Pedro Sánchez se cuela en una entrega de VPO en Sevilla a las que solo da 200.000 euros

Con Sánchez llegó la vicepresidenta María Jesús Montero, sin competencias directas en el acto, que replicó los pasos del presidente y se marchó a las primeras de cambio. Antes se enfrentaron a la radiografía de la ciudad con la que les obsequió el alcalde José Luis Sanz, que aprovechó la presentación de esta promoción con alquileres a 600 euros para reclamar las deudas del Estado con Sevilla. «Debe saber, presidente, que está en la capital de la vivienda protegida en las que las VPO son una prioridad, solo por detrás de Madrid», arrancó. Le ofreció datos concretos como las 5.600 que contempla el plan 'Sevilla para vivir' y las 900 que ya están ejecutándose, pero a pesar de apelar a la «lealtad institucional» le reclamó «más fondos» o que baje el precio del IVA o recupere las degravaciones fiscales. «Y necesitamos infraestructuras con más agilidad en la SE-40, el Cercanías o la conexión entre el aeropuerto y Santa Justa», enumeró. No se dejó nada atrás aprovechando que lo tenía delante de sus ojos y que, además, sus ministros siguen sin recibirle.

Pero Sánchez quería su foto junto a los felices inquilinos y la tuvo. No hizo referencia a las demandas de Sanz ni a la aportación estatal a esta promoción, esos 200.000 euros frente al 50% que dio el Ayuntamiento de Sevilla, los 9,83 millones de fondos europeos Next Generation o los 4,3 millones del programa de fomento del parque de viviendas en alquiler del Gobierno andaluz. El presidente tiró de hemeroteca para poner en valor la contribución de su Ejecutivo en Andalucía con referencias al bono al alquiler, a la renovación de viviendas o la construcción de promociones y se comprometió a «evitar una nueva burbuja» y a que «el mercado de la vivienda opere con la ley de la justicia social». Datos genéricos y silencio a la petición del alcalde. A él, y al resto de autoridades, sólo les dijo que fueran un poco más como Cataluña. «Los resultados llegan donde aplican nuestra ley», sentenció.

El Ayuntamiento se afanó por evidenciar al detalle que Emvisesa había sido la encargada de construir esta promoción de 218 viviendas en alquiler a precios «asequibles», como rezaba la lona que se había dispuesto en la trasera del escenario, una muestra más del frenesí inmobiliario del gobierno de José Luis Sanz. También aquí la batalla del relato era fundamental. A cada propietario se le entregó una bolsa con la documentación de los pisos (digital e impresa), una libreta, dos bolígrafos, un colgador de llaves y un pen drive. Todo etiquetado con el logo de Emvisesa para que no hubiera dudas. En la batalla de los gestos, Moncloa había omitido la presencia del alcalde de Sevilla en la convocatoria a medios que envió y en la que sólo nombraba al presidente de la Junta (con dos apellidos y no con uno como sí hizo con el resto), además de a Sánchez y a los miembros de su ejecutivo.

Juanma Moreno, por su parte, apeló al consenso para decir que «cuando las administraciones cooperamos, generamos objetivos más rápidos y reales». También presumió de que el Gobierno andaluz ha destinado más de 100 millones para 3.000 VPO en la provincia de Sevilla desde 2019 y que su objetivo pasa ahora por «poner todo el suelo que tenemos a disposición de nuevas viviendas y seguir quitando impuestos a quienes tienen que proceder con él». Con ello, «seremos capaces de crear 20.000 viviendas en los próximos años con soluciones que sean rigurosas».

Tras los discursos y la entrega de las nueve primeras llaves en representación de todos los beneficiarios, Sánchez y Montero se marcharon no sin antes recibir las críticas airadas de algún que otro vecino que lo esperaba en la puerta de la nueva promoción. «Traidor», le gritaron entre otras lindezas. En el interior se quedaron los inquilinos, la ministra de Vivienda y el alcalde de Sevilla. Sanz entregó uno a uno el resto de pisos, ya fuera del foco mediático. «Hoy empezáis una nueva vida», les dijo, aunque en lo político la vida siga igual.