Este es el programa electoral de EH Bildu y Pello Otxandiano para las elecciones en el País Vasco

Aumentar la plantilla de Atención Primaria en al menos un 10%. Consolidar la estructura y función de la plantilla en una sola, utilizando criterios de eficiencia.

Establecer ratios en la primera atención mediante regulación. Se formarán equipos de disciplina múltiple como referencia para fijar los ratios profesionales, manteniendo la proporcionalidad entre diferentes colectivos, teniendo en cuenta las características de la población y el impacto de las diferencias en salud en los cargos y en el campo de la salud.

La primera atención tendrá capacidad de decisión y autonomía para actuar dentro de la ESI. Contará con un presupuesto, un cronograma de inversión y una plantilla propia.

Se garantizará la longitud de nuestro desafío, estableciendo una relación estable y sostenible entre un equipo y sus pacientes para reducir la mortalidad. Para ello, además de cambiar la política de contratación, se promoverá la creación de equipos que incluyan diferentes categorías funcionales.

Se tomarán medidas para que los centros de salud de la primera atención sean más sociales.

Promover la salud, la prevención y la atención a través de iniciativas comunitarias.

Contratar nuevos perfiles profesionales para trabajar en los equipos de la primera atención, como fisioterapeutas, psicólogos, podólogos, farmacéuticos, trabajo social, geriatría, educación física y ciencias del deporte.

Para promover la salud mental de los ciudadanos y permitirles acceder a recursos y habilidades para su bienestar emocional, se implementarán iniciativas comunitarias desde la Primera Atención. Estas iniciativas comunitarias serán implementadas por profesionales de la salud mental y trabajadores sociales.

Dentro de la red de Salud Mental, en tres países, se aumentarán las contrataciones de profesionales en psicología, psiquiatría y enfermería para que los ciudadanos reciban una atención adecuada y constante.

Se fomentará la lucha contra el estigma asociado a las enfermedades mentales.

Limitar los precios excesivos de alquiler de viviendas en el mercado privado. Nombrar áreas de tensión con el objetivo de tomar medidas específicas en sus territorios para equilibrar la oferta y la demanda de viviendas. Desarrollar un sistema propio de índices de precios de referencia para limitar los aumentos de alquiler en áreas tensionadas a partir de 2025. Desarrollar mecanismos propios para controlar los precios de alquiler.

Ampliar significativamente el parque público de alquiler. A través de la compra de viviendas construidas -intervención inmediata-. Aprovechando los terrenos urbanizados para evitar la ocupación de nuevos terrenos. Adquiriendo, demoliendo o reconstruyendo edificios en mal estado.

Tomar medidas para controlar los grandes fondos especulativos y educativos relacionados con la vivienda y reducir su impacto. Establecer medidas fiscales en dirección a garantizar una oferta de alquiler a precios razonables y limitar los precios excesivos de alquiler.

Desarrollar medidas y programas para promover el alquiler sostenible. Limitar los alquileres temporales, especialmente en ciudades y barrios afectados por problemas significativos. Controlar, regular y limitar el fenómeno del alquiler de habitaciones.

Dirigir al menos la mitad de la promoción de vivienda pública hacia el alquiler. Comprar 500 viviendas públicas al año, aplicando el derecho de adquisición preferente, con un precio máximo regulado, y alquilar las viviendas adquiridas a través de Alokabide en el mercado de alquiler social. Garantizar desde la planificación urbana que al menos la mitad de las viviendas públicas estén calificadas para la protección del alquiler.

Acuerdo en Favor de las Relaciones Laborales y la Protección Social del Espacio Vasco, con la participación de partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales, cooperativas y, en general, agentes de la economía social. Este acuerdo establecerá una agenda política para exigir competencias y herramientas nuevas, tomando decisiones aquí que respondan a los desafíos futuros, considerando nuestra realidad socioeconómica específica.

Defender, garantizar y ampliar el ámbito de aplicación de la negociación colectiva. Defensa y garantía del ámbito de la negociación colectiva sin intervención externa y evitando la aplicación de acuerdos estatales. Ampliar el ámbito de actuación del espacio vasco de la negociación colectiva mediante la inclusión de varios temas que actualmente están fuera de él.

