Génova frena la purga interna por la ley para excarcelar etarras: «No vamos a señalar a nadie»

Todos los implicados en el proceso han pasado ya por el diván de Miguel Tellado y el Grupo Popular en el Congreso ha dado por buenas sus explicaciones. Se entiende que el proceso ha funcionado y que solo se ha tratado de un «problema de interpretación». Versión oficial que no esconde el malestar interno que todo este asunto está generando. De hecho, hay sectores de la formación que este miércoles insistían con la purga interna –«hasta que no se acepte una dimisión o se asuma algún tipo de responsabilidad, este asunto nos va a seguir salpicando», confesaba un parlamentario popular a ABC–, aunque en Génova prefieren no hacer sangre con un asunto doloroso, que ha removido los cimientos de la formación en las últimas horas.

Esta división interna, entre los que no terminan de entender lo que ha pasado y los que prefieren pasar página, rompe con la armonía en la que se había instalado el partido en las últimas semanas, en las que la agenda social había protagonizado la actualidad de la formación. A ella quieren volver cuanto antes en Génova, donde no se echará tierra sobre el asunto espinoso de estos días, pero tampoco se alentará. «No vamos a hiperbolizar la situación. El primer error que cometimos fue no detectar el asunto y ahora no vamos a cometer un segundo», señalan fuentes del PP, quienes insisten en que el partido va a continuar con su agenda y que seguirán pidiendo al Gobierno que retire la reforma, pero sin hacer de ello un 'casus belli'.

Un buen ejemplo de la manera en la que el PP quiere convivir con este asunto hasta la votación del próximo lunes en el Senado será la reunión que este jueves tendrá el popular Jorge Azcón, presidente de Aragón, con Pedro Sánchez en La Moncloa, encuadrada dentro de la ronda de contactos del presidente con los responsables autonómicos. En la misma, además de los temas que ya han referido sus compañeros –financiación, agua, vivienda o infraestructuras– y otros que afectan especialmente a Aragón –como las infraestructuras energéticas–, Azcón se dirigirá a Sánchez para pedirle que retire esa ley antes del lunes, según pudo confirmar ABC.

En ese discurso crítico que subyacía este miércoles en una parte del Partido Popular seguían pesando, y mucho, las palabras de Maite Araluce horas antes. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) aceptaba las disculpas de los populares por su voto a favor de la iniciativa, pero pedía «asumir responsabilidades». «Respetamos mucho a las víctimas, pero lo que deben hacer es poner esa presión en pedir responsabilidad al Gobierno, que es el que puso en marcha esta reforma y el que tiene en su mano pararla. Nosotros hemos cometido un fallo y hemos pedido perdón por ello, pero nuestros votos no hubieran servido para paralizar la norma», insistían fuentes del PP.

Fue el propio Feijóo el que encarnó este miércoles esa presión directa hacia el presidente del Gobierno con su intervención en el Congreso durante la comparecencia de Pedro Sánchez para hablar de inmigración. Tan insistente fue el líder del PP con este asunto –«si le queda un mínimo de conciencia, recapacite»– que hasta Francina Armengol tuvo que interrumpirle para pedir que se ciñera a la cuestión del debate. «Yo tengo derecho a hablar de la dignidad de los españoles asesinados por ETA. Tengo derecho y lo voy a hacer», respondió un Feijóo, más vehemente que de costumbre, al que le siguieron los demás diputados del PP durante la sesión de control, centrada casi de manera unánime en retratar al Gobierno sobre esta cuestión que están seguros de que le acabará pasando factura al Ejecutivo.