La Junta de Andalucía ahorrará 680 millones de euros en alquileres hasta 2039

De ellas, 116 son inmuebles en propiedad de la Junta de Andalucía, 135 están en situación de arrendamiento, 35 en uso (titularidad de otras administraciones como inmuebles transferidos por el Estado, por la Tesorería General de la Seguridad Social o cedidos por los ayuntamientos) y dos con derecho de superficie cedidos a terceros.

Se trata de sedes en las que trabajan los 32.746 empleados públicos que hay en la administración autonómica. Y son unos inmuebles que suponen un importante gasto para la administración. De hecho, sólo en alquiler de sedes la Junta gasta 58 millones de euros.

Sin embargo con los planes de sedes se espera reducir esos gastos en más de un 90 por ciento.

Las cifras de alquileres, según el departamento que dirige Carolina España, se ha reducido de forma importante tras la operación de recompra de los edificios de Holmes que supusieron un ahorro de 35 millones de euros al año. Aquella fue una operación, realizada en enero de 2024 y supuso que la Administración autonómica recompró los 70 edificios públicos vendidos a un fondo de inversión en el año 2014 por el anterior gobierno socialista. Fue una compra que supuso recuperar las sedes centrales de las consejerías de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y Salud y Consumo, en Sevilla.

Lo que se pretendía entonces era parte del plan que ha diseñado la Junta de Andalucía para ahorrar en alquileres hasta el año 2039. Se trata de un ambicioso plan de la Dirección General de Patrimonio que persigue dos objetivos. En primer lugar el ahorro de unos 680 millones en alquileres a los que habría que sumar otros 42 millones de ahorro en «gastos asociados y simplificación de la estructura instrumental».

Habría que añadir ingresos de 155 millones de euros por la explotación y enajenación del patrimonio sin uso o infrautilizado. En cuanto la inversión, Economía tiene previsto que ascienda a 390 millones de euros con un 11 por ciento de rentabilidad.

El segundo objetivo del plan esa la «eficiencia» por la puesta en valor del patrimonio infrautilizado y la reducción de la dispersión de las sedes. Se pretende llevar a cabo una iniciativa alienada con las «metas estratégicas» del Gobierno de la Junta de Andalucía, garantizando al máximo el uso de los recursos públicos y generando ahorros que permitan destinar nuevos recursos a la prestación de servicios públicos esenciales.

Para ello, además de la recompra a la empresa Holmes de las sedes administrativas, otra de las iniciativas es la venta media subastas públicas o enajenaciones directas del patrimonio infrautilizado. En algunos casos son inmuebles procedentes de la denominada «deuda histórica» o de villas turísticas cerradas.

Es una operación que, de momento ha generado ingresos por valor de 137 millones de euros y que supone un ahorro de cerca de un millón de euros anuales a la Junta de Andalucía en concepto de mantenimiento de estos inmuebles.

Ya se han celebrado cuatro subastas de patrimonio público sin uso o infrautilizado, desde octubre de 2019,euros. En esas operaciones se adjudicaron, por ejemplo, el edificio de Correos (23,5 millones) y el Palacio de la Tinta (21 millones), ambos en Málaga, y la antigua residencia de tiempo libre de Cádiz (11,8 millones).

Luego, tras el parón que provocó el Covid, en el año 2022 se volvieron a subastar más edificios, hasta un total de 15 inmuebles, por los que la Junta de Andalucía ingresó algo más de 6 millones de euros. Entre los inmuebles enajenados se encontraban los antiguos pabellones de Japón (1,2 millones), Austria (600.000 euros) e Israel (545.000 euros) de la Expo 92 en Sevilla, o Villa Teresita (1,2 millones), en Granada.

Luego, en una tercera subasta de patrimonio público en desuso se pusieron a la venta 33 inmuebles, con un precio de salida de 81,4 millones de euros en un lote en el que entraron los terrenos de la antigua fábrica de artillería Santa Bárbara, en Sevilla (27,4 millones), o el antiguo Cuartel de Mondragones, en Granada (15,1 millones).

En la cuarta y última subasta realizada se adjudicaron 7 inmuebles, que supusieron más de 7 millones de euros en ingresos para la Junta. Entre ellos se encuentran dos fincas rústicas de grandes dimensiones en La Rinconada y Aznalcázar (Sevilla) o la antigua sede de los juzgados de la calle Ollerías en Málaga.

También se han realizado enajenaciones directas desde 2019. Concretamente cuatro inmuebles procedentes de subastas desiertas, por un importe de 1,4 millones de euros, y otros siete aprobados con carácter excepcional y por razones objetivas justificadas por el Consejo de Gobierno. Entre éstos destacan la venta del Cuartel Diego de Salinas al Ayuntamiento de San Roque, formalizada por 618.661 euros, o el conocido como solar de las banderas de la Expo 92 en Sevilla para el Centro Francés de Tecnología e Innovación, por un importe de 1,7 millones de euros.

Pero además de todo eso la Junta de Andalucía está haciendo también un análisis sobre la posible reubicación de algunas sedes administrativas optimizando la utilización de los edificios de uso administrativo. Esa reubicación tiene, según la Junta, tres objetivos.

En primer lugar, la idea es establecer un modelo de gestión integral del patrimonio inmobiliario de la comunidad autónoma que permita una gestión «más eficiente y eficaz». En ese sentido, Economía habla de abordar las carencias existentes, hacer frente a la situación patrimonial actual y preparar a la Juta para los retos del futuro sobre la base de «reducir los gastos corrientes» derivados de la gestión y el mantenimiento de edificios administrativos e incrementar los ingresos derivados de la puesta en valor de inmuebles sin uso o infrautilizados.

Es un objetivo que la Junta pretende conseguir mediante la supresión de arrendamientos no esenciales, el establecimiento de economías de escala y el fomento de la eficiencia energética, las sinergias y la mejora de la prestación de los servicios públicos.