El juicio por malversación al jefe de la oficina de Puigdemont se celebrará en septiembre
La Fiscalía pide tres años de cárcel para Josep Lluís Alay por pagar con fondos públicos un viaje como observador del referéndum de Nueva Caledonia, pese a ser «ajeno a sus funciones»
Alay, jefe de la Oficina de Puigdemont e investigado en la causa de Tsunami, operado de urgencia por una hemorragia cerebral
La defensa de Alay urge al juez a abandonar la investigación «prospectiva» sobre la trama rusa del 'procés'
El juicio por malversación y prevaricación a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se celebrará el 26 y 27 de septiembre en la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía pide para él tres años de prisión al entender que empleó fondos públicos para pagar un viaje como observador del referéndum de Nueva Caledonia, pese a ser «ajeno a sus funciones». También peajes para visitar a los presos del 'procés'.
Cabe recordar que, en la proposición de ley de amnistía -en su artículo 1, apartado a- se incluye el olvido penal para «aquellas actuaciones desarrolladas, a título personal o institucional, con el fin de divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares o lograr que otras entidades públicas o privadas prestaran su apoyo a la consecución de la independencia de Cataluña», es decir, que, de salir adelante, incluiría la causa contra Alay.
El motivo del señalamiento de juicio en septiembre, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), se debe a que la fecha inicial, este mes, coincidía «con otro contra la libertad sexual suspendido en dos ocasiones». Es decir, no guarda relación con la hemorragia cerebral que sufrió hace unos días, y por la que tuvo que ser operado de urgencia.
En todo caso, según ha detallado este miércoles su abogado, Gonzalo Boye, en una entrevista Rac1, si no se hubiese reprogramado, lo hubiese solicitado por su estado de salud. Alay también es uno de los investigados por la Audiencia Nacional en el caso Tsunami, y por el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, en la denominada trama rusa del 'procés'.
En esta última causa, su defensa urgió a abandonar la investigación «prospectiva», después de que el magistrado Joaquín Aguirre decidiese prorrogar la instrucción que, apuntó el letrado, dura ya «más de siete años sin ningún resultado asimilable a un acto delictivo». Además, Boye reclamó la recusación del juez, después de que este concediese una entrevista en una televisión alemana para denunciar la influencia de Rusia en el proceso independentista catalán.
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