Montero colocó a la mujer de Bernat Soria y le pagó un sobresueldo como directora de una Biblioteca Virtual en Andalucía

Hasta 33 trabajadores de este organismo dedicado a la investigación biomédica —dependiente de su departamento— se libraron del 'hachazo' salarial aplicado al resto de empleados públicos de la Junta de Andalucía en el mayor ajuste ante la crisis aprobado por el Consejo de Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE) el 24 de julio de 2012. Según el informe de actuación que emitió el interventor el 2 de febrero de 2016, haber 'perdonado' los recortes a dicho personal constituía una infracción de varios preceptos legales. La irregularidad salpicaba directamente a la propia Montero, quien en su condición de consejera de Salud había sido la presidenta del patronato de la fundación que decidió mantener las retribuciones de sus altos ejecutivos, haciendo caso omiso a un mandato del Ejecutivo regional.

Verónica Juan-Quilis, la esposa del exministro de Salud Bernat Soria, fue una de los siete directivos mencionados por el interventor que recibieron pagos indebidos por parte de la fundación autonómica en la etapa de Montero. Estaba en nómina del citado organismo desde septiembre de 2005 como directora de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía, mientras su marido dirigía un departamento de Células Troncales del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) de la Fundación Progreso y Salud. Como fichaje galáctico de María Jesús Montero, actual secretaria general del PSOE andaluz, no había sueldo en la Administración autonómica que igualase al de Bernat Soria: 170.438,51 euros brutos anuales en 2010 incluyendo las nóminas, dos pagas extra y los incentivos.

Sin llegar a ser tan altas, las retribuciones de la mujer del exministro de Sanidad con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) tampoco se quedaban atrás. En pleno azote de la crisis, «Verónica Juan-Quilis percibió durante el ejercicio 2012 un total de 70.149,22 euros brutos anuales, importe superior al fijado para la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía (63.808,24 euros)», advirtió el interventor de la Junta. El informe fue remitido a su superior jerárquica, María Jesús Montero, que fue consejera de Hacienda desde septiembre de 2013 hasta junio de 2018, cuando Pedro Sánchez la llamó para nombrarla ministra.

Las alertas de interventor sobre un posible quebranto a las arcas públicas funcionaron como un código rojo que dio pie a una investigación interna. La entonces consejera de Hacienda dio por zanjadas estas diligencias previas seis meses después de su apertura, el 22 de julio de 2016, sin tramitar ningún expediente contra los presuntos responsables contables. Sin embargo, la funcionaria que instruyó las pesquisas puso de manifiesto que el incumplimiento del mandato del Gobierno andaluz constituía una «negligencia grave», según recoge una resolución publicada por ABC.

Para hacer frente a la crisis, la Junta estableció que ningún directivo autonómico podría cobrar más que un director general del Gobierno (55.277,23 euros al año) y, bajo ningún concepto, ganar más que el presidente andaluz (63.808,24 euros). Además, sus retribuciones debían reducirse en un 10% para mantener a raya el déficit público. Nada de eso se hizo en el caso de siete ejecutivos de la FPS cuando Montero estaba el mando de la misma y tampoco se pudo recuperar todo lo abonado de manera indebida porque había prescrito el plazo de un año para reclamar el dinero, según especificaba el informe que el interventor de la Junta envió a Montero.

Cuando estaban a punto de finalizar las diligencias previas, la mujer del exministro remitió un escrito a su jefa, Ana Madera Molano, gerente de la fundación, en la que reconocía que «la cantidad indicada» en el expediente instruido por la Consejería de Salud «como indebidamente cobrada es un importe significativo, de 6.340,98 euros».

En dicha carta incluida en el expediente, fechada el 1 de julio de 2016, Verónica Juan-Quilis aseguraba que ella había sido «ajena a cualquier decisión referente» a su remuneración y proponía devolver el dinero a plazos detrayéndolo de sus nóminas entre los años 2016 y 2017. Previamente, el interventor había señalado que el sueldo de esta directiva incumplía el artículo 17 de la ley del Presupuesto de la Junta de 2012 e instaba a la Junta a iniciar el correspondiente expediente de reintegro. Aparte de la esposa del exministro, mencionaba los sueldos de otros seis directivos que superaban el tope salarial impuesto por el Gobierno andaluz, empezando por el que fuera gerente de la entidad, Juan Jesús Bandera.

Verónica Juan-Quilis fue contratada para dirigir la Biblioteca Virtual del Sistema Público de Andalucía, un servicio creado por la fundación en el año 2006 para «dar un servicio unificado e integral a los profesionales sanitarios y usuarios de servicios públicos con objeto de obtener los mejores resultados en la práctica clínica, docencia e investigación», según detalla su portal oficial. Casualmente entró a trabajar en este puesto en septiembre de 2005, según recogió en su perfil en la red LinkedIn, tan sólo un mes después de que su marido firmara el primero de los dos contratos con la misma entidad.

El matrimonio se incorporó a la fundación presidida por Montero sin someterse a ningún proceso selectivo. La Cámara de Cuentas de Andalucía, que fiscalizó la gestión de la Fundación Progreso y Salud durante el ejercicio de 2010, advirtió de que no hay ninguna constancia de que los contratos de Bernat Soria y su esposa se realizaran mediante una convocatoria pública y garantizando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, «de acuerdo con los principios establecidos» en la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Cuando se publicó el citado informe fiscalizador en 2014, el entonces gerente de la fundación defendió que la esposa de Soria había sido absorbida junto al resto del personal de la Escuela Andaluza de Salud Pública cuando ésta fue liquidada. Juan Jesús Bandera justificó el fichaje por su currículum: «Es una de las personas con más renombre en la documentación clínica en España y fue directora de la biblioteca de Universidad de Alicante».

El científico valenciano Bernat Soria fue el trabajador mejor pagado en la Junta hasta mayo de 2019, cuando el primer Gobierno de Juanma Moreno lo despidió tras descubrir que estuvo compaginando sus negocios privados con el contrato de alta dirección y la cláusula de exclusividad que tenía en la entidad autonómica, cuya financiación dependía en más de un 50% de las ayudas públicas. El exministro recurrió su cese alegando que había sido víctima de «una campaña de acoso» por parte del Ejecutivo del PP, pero el juzgado estimó que su despido fue procedente por incumplir el contrato.