El Gobierno ultima un plan para mejorar las pensiones de 70.000 mutualistas

Gonzalo D. Velarde

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

09/03/2024
Actualizado a las 15:21h.

Compartir

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

El Gobierno negocia con cerca de 70.000 mutualistas de la abogacía y procuradores para buscar un arreglo a una situación compleja por la que estos trabajadores autónomos alternativos, que cotizan a su mutualidad en lugar de a la Seguridad Social, tienen un horizonte de jubilación con pensiones sustancialmente más bajas que la media de los beneficiarios del régimen general pero también que los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial (RETA).

Concretamente, el plan trazado por la Seguridad Social para dar solución a las reivindicaciones de miles de trabajadores por cuenta propia de este sector pasa por buscar primero un arreglo para quienes están en la rampa de salida para la jubilación -y que tienen proyecciones de prestaciones de entre 500 y 800 euros al mes. Así, tal y como ha avanzado públicamente la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en las últimas horas, una medida sería plantear una pasarela de la mutualidad hacia el RETA, que permita a este grupo de trabajadores a pasarse al sistema público de aportaciones de los trabajadores por cuenta propia.

En síntesis, la medida supondría permitir a estos trabajadores modificar el régimen de cotizaciones, de modo que pasarían al sistema del RETA tal cual está concebido tras la reforma llevada a cabo por el Ejecutivo en la anterior legislatura y que echó a andar en 2023 con los quince tramos de cotización asociados a los rendimientos netos declarados -que recoge quince bases mínimas distintas, una para cada tramo-.

El objetivo es claro: evitar las circunstancias que han llevado a parte de los colegiados que han estado aportando a su mutualidad a encontrarse con pensiones exiguas. Según ha podido saber ABC, la situación en el caso de los 60.000 abogados que cotizan a Mutualidad -antigua Mutualidad de la abogacía- es diversa y ampliamente heterogénea. De este grupo de trabajadores, sólo 2.500 estarían en esa situación más agravada con un horizonte de pensión de 500 euros mensuales; otros 15.000 colegiados tendrían una proyección de renta de jubilación mensual de entre 500 y 700 euros mensuales; unos 30.000 autónomos mutualistas estarían en el entorno de los 800 euros. Mientras que el resto cuentan con situaciones en las que las aportaciones realizadas les proporcionará cuantías superiores.

En este punto, según puntualizan fuentes de la negociación, lo que se está trabajando esencialmente es en cómo computar en el Régimen de Autónomos las aportaciones realizadas a las mutualidades. Es decir, a cuántos años cotizados equivalen el dinero aportado por los trabajadores para la cobertura de las contingencias comunes, incluidas la jubilación y la incapacidad temporal. Desde el colectivo J2, el principal abanderado de esta batalla contra el sistema de aportaciones a las mutualidades, se afirma que cada año cotizado en la mutualidad debería equivaler a un año cotizado al RETA, si bien estas fuentes aseguran que este punto no está siendo tan fácil de desarrollar.

No en vano, en una enmienda introducida por el PSOE en el proyecto de ley de medidas para aliviar la situación causada por la guerra de Ucrania, a la que ha tenido acceso ABC, el grupo socialista desvela no solo los planes del Ejecutivo a este respecto sino también los plazos que se autoimpone para elaborar una reforma que de solución a esta situación perversa.

«En un plazo de tres meses se adoptarán las medidas legislativas necesarias para reforzar la protección social de las mutualidades de previsión social alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos», señala en una disposición adicional al mencionado proyecto de ley por el que se plantea la mejora de la protección social de las mutualidades alternativas previstas en la disposición adicional décimo novena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Efectivamente, fuentes oficiales confirman a este medio que tal enmienda se encuentra relacionada con la segunda parte de esta operativa iniciada por el Gobierno y que tal y como se recoge en la enmienda que previsiblemente saldrá a la luz con el resto del texto de medidas de ayuda económica por el impacto de la guerra en Ucrania, se procederá aun refuerzo de las coberturas del colectivo de autónomos colegiados. Habiéndose superado el trámite de enmiendas, el ley podría ver la luz en un plazo de un mes, momento desde el que se activaría el contador para elaborar las medidas legislativas previstas de tres meses -por lo que el cambio normativo para los mutualistas podría llegar ya para verano-.

El principal resultado aparte de este arreglo inicial que se pueda encontrar mediante la pasarela al RETA para los 60.000 mutualistas alternativos de la abogacía y los 10.000 procuradores, es que el Gobierno elaborará en ese plazo un artefacto legal mediante el que se obligará a los nuevos colegiados a cotizar obligatoriamente al Régimen de Autónomos a partir de 2027.

Por su parte, desde Mutualidad lamentan la decisión «unilateral» de las medidas anunciadas por el Gobierno que conciernen al obligatorio encuadramiento de los colegiados profesionales autónomos en el RETA a partir de 2027 y aseguran que «velará por los intereses de los actuales mutualistas alternativos, así como de todo el conjunto de sus mutualistas».

Además, insisten en que, en cualquiera de los casos, la sostenibilidad del modelo financiero de Mutualidad «está asegurada por su sistema de capitalización individual, donde cada mutualista tiene individualizados sus derechos económicos». Esto incluye los casos en que los mutualistas alternativos optasen por transferir sus planes al RETA o no se diesen de alta nuevos mutualistas alternativos a este régimen.

Mutualidad reivindica además la vigencia de su modelo al asegurar la solvencia de un sistema de previsión social que protege a más de 210.000 mutualistas y recuerdan que gestiona más de 10.200 millones de euros, lo que, sumado a los más de 500 millones de euros de fondos propios no comprometidos y un margen de solvencia del 204% al cierre de 2023, «garantizan la solvencia, la rentabilidad y la viabilidad de la organización».

Así, la entidad asegura que «sigue apostando por la defensa del modelo de alternatividad para la previsión social de los profesionales autónomos» y por un sistema de colaboración público-privada «con demostrado éxito histórico». Y defiende que «la equidad y voluntariedad» con las que ejercen su función aseguradora las mutualidades sin ánimo de lucro, y el derecho de los mutualistas alternativos de poder elegir el sistema que mejor convenga a sus valores e intereses.