Biden revive la línea dura de Trump en la frontera con la mirada puesta en las elecciones de 2024

Su Gobierno acaba de presentar una propuesta regulatoria por la que se presumirá inelegible para solicitar asilo de forma general a todo aquel que haya cruzado la frontera de manera ilegal. Además, se permitirá la deportación inmediata de quien, habiendo pasado por un país antes de llegar a EE.UU., no haya tratado de conseguir asilo allí -en esencia, todos aquellos que no sean mexicanos- o no haya pedido una cita para revisar su petición de forma anticipada a través de una aplicación de móvil. La norma tiene excepciones -menores, personas que demuestran vulnerabilidad, problemas médicos- pero afectaría a decenas de miles de inmigrantes.

Es una propuesta similar al intento de Trump de impedir la petición de asilo en su presidencia -fue tumbada por los tribunales- y cierra un giro sorprendente y que ha puesto en pie de guerra a activistas y a parte de su partido.

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Porque Biden era el que en marzo de 2020, ya en campaña para las presidenciales y ante el veto a la solicitud de asilo que aprobó Trump, decía: «Somos una nación donde nos guiamos por valores que abrazan a los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, que no da un portazo a los que huyen de la persecución, la violencia y la opresión y que no obliga a la gente que pide asilo a quedarse en otro país para hacerlo».

Fue algo que después Biden echó en cara a Trump en uno de los debates de la recta final de campaña. Y que mantuvo al llegar a la Casa Blanca, a finales de enero de 2021, cuando prometió dar la vuelta a la política migratoria de Trump como a un calcetín.

Tumbó la mayoría de sus restricciones migratorias y prometió una reforma para regular a millones de inmigrantes -pero ni siquiera llegó a un Congreso que nunca la hubiera aprobado- y facilitar el sistema de peticiones de asilo, algo que nunca se llegó a concretar.

Ante las dificultades, Biden no tardó en tomar la postura de la avestruz en política migratoria, con la cabeza en la tierra ante una situación cada vez más caótica en la frontera y con un aumento de arrestos de indocumentados. Encargó a su vicepresidenta, Kamala Harris, que encontrara soluciones para los problemas de raíz de la inmigración, una tarea imposible en la que no ha conseguido más que desgastar a la que un día se consideró su heredera.

Mientras tanto, el presidente mantuvo la normativa de salud pública aprobada por Trump por la pandemia de Covid-19 que permitía la expulsión inmediata de la gran mayoría de los indocumentados arrestados en la frontera. Eso no evitó que en el año fiscal 2022 se batiera el récord histórico de arrestos, con más de 2,3 millones.

La inmigración se volvió un asunto caliente y los republicanos aumentaron la presión sobre Biden, que no había visitado la frontera en casi dos años en la Casa Blanca. Lo hizo el mes pasado, en El Paso (Texas), una ciudad que se convirtió en símbolo del caos migratorio.

Fue entonces cuando Biden acabó de sacar la cabeza de la tierra. Poco después de la visita, anunció una nueva medida: endurecía los métodos de expulsión de solicitantes de asilo que entran en EE.UU. de manera irregular a la vez que permitía una estancia temporal de dos años a 30.000 inmigrantes al mes, siempre que lo solicitaran de manera formal y que fueran ciudadanos de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esa medida ha permitido que el número de arrestos de ciudadanos de esos cuatro países haya caído un 95 por ciento desde comienzos de diciembre hasta ahora. Y ha contribuido a que el número de arrestos en enero fuera el más bajo desde febrero de 2021.

La nueva propuesta, más amplia, tendrá un periodo de discusión pública de 30 días y la Administración Biden busca que esté a pleno funcionamiento para cuando decaiga la provisión de salud pública que venía de la pandemia -el llamado Título 42- a mediados de mayo. Las estimaciones del Departamento de Justicia es que si no se toman acciones para controlar los flujos de inmigrantes, las detenciones podría elevarse a entre 11.000 y 13.000, frente a los más de 8.000 de mediados de diciembre, cuando la situación era caótica.

Biden tendrá que hacer frente a una batalla judicial y política. Organizaciones de derechos humanos como la American Civil Liberties Union (ACLU) ya han advertido que buscarán tumbar la propuesta ante la justicia, como ya hicieron con Trump.

«Una y otra vez, el presidente Biden ha roto sus promesas de campaña de acabar con las restricciones a los solicitantes de asilo que viajan a través de otros países», protestó en un comunicado Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del centro de defensa de inmigrantes Las Américas.

La propuesta también ha motivado quejas de sus aliados en el Congreso. Cuatro senadores demócratas mostraron su «profunda decepción» por un plan que «perpetúa el mito dañino de que los solicitantes de asilo son una amenaza para este país».

El presidente, sin embargo, necesita logros en la frontera. Una encuesta de 'The Washington Post'/ABC News de este mes mostraba que solo el 28% de los estadounidenses aprobaba su política migratoria, por debajo incluso de la gestión económica o de la guerra de Ucrania. Su futuro político depende en parte de ello.