La Abogacía rescata a Bildu

Editorial ABC

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01/03/2025 a las 04:10h.

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El cambio de criterio de la Abogacía del Estado a favor de que Bildu cobre la correspondiente subvención pública pese a llevar terroristas en las listas de las últimas municipales podría considerarse el último favor del Gobierno a sus socios aberzales, una vez más a costa de la dignidad de las víctimas y de la noción más elemental de la memoria democrática. En mayo de 2023, ABC destapó que 44 de los candidatos de la formación que coordina Arnaldo Otegi habían sido condenados por terrorismo y que siete de ellos cargaban con delitos de sangre. La reacción de los colectivos de víctimas, de otros partidos y de la opinión pública logró que algunos renunciaran –entre ellos los condenados por asesinato–, pero veintinueve terroristas concurrieron finalmente a las elecciones, en las que Bildu obtuvo notables resultados en los ayuntamientos vascos. En su artículo 127.4, la Ley Electoral General advierte que no se podrán conceder subvenciones a partidos en cuyas listas concurran terroristas no arrepentidos, entre otros supuestos. En un informe de este mismo jueves, el Tribunal de Cuentas emplaza a Interior a hacer efectiva la vigilancia sobre este punto y a confirmar si Bildu está en condiciones de recibir el dinero público. La Abogacía del Estado emitió un primer informe según el cual no debían pagarse las subvenciones cuyo adelanto Bildu cobró con normalidad (280.000 euros de unos gastos totales de 1.200.000). Más tarde, y sin mediar un cambio que lo justificara, se produjo un giro a favor de los aberzales y se emitió otro informe en sentido contrario. Este último, avalado por la abogada jefa del Ministerio del Interior, legitimaba el pago en base a que, siendo un partido que concurría a elecciones públicas, le correspondía el cobro de las subvenciones. Este argumento no entra en el fondo de la cuestión y hace sospechar que el giro a favor de las posiciones del partido de Otegi tiene que ver con la necesidad del Gobierno de contentar a un socio tan abyecto como fundamental en su aritmética parlamentaria. Durante la última legislatura se han estirado hasta el límite las costuras del Estado de derecho con injerencias de todo tipo, pero cabe recordar que la función de este cuerpo de abogados es la de proteger los intereses del Estado y en ningún caso adaptar sus criterios y decisiones para favorecer los intereses del Gobierno.

El Ejecutivo, supuestamente comprometido con la memoria histórica, se muestra tan tibio con su socio que no cabe más explicación a esta connivencia que su necesidad de mantenerse en el poder. Con este objetivo tolera la justificación del terror de ETA, su contextualización y, al fin y al cabo, su blanqueamiento en un relato histórico tan desdibujado y comprensivo con los asesinos que parece escrito por ellos mismos. Más allá de la vertiente financiera del cobro o no de las subvenciones electorales, este episodio apunta al uso que el Gobierno hace de las instituciones del Estado a conveniencia de parte, e invita a Interior a fiscalizar si los terroristas que se presentaron a las elecciones estaban efectivamente arrepentidos de sus actos y reniegan de sus métodos. Que decenas de criminales se presenten a las elecciones en España y que esto no suponga un remilgo para los pactos del Ejecutivo de Pedro Sánchez contrasta con el celo con el que reivindica la memoria de la dictadura a cada paso. No hace falta remontarse a ningún antiguo linaje para convenir el vínculo de la izquierda aberzale con el terror. Al margen de cuál sea el dictamen jurídico al respecto, desde el punto de vista político no existe una prueba más clara de que Bildu es el heredero del terrorismo que el hecho de que lleve a miembros de la banda en sus propias listas electorales.