La Junta de Andalucía vende cuatro edificios para obtener recursos para el nuevo plan de infraestructuras judiciales

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía venderá los primeros cuatro edificios judiciales que van a quedar en desuso al ser sustituidos por nuevas sedes judiciales. Los cuatro inmuebles que se pondrán a la venta son el centro de internamiento de menores infractores San Francisco de Asís en Torremolinos (Málaga), el centro de la misma tipología San Miguel en Granada, la que fuera sede judicial de Marchena, en Sevilla, y el suelo en Hacienda Santa Isabel en Málaga, donde se iba a ubicar el depósito judicial de vehículos, extremo que se ha descartado. Se han iniciado los expedientes y las correspondientes tasaciones.

Los ingresos obtenidos con estas ventas irán destinados al plan de infraestructuras judiciales de Andalucía (2023/2030), en el que la Administración andaluza calcula que la inversión rondará los 1.500 millones de euros. Con la venta de patrimonio judicial en desuso, la Consejería de José Antonio Nieto espera lograr hasta 185 millones de euros, «cantidad que puede oscilar en función de la cifra de venta que se logre en cada momento en función de los precios» han precisado fuentes de la Consejería de Justicia a Europa Press.

Las sedes judiciales que se van a poner a la venta son todas aquellas que sean en propiedad y que vayan a ser sustituidas por nuevas sedes judiciales con las inversiones previstas en el plan de infraestructuras judiciales 2023/2030. La Dirección General de Patrimonio es la propietaria de todos los inmuebles de la Junta de Andalucía. Por este motivo, se ha negociado que «en la medida de lo posible» los ingresos alcanzados con estas ventas «reviertan en la Consejería de Justicia para su inversión en la renovación de sedes judiciales o en todo caso se compense con alguna otra fórmula».

Los 185 millones de euros como parte de la renovación de los 85 partidos judiciales que hay en la comunidad (156 edificios) es una de las vías de financiación del plan de infraestructuras judiciales de Andalucía (2023-2030). Entre los objetivos que persigue el Gobierno andaluz está la reducción de los contratos de alquiler, pasando de los 96 actuales, con un coste de 17,3 millones de euros, a no más de siete contratos y 1,8 millones para alquiler.

Además de los 185 millones de la venta de patrimonio, la Consejería prevé destinar más de 700 millones procedentes de la colaboración público-privada y pública-pública; alrededor de 170 millones de autofinanciada y alrededor de 45 millones de fondos europeos. Es el desglose ofrecido esta semana por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la comisión de Justicia en el Parlamento andaluz.

El plan incluye, además de 60 actuaciones entre obra nueva y rehabilitación de sedes, intervenciones de mejora de accesibilidad en los edificios judiciales, así como de sostenibilidad medioambiental, para disponer de inmuebles eficientes energéticamente; igualmente, se van a realizar trabajos para mejorar la asistencia a víctimas vulnerables. Esto va suponer que se actuará en 100% de los partidos judiciales andaluces, según lo expuesto por el consejero en línea con la presentación de este plan en San Telmo con Juanma Moreno hace dos meses.