Llarena amplía el foco a Interior por el «fracaso» al detener a Puigdemont
El instructor del Supremo pide explicaciones sobre las «órdenes cursadas» para actuar en la frontera
Bolaños centra la responsabilidad en los Mossos: «Todo el operativo corría a cargo de ellos, la policía competente»
Jesús Zarzalejos Nieto | El Estado ausente
Puigdemont deja estupefacción en el Supremo y problemas legales a sus cómplices de huida
Pablo Llarena, el magistrado que instruye en el Tribunal Supremo la causa por el ‘procés’ y que después de siete años reclamando a Carles Puigdemont para juzgarle, vio el jueves cómo se escurría en Barcelona a la vista de tres mil personas, quiere una explicación ... y la quiere de todos los responsables de ejecutar la orden de detención que está vigente en su contra para todo el territorio nacional. No son sólo los Mossos d’Esquadra, que asumieron el operativo en la Ciudad Condal durante el ‘evento’ que había montado el expresidente catalán para su reaparición. La orden concernía a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y así, al Ministerio del Interior.
En dos providencias dictadas , el instructor se dirige de hecho por separado a la policía autonómica y al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, quien no ha ofrecido ningún tipo de explicación pública acerca de lo sucedido. A Interior, le requiere informe «sobre cuál era el operativo inicialmente aprobado y dispuesto para su detección en frontera y posterior detención» y las razones de «su fracaso desde un aspecto técnico policial».
Reclama al ministerio además explicaciones sobre «las órdenes que fueron cursadas para su detección en frontera y eventual detención después de su fuga», junto a la identificación de «los agentes responsables del diseño del operativo, de los responsables de su aprobación, y de aquellos a los que se ha encomendado su ejecución o despliegue operativo».
Da por hecho así el juez que se dictaron este tipo de indicaciones para intentar interceptar a Puigdemont, que llevaba varios días anunciando su regreso a España para la investidura del ya presidente de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, -«tengo que estar y quiero estar», decía-. A falta de declaración oficial del Ministerio del Interior, no consta que se hubiera desplegado operativo especial alguno durante los últimos días en las fronteras para interceptarle.
Tendrán que detallarlo por escrito para Llarena, como dicen sendas providencias, para explicar que «el procesado en rebeldía, Carles Puigdemont i Casamajó, estuvo presente en el día de la investidura de Salvador Illa en la ciudad de Barcelona y que protagonizó un acto público en las inmediaciones del Parlament de Cataluña, habiendo logrado evadirse a su terminación y eludir la orden de detención emitida contra él».
En cuanto a los Mossos, la petición lo es relativa a su ámbito competencial, que no abarca la frontera con Francia. Les reclama informes sobre «cuál era el operativo aprobado y dispuesto para su detención» y «los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial», petición a la que han de contestar con independencia de que su comisario jefe, Eduard Sallent, ofreciese una rueda de prensa sobre las ‘vicisitudes’ que no ayudó sin embargo a aplacar las críticas al cuerpo autonómico, en el que el Gobierno deposita todo el peso de lo ocurrido con Puigdemont. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el único miembro del Ejecutivo que se ha referido a este asunto, declaró a los medios que «todo el operativo policial que debía garantizar que el pleno de investidura en el Parlament se pudiera desarrollar con normalidad y, también, todo el operativo que debía garantizar que se cumpliera el mandamiento del Tribunal Supremo y aplicar la orden de detención sobre sobre el señor Puigdemont corría a cargo de los Mossos» porque, añadió, «son la policía competente».
Ante las reiteradas preguntas de los periodistas, que le abordaron en París, donde asistía a competiciones de los Juegos Olímpicos, expresó «todo el respeto a las investigaciones que están llevando a cabo los Mossos d'Esquadra, al igual que todas las investigaciones que den lugar también a procedimientos judiciales», sin aportar ningún detalle más. «Desde el Gobierno de España lo que hacemos y garantizamos es que España es un Estado de Derecho donde la ley se cumple y donde se han de cumplir los mandatos», añadió el también titular de Justicia.
El TSJ pide informes
Según explicaron a ABC en fuentes jurídicas, que los Mossos se desplegasen para garantizar la seguridad del Parlament y la detención de Puigdemont obedece a un criterio territorial y a una decisión que es política, porque el Tribunal Supremo ni organizó el dispositvo ni comisionó a ningún cuerpo policial, ya que todos estaban concernidos para dar cumplimiento a la orden del magistrado Pablo Llarena. De hecho, con esa orden vigente cualquier agente, local, autonómico o nacional, está interpelado a acometer la detención en caso de detectar a Carles Puigdemont, como recordaban el miércoles en el propio Supremo.
En todo caso, no es la única instancia judicial que ha pedido explicaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha librado dos requerimientos de información a los Mossos d’Esquadra para conocer el pormenor del dispositivo desplegado en el corazón de Barcelona, a fin de poder analizar la admisión de sendas querellas presentadas tanto contra la cúpula de la policía catalana como contra el ya expresidente de Cataluña Pere Aragonés por lo sucedido. Se trata de las registradas por la plataforma HazteOir y el partido Vox, quienes piden depurar responsabilidades ante lo que perciben como conductas constitutivas de delitos de prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos, entre otros.
Mientras, la investigación de las presuntas complicidades de Puigdemont en su huida sigue en marcha, con dos mossos detenidos que han quedado en libertad y la perspectiva de avances en las identificaciones.
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