La nueva Comisión de la Energía también tendrá funciones de inspección y sanción en el sector
El organismo, cuyo consejo tendrá un presidente, un vicepresidente y cinco vocales, dependerá de Teresa Ribera
El Gobierno restituye la Comisión Nacional de Energía para atar en corto al sector
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha dado luz verde hoy al inicio de la tramitación legislativa para el restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), con la apertura del proceso de audiencia pública del anteproyecto de ley de esta nueva entidad que ya existió desde 1995 hasta 2013, cuando el Ejecutivo de Rajoy la integró en la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de Valores).
La CNE estará adscrita al ministerio que dirige Teresa Ribera y ejercerá sus funciones a través de dos figuras principales, el consejo y el presidente, que también lo será del consejo. De ellos dependerán, además de la secretaría general y la secretaría del consejo, tres direcciones de instrucción: la de electricidad, la de hidrocarburos y nuevos combustibles, y la de inspección, de nuevo cuño, para reforzar su labor supervisora.
Para el cargo de presidente de este organismo se barajan en el sector los nombres de Natalia Fabra -asesora de Ribera-, Maite Costa -expresidenta de la anterior CNE- y Mariano Bacigalupo -marido de Ribera, consejero de la CNMV y exconsejero de la CNMC-.
La CNE tendrá funciones de supervisión y control de los mercados eléctrico, de hidrocarburos líquidos, de gas natural, y de hidrógeno verde y otros gases renovables. También ejercerá las funciones de inspección y sanción, así como de arbitraje, información, atención y tramitación de las reclamaciones planteadas por agentes y consumidores. Igualmente, liquidará los peajes, cargos, precios, cánones y retribuciones reguladas de los sectores a su cargo.
En el caso de la supervisión de las tomas de participaciones empresariales en el sector energético, la CNE se encargará de instruir el expediente y de hacer una propuesta al ministerio, mientras que éste resolverá y fijará las condiciones que considere oportunas.
El consejo será el órgano colegiado de decisión –nombra al vicepresidente, aprueba el anteproyecto de presupuestos internos, la memoria anual y los planes de actuación, el reglamento de funcionamiento interno, etc.– y estará integrado por siete miembros: el presidente, el vicepresidente y cinco consejeros, que tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de reelección.
El Gobierno aprobará mediante real decreto el estatuto de la CNE, que definirá las funciones y estructura interna de la secretaría del consejo, las direcciones y demás áreas de responsabilidad. Según los plazos previstos en el anteproyecto, la nueva entidad debe haberse constituido y estar plenamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la ley de su creación.
«La emergencia climática y el proceso de transición ecológica exigen disponer de un regulador y supervisor de los mercados energéticos que añada la descarbonización de la economía española a los objetivos y funciones tradicionales de velar por la libre competencia y el correcto funcionamiento del mercado desde la eficiencia económica», subraya el ministerio de Transición Ecológica.
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