Medidas contra la precarización estructural del empleo, salario mínimo de 1.400 euros. Según la Carta Social Europea, el salario mínimo debe representar al menos el 60% del salario medio nacional. Para ello, proponemos las siguientes medidas: Impulsar y promover la firma del Acuerdo Interinstitucional Vasco entre sindicatos y empresas, para establecer un salario mínimo interprofesional teniendo en cuenta nuestra realidad socioeconómica. Salario mínimo de 1.400 euros en contrataciones promovidas con fondos públicos. Exigir competencias para regular el salario mínimo en Euskadi.

Semana laboral de 32 horas sin reducción salarial, promoviendo una distribución justa del empleo y de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres. Implementar y generalizar esta medida en el ámbito público y privado, promoviendo acuerdos en la negociación colectiva, estableciendo contratos públicos y pilotos sectoriales con apoyo financiero.

Reforzar y transferir por completo la Inspección de Trabajo para que pueda convocar procesos de selección de recursos humanos necesarios para llevar a cabo su labor en Euskadi. Aumentar las ratios en la plantilla de Inspección de Trabajo para alcanzar el promedio europeo.

Fortalecer el Servicio Público Vasco de Empleo como un organismo autónomo de naturaleza pública y frustrar los intentos de privatización. Fortalecimiento de su carácter público y rechazo de intentos de privatización. Preparación y dimensionamiento adecuado de la plantilla, con ratios similares a las de los países europeos desarrollados. Exclusión de la subcontratación por parte de agencias privadas de empleo con fines de lucro que persigan objetivos de lucro. Inclusión de las cooperativas en el Consejo de Administración del Servicio de Empleo y fomento de su voz propia. Asegurar que la formación para el empleo se imparta en el idioma oficial elegido por la persona.

Transferencia de las políticas pasivas de empleo para que Lanbide administre los subsidios y prestaciones por desempleo.

Estrategia integral contra la brecha salarial, situando los trabajos de cuidado en el centro de las propuestas. Realizar una auditoría de salarios para comparar los convenios colectivos de sectores masculinizados y feminizados. Los resultados de esta auditoría se integrarán en la estrategia para superar la brecha salarial. Revisión crítica del sistema de prestaciones por conciliación vigente, para una distribución equitativa de los trabajos de cuidado entre mujeres, hombres y el sistema público. Promoción de la conversión de contratos parciales en contratos a tiempo completo. Estrategia planificada para la inserción de las mujeres en la industria. Inclusión de cláusulas sociales en la subcontratación pública de servicios de sectores feminizados para garantizar las condiciones laborales homologables con las actividades de valor añadido gestionadas directamente por las administraciones públicas.

Fomentar el empleo ordinario para personas con discapacidad. Cambiar las políticas de empleo actuales, ya que la mayoría de ellas promueven un empleo protegido (el 95% de los recursos públicos), y además, en su mayoría, estas políticas no están siendo efectivas para transitar hacia un empleo ordinario e inclusivo.

Programa masivo de ayudas para fomentar la contratación juvenil en sectores nuevos y estratégicos.

Plan de lucha contra el paro de larga duración.

Planificación específica para abordar las regiones con tasas de desempleo más altas y promover planes de empleo a nivel regional y municipal.

Enfrentar la precarización estructural facilitada por la digitalización. Plan de intervención y seguimiento de la Inspección de Trabajo para tomar medidas sobre la explotación y abusos en las condiciones laborales de las plataformas digitales, siempre a favor de un modelo justo de relaciones laborales.

Planificación del desarrollo de habilidades para la economía digital. Las habilidades digitales deben adquirirse desde la formación básica y tener un enfoque transversal en todos los niveles educativos y la formación para el empleo, a lo largo de toda la vida laboral.

Compromiso con la dignificación del empleo doméstico. Convertir Lanbide en un referente público para la contratación de empleados domésticos y en la gestión de su empleo. Establecer mecanismos de control en Lanbide para garantizar el respeto de los derechos de los empleados domésticos. Reconocimiento en los servicios públicos de salud de la naturaleza profesional de las enfermedades y lesiones derivadas del trabajo. Promover el derecho a la negociación colectiva en el sector, para aprobar un convenio colectivo que regule las condiciones laborales de manera consensuada.

Ley de Economía Social. Definirá y fortalecerá una visión renovada y potente de la economía social, respondiendo a las necesidades actuales y promoviendo una economía al servicio de las personas, centrada en la vida.