El Servicio Andaluz de Salud necesita 550 médicos de familia para cubrir sus vacantes

Andalucía ha convocado 438 plazas para médicos residentes de cabecera en 2025, apenas cuatro más de las que sacó en 2024. El problema es que la oferta sigue siendo insuficiente para compensar las necesidades de facultativos. El Ministerio de Sanidad es consciente de que este problema afecta, en mayor o menor grado, a toda España. En un reciente informe cuantificaba en 4.502 los médicos de familia que hacen falta y exponía que habría que aumentar en un 10% la cantidad de doctores para cubrir todas las plazas vacantes.

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández Soto, envió este viernes una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), en la que le solicita una reunión «urgente» y «presencial» del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para abordar la ampliación del número de plazas de formación para Medicina Familiar y Comunitaria y los criterios de financiación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027. La responsable del Gobierno ha recibido una misiva idéntica remitida por el resto de consejeros del ramo en las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

La Consejería de Salud y Consumo lleva años demandando al Ministerio de Sanidad una solución para el grave déficit de profesionales que arrastra esta comunidad, especialmente en Medicina Familiar y Comunitaria, Anestesiología o Neurología. En Andalucía ese problema se ve agudizado porque se van a jubilar 6.769 facultativos desde la actualidad hasta el año 2032, de los que 2.917 serán médicos de familia. Según la estimación del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en Andalucía harían falta 550 especialistas de Familia y Comunitaria para garantizar el relevo de profesionales.

«Los informes técnicos elaborados por el propio Ministerio de Sanidad establecen que sería necesario un aumento de aproximadamente un 10% en las plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria a corto plazo, hasta alcanzar las 2.741 en 2024. No obstante, las plazas ofertadas en 2024 fueron 2.492 y en 2025 solo han aumentado a 2.508, una cifra que dista de lo recomendado», se quejan los consejeros del PP en sus cartas.

«Hasta el momento, ni en las políticas de flexibilización de los criterios de acreditación de las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, ni en el propio Plan de Acción de Atención, se constata un esfuerzo suficiente en la línea de aumentar esas plazas y, por tanto, el número de especialistas», advierten.

De nada sirve «elaborar propuestas, recomendaciones y participar en votaciones», si desde el Ministerio «no se actúa para resolver el problema más urgente que tiene la Sanidad española, la falta de profesionales sanitarios», avisan los consejeros del PP.

«Desde Andalucía, reiteramos nuestra voluntad de colaboración y diálogo para encontrar soluciones efectivas y sostenibles, siempre con el objetivo común de reforzar la Atención Primaria y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos», concluye la titular de Salud de la Junta.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, considera que existe una relación directa entre la 'fuga' de profesionales sanitarios y la falta de recursos que el Estado envía cada año a Andalucía a cuenta del sistema de financiación autonómica. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cifró en 1.522 millones de euros el dinero que perdió Andalucía en 2022 en comparación con la financiación media de las autonomías.

Ante este panorama, Moreno indicó el pasado jueves en el Parlamento que las enfermeras se marchan a otras cuatro «más ricas de España» que «disfrutan de un sistema de financiación que Andalucía no tiene». Respondía a una pregunta del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, acerca de la situación de las enfermeras en la sanidad pública. En su intervención, argumentó que Andalucía dispone de «menos recursos que los demás», en referencia al País Vasco, Cantabria, Galicia o Cataluña. Como consecuencia, «por mucho esfuerzo que hagamos» no dispone de tantos recursos para contratar a enfermeras. Aun así, destacó que se pagan casi 7.000 millones en nóminas al año solo en la sanidad.

El diputado Ignacio García, por su parte, reprochó al presidente regional que «una de cada cuatro enfermeras en paro es andaluza» y que «3.252 enfermeras emigraron». Significa que «el 19,5% de las enfermeras que emigran son andaluzas», situación que atribuyó a que «aquí es donde menos se cobra».

La consejera de Salud hizo balance en la Cámara autonómica sobre la estabilidad de la plantilla. El SAS contaba de media con 126.693 profesionales al final de 2024, lo que representa un 25,6% más del personal que había en 2018, bajo el último Gobierno de Susana Díaz (PSOE).

El servicio público andaluz dispone ahora de 4.500 médicos más en Atención Primaria y en enfermería casi 8.000 efectivos más. También se ha producido la incorporación en plantilla, aprobada por el Consejo de Gobierno en 2024, del 75% de los efectivos contemplados en el Pacto por la Mejora de la Atención Primaria, según informó la consejera.

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025 contemplan un incremento de 6.802 efectivos en la plantilla estructural de profesionales sanitarios del SAS, que pasaría de 109.856 plazas ocupadas en 2024 a 116.658 en 2025. Salud prevé la estabilización de 1.278 profesionales que eran temporales y ahora pasan a la plantilla, la contratación de 3.175 refuerzos asistenciales Covid y 157 plazas MIR. De estos, casi 7.000, al menos 3.072 van destinados a la Atención Primaria, según detalló. Actualmente en torno al 90 por ciento de los médicos internos residentes que realizan su formación se quedan en Andalucía, pero «necesitamos» que esa cifra sea del «cien por cien», suele repetir la consejera.

Para convencerlos de que se queden, la Consejería de Salud y Consumo mejoró los incentivos que paga a los MIR el pasado verano para capear la carencia de facultativos durante este período vacacional.

La Junta añadió un complemento económico de 500 euros a las nóminas. A cambio, los perceptores debían aceptar la rotación por centros que tienen de por sí dificultades a la hora de encontrar personal sanitario. La intención de la Junta era cubrir el máximo de estas plazas vacantes, las 656 convocadas, en centros de salud de difícil cobertura.