria de actividades de tres años distintos que Sánchez entregó firmadas con un bolígrafo con el mismo tono de azul.

También se investiga si Begoña Gómez recibió trato de favor por parte de instituciones y empresas por ser la mujer del presidente del Gobierno. La asesora de Gómez, que al parecer la ayudó desde Moncloa en el desempeño de sus negocios privados, declaró que en ningún momento se había servido de su condición de mujer del presidente para obtener favores. Con todo, la nebulosa de contratos e influencias y el trato recibido por parte de la Complutense y de algunas empresas patrocinadoras son difíciles de explicar sin tener en cuenta que la señora Gómez estaba casada con Pedro Sánchez. Al margen de lo que determinen los tribunales sobre la legalidad de estas actuaciones, es evidente que quedan muy lejos de la ejemplaridad que se espera del entorno de los gestores públicos. Las aproximaciones más básicas al asunto demuestran que una persona relacionada familiar o sentimentalmente con un miembro del Gobierno debe someterse a los estándares éticos más exigentes y esto incluye su acceso a puestos de trabajo y al esfuerzo con que lo desempeñan, más que nunca tratándose de empleos públicos.

Durante esta legislatura, el Gobierno ha utilizado la reforma de los tipos penales, las figuras del indulto y la amnistía, además de los presupuestos generales del Estado, las instituciones y los recursos públicos en general, para mantenerse en el poder. Estas maniobras indican cómo la corrupción puede desplegarse en múltiples y sofisticadas formas, pero el nepotismo y el favoritismo nos recuerdan que no podemos descuidarnos ante las expresiones más elementales de la corrupción.