Biden insiste en acabar con la expulsión de indocumentados en pleno caos en la frontera

La situación está ya desbordada en la ciudad texana y podría ser mucho peor en función de qué ocurra con el Título 42: además de las que lo hacen de forma diaria, hay miles de personas esperando al otro lado del Río Grande, en su ciudad gemela mexicana, Ciudad Juárez, a que se elimine esa regulación y cruzar la frontera para pedir asilo.

El Título 42 fue utilizado en marzo de 2020 por el Gobierno de Donald Trump para permitir la expulsión inmediata de los inmigrantes indocumentados, incluso aquellos que cruzan la frontera en busca de asilo.

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La Administración Trump justificó la medida por una emergencia de salud pública, en un momento en el que el Covid-19 corría como la pólvora en EE.UU. y se temía que la entrada masiva de inmigrantes solo agravase la crisis hospitalaria y humanitaria desatada por el virus.

La medida permitió la expulsión de cerca de medio millón de inmigrantes en los diez meses que le quedaban a Trump en el cargo. Las organizaciones y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes han presionado a Joe Biden para que levantara la provisión desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021: «Los estados están utilizando una medida de salud pública de forma transparente y peligrosa para la gestión fronteriza», ha criticado la organización de derechos civiles ACLU. El presidente demócrata mantuvo la provisión en pie, con la justificación de las oleadas de covid que ha sufrido EE.UU. desde entonces -en especial, la protagonizada por la variante ómicron el invierno pasado-, y su Administración ha ejecutado más de dos millones de expulsiones.

Antes de la entrada en vigor de esta medida, lo habitual es que a los solicitantes de asilo se les permitiera quedarse en territorio de EE.UU. mientras los tribunales de inmigración decidían sobre su caso. Esos procesos se pueden alargar durante meses y los inmigrantes deciden muchas veces quedarse en el país y no acudir a la cita judicial.

El uso del Título 42, sin embargo, no ha frenado la entrada masiva de inmigrantes indocumentados. En el último año fiscal en EE.UU., que se cerró el 30 de septiembre, las fuerzas de seguridad en la frontera arrestaron por primera vez en sus historia más de dos millones de inmigrantes indocumentados: 2,4 millones de detenciones.

Con el levantamiento de medidas de emergencia y de salud pública relacionadas con la pandemia de Covid-19 -uso de mascarillas, exigencia de vacunas, confinamientos, etc.-, la supervivencia de la medida basada en el Título 42 estaba comprometida.

Biden decidió no prorrogarla más allá de su caducidad, que se cumple este miércoles, y el asunto se ha convertido en una bomba política. Los estados de frontera con gobernadores republicanos -Texas y Arizona-, además de otros que no son fronterizos pero que consideran que la situación les afecta también, han acudido a los tribunales para evitar el levantamiento de la provisión de salud pública.

El viernes pasado, un tribunal federal de apelaciones dio la razón a la Administración Biden y a los activistas migratorios en su defensa del fin del Título 42 y negó la petición de estos gobernadores, que han tratado de gestionar la crisis por su cuenta. Greg Abbott, el de Texas, ha enviado 400 miembros de la Guardia Nacional estatal a El Paso, en previsión de un aluvión de inmigrantes. Doug Ducey, de Arizona, ha tratado de contener el flujo con un reforzamiento de la frontera con un muro de contenedores de tren.

El lunes el asunto fue tratado de urgencia por el Tribunal Supremo. El presidente de la corte, John Roberts, decidió este lunes dejar en pie la medida de forma cautelar, después de que las autoridades estatales republicanas recurrieran la decisión del tribunal inferior.

Roberts dio de plazo hasta las cinco de la tarde de este martes (once de la noche en España) para el Departamento de Seguridad Nacional y los activistas migratorios dieran respuesta a la petición republicana.

A la espera de la decisión del Supremo, cuyo pleno deberá establecer sin mantiene la vigencia de la medida o si acepta su expiración, la situación en la frontera se complica día a día. En El Paso, por ejemplo, la semana pasada la cruzaban de forma irregular más de dos mil personas al día.

La presión migratoria ha desbordado a la ciudad y a las autoridades. Los inmigrantes, muchos de ellos llegados desde Venezuela, buscan refugio en las iglesias y con organizaciones caritativas. La policía de fronteras no expulsa a todos los que cruzan la frontera -en especial, familias- y hay miles de personas acampadas en la ciudad o buscando la manera de seguir adelante en su viaje hacia su destino final en EE.UU. Algunos esperan a que sus familiares o amigos les envíen dinero para comprar un billete de autobús. También hay cientos de personas durmiendo en el aeropuerto de El Paso, en una zona cercana a la recogida de maletas. Las autoridades les han permitido quedarse allí a los que tienen billete mientras salen sus aviones.

La situación es peor al otro lado de la frontera. En las últimas semanas, se han engrosado los campamentos de inmigrantes en la orilla del Río Grande, a la espera del levantamiento de la medida previsto para hoy. Pero son más los que esperan en acampadas y refugios en Ciudad Juárez.

«Está ocurriendo un huracán de inmigrantes», alertó Tony Gonzales, diputado republicano del distrito de frontera pegado a El Paso. La previsión de las autoridades es que, con el levantamiento del Título 42, las entradas de inmigrantes indocumentados se disparen hasta entre 4.000 y 6.000 en El Paso, uno de los puntos más transitados. En toda la frontera, se espera que las entradas aumenten hasta 18.000 al día, el doble de lo habitual.

Gonzales visitó un centro de procesamiento de inmigrantes en El Paso «Había más de 500 inmigrantes en una sala que tiene capacidad para cien. Solo hay un baño. El olor es horrible. Hay ocho salas así», aseguró, además de compartir imágenes del lugar, con cientos de personas apiñadas entre mantas. Otro factor complicará todavía más la situación: el frente polar que afectará a buena parte de EE.UU. a partir de mañana también impactará en el sur de Texas y se esperan temperaturas nocturnas muy por debajo de los cero grados.

En previsión de lo que puede ocurrir, el alcalde de El Paso, el demócrata Oscar Leeser, firmó una declaración de desastre este fin de semana, con el objeto de acceder a ayudas y cooperación para tratar la emergencia a la que se aboca su ciudad.

La Casa Blanca ha asegurado que tiene la capacidad de gestionar la llegada de solicitantes de asilo de una forma «segura y humana», pero ha pedido miles de millones de dólares al Congreso para conseguirlo.

Abbott, sin embargo, cree que su estado sufrirá un «caos total» si se levanta el Título 42 y que la entrada «de gente de todo el mundo sin saber su situación médica» supone por sí misma una razón para mantener la medida en pie.