Junts, Illa y los sindicatos exigen a Díaz un SMI catalán de 1.400 euros

En esta senda de demandas económicas no sólo están las fiscales, hay otras de una importancia no menor, como las laborales, y dentro de ellas toma fuerza la idea de tener manos libres para, por ejemplo, fijar un salario mínimo (SMI) para los catalanes por encima del que tienen, por ejemplo, un andaluz o un extremeño. Una vía que abriría la puerta a las desigualdades regionales, por la que también han transitado los sindicatos en el País Vasco con apoyo del Gobierno autonómico, pero con fuerte rechazo empresarial, como también ocurre en Cataluña.

Los contactos entre Sumar y Junts ya se están produciendo sobre la reducción de la jornada que, tal y como está diseñada, no tiene el respaldo de los independentistas. Y la falta de apoyo del Gobierno en el Congreso vuelve a destapar el baúl de las peticiones, entre las que se incluye ese trato más favorable para Cataluña con una renta mínima de 1.400 euros mensuales, más de 200 euros por encima de SMI que ha quedado para 2025 tras la subida del 4,4% aprobada ayer.

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Pocos días después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lograra el visto bueno del Consejo de Ministros al recorte horario el secretario general de Junts, Jordi Turull, calificaba esa medida de mero «eslogan». «Tenemos muchas dudas», dijo el político nacionalista, que se quejó de que Yolanda Díaz no se sentara a negociar el contenido de esta norma laboral con su formación. Aseguró que los catalanes quieren cobrar más y no trabajar menos porque «el coste de vida en Cataluña es un 7,3% más caro que la media del Estado», argumentó.

Junts quiere más medidas de apoyo para que los negocios apliquen la nueva jornada el próximo año. La negativa de CEOE a apoyar el recorte horario hizo que la titular de Trabajo retirara cualquier ayuda para que las empresas pequeñas y los autónomos pudieran implementar la medida, el testigo que ahora toma la formación catalana, al igual que un plan de choque contra el absentismo.

La formación de Puigdemont no está sola en la cruzada de SMI catalán, cuenta con el apoyo de UGT y CC.OO. y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que incluía esta exigencia en su plan de 'rescate' económico de Cataluña, un proyecto quinquenal que recoge una lluvia de inversiones de más de 18.000 millones con el que pretende hacer sombra a Madrid y a las políticas de Isabel Díaz Ayuso.

La ofensiva laboral del Gobierno catalán no es nueva. Ya en el año 2019 la Generalitat propuso situar el salario mínimo catalán casi un 40% por encima de indicador aprobado para toda España con los mismos argumentos que ahora se exponen para exigir plenos poderes para decidir sobre los sueldos mínimos de referencia. Una meta no compartida por la patronal catalana Fomento de Trabajo, que exige hablar de cuestiones como la productividad o el absentismo.

De momento, la vieja aspiración del salario mínimo catalán salió adelante el pasado diciembre en el Parlamento de Cataluña con el apoyo del PSC y de Junts. La propuesta de los independentistas situaba este indicador en 1.400 euros mensuales (a 14 pagas). Sostenían que el coste de la vida en Cataluña es más caro que en otras zonas de España, que con el SMI actual no se puede garantizar «una vida digna» en la región y por ello rechazan los incrementos lineales.

La subida del salario mínimo es potestad del Gobierno, y aunque cada año consulta a los agentes sociales la decisión última es suya. Para este 2025 Yolanda Díaz ha llegado a un pacto sólo con los sindicatos, que deja fuera a los empresarios, para subir 50 euros más el indicador y dejarlo en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas. Desde que gobierna Pedro Sánchez se ha disparado casi un 60%.

En esta cruzada laboral, la Generalitat y Junts cuentan con los sindicatos en Cataluña como aliados. UGT presentó el pasado octubre un informe sobre la precariedad laboral y reclamó un SMI catalán de 1.372 euros, como el mínimo necesario para poder vivir en Cataluña; explicaba que sólo así se podría combatir que el 10,9% de los trabajadores catalanes tengan todavía rentas inferiores al umbral de pobreza.

Una operación similar han intentado hacer los sindicatos en el País Vasco, donde, sin embargo, se han topado con la negativa de la patronal vasca Confebask. ELA, LAB, CC.OO. y UGT, con el respaldo del Gobierno vasco, trataron de constituir la pasada semana en el Consejo de Relaciones Laborales en Bilbao una mesa de diálogo social para negociar este salario 'ad hoc' para la región, una renta mínima de convenio superior a la del resto de España, que frustraron los empresarios por entender que la iniciativa pondría en riesgo la competitividad de las empresas ubicadas en la comunidad.

«El aumento de las cotizaciones sociales, los elevados registros del absentismo laboral en el País Vasco, la reducción de jornada laboral por disposición legal —que irrumpe sobre lo pactado previamente en la negociación colectiva y rompe los equilibrios establecido— y la falta de flexibilidad organizativa en las empresas, hacen que la presión sobre los costes laborales sea una de las principales preocupaciones empresariales por su impacto en la competitividad», afirmó Confebask y las organizaciones que la conforman —la vizcaína Cebek; la guipuzcoana Adegi; y la alavesa SEA— en un comunicado. Para el Gobierno vasco, sin embargo, «se ha perdido una «gran oportunidad».

En esta carrera de los nacionalistas por lograr su propio autogobierno, el PNV, que aún no tiene decidido si apoyará la rebaja de jornada, lograba arrancar el pasado año al Gobierno la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, siempre que fueran más beneficiosos para los trabajadores. Fue una exigencia de los nacionalistas vascos que formaba parte del acuerdo de investidura de Sánchez que, en este caso, contó con el rechazo de los sindicatos y también de las empresas. Una concesión que agravará la brecha entre los trabajadores de unas comunidades y otras, y traerá conflictividad e inseguridad jurídica, según coinciden expertos laboralistas.