La Expo de 2008 les sigue costando a los aragoneses 9 millones de euros al año

Hasta el año 2015, esta sociedad pública perteneciente al Gobierno aragonés lleva consumidos más de 700 millones de euros de fondos públicos. Ahora, su cuenta de resultados se mantiene en verde a base de la multimillonaria factura de alquileres que abona el Gobierno aragonés, convertido, al mismo tiempo, en casero e inquilino de estos espacios.

Los edificios de la Expo de 2008 pertenecen al Ejecutivo autónomo, que los gestiona a través de su empresa pública Expo Zaragoza Empresarial. Es la encargada de administrar esos inmuebles que se reconvirtieron en oficinas para sacarles partido. Pero la mayor parte de ellas se las ha tenido que alquilar a sí mismo el Ejecutivo regional . Así que en vez de beneficio mercantil, lo que hay es un coste neto que, además, es multimillonario año tras año.

Baste el ejemplo las cuentas del último ejercicio cerrado, el de 2020: esta empresa pública declaró un beneficio de 4,91 millones de euros, pero gracias a que el Gobierno aragonés –arrendador y arrendatario al mismo tiempo– pagó a Expo Zaragoza Empresarial un total de 13,98 millones de euros en concepto de alquileres y prestaciones de servicios. Sin tal cantidad de fondos públicos, esa sociedad del Ejecutivo autónomo se habría anotado unas pérdidas de 9 millones de euros. Así que ese es el coste real que tiene para el bolsillo colectivo de los aragoneses. Las pérdidas se encubren a base de los alquileres que se paga a sí mismo el Ejecutivo autónomo.

Cuando se promovió la Expo de 2008, las autoridades dijeron que la inversión se iba a recuperar con la posterior comercialización de esos inmuebles. Se tenía previsto vender o alquilar los edificios a la iniciativa privada. Pero esas previsiones fallaron estrepitosamente . Y, a falta de clientes, tuvo que ser la propia Administración Pública la que ocupó aquellos espacios que se levantaron en pleno 'boom' de la burbuja inmobiliaria y del gasto público en España, bajo el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y con el PSOE instalado tanto en el Ejecutivo aragonés como en el Ayuntamiento de Zaragoza. Eso sí, el proyecto de la Expo ya venía de antes y fue compartido con un amplio consenso político.

Al coste inicial de construcción se añadió la enorme inversión que se tuvo que destinar para reconvertir los pabellones de la Expo en edificios de oficinas. Hasta el año 2015, las pérdidas acumuladas por esta sociedad pública superaban los 600 millones de euros. La situación era tan crítica que el Gobierno aragonés tuvo que acudir al rescate prestándole 108 millones de euros que, si todo va bien, terminará de devolver en el año 2027. Esa fue otra de las recurrentes maniobras financieras para mantener a flote el entramado empresarial público del Gobierno regional.

El Gobierno de Aragón le dio esos 108 millones bajo la forma de un préstamo participativo que canalizó a través de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, el ruinoso hólding societario del Ejecutivo regional que en 2020 dejó un multimillonario agujero de 18,2 millones de euros.

Aquel préstamo de 108 millones sirvió para evitar el hundimiento Expo Zaragoza Empresarial. Esta sociedad lo está devolviendo a plazos, pero lo hace gracias al dinero que el propio Gobierno aragonés le ingresa, año tras año, en forma de alquileres. Se mire como se mire, el dinero siempre sale de la misma caja.

Los antiguos pabellones de la Expo albergan desde hace años múltiples oficinas públicas. Las más importantes, la Ciudad de la Justicia, el gran edificio, moderno y funcional, que pasó a concentrar los juzgados de la capital aragonesa . En otros edificios tienen su sede una variada lista de organismos, entes y empresas públicas del Gobierno aragonés y de otras administraciones públicas.

Los ingresos por inquilinos privados son minoritarios, apenas el 20% de la cifra de negocios de Expo Zaragoza Empresarial. Además, en el recinto sigue habiendo edificios emblemáticos cerrados y en desuso, 13 años después de que se celebrara aquella Expo que duró tres meses, de junio a septiembre de 2008, y que supuso un espaldarazo urbanístico sin precedentes para Zaragoza capital. El problema es el enorme coste económico que ha generado, porque el plan de retorno de la inversión se demostró totalmente irreal.

Muestra de aquello son algunas de las construcciones faraónicas que quedaron, diseños espectaculares pero de muy escaso rendimiento práctico. Por ejemplo, la Torre del Agua , la gran atalaya que domina el paisaje de la Expo. Es un alarde del diseño, pero sin más funcionalidad que la de su espectacular aspecto: es una torre hueca cuya edificación costó 55 millones de euros de fondos públicos. Se diseñó, específicamente, para que siguiera siendo hueca el resto de sus días.