Escrivá garantiza a Bruselas que no gastará más del 14% del PIB en pensiones con su reforma
El Gobierno refuta a la Airef en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas: las medidas no aumentarán el déficit público ni la deuda
La Seguridad Social sólo reconoce un aumento de gasto de un tercio del previsto por el organismo auditor y institutos de análisis económico
Aun sin el desglose definitivo de impacto presupuestario de cada una de las medidas aprobadas por el Gobierno en materia de pensiones en los paquetes aprobados en la presente legislatura, aparecen con cuentagotas proyecciones oficiales sobre cómo afectará a las cuentas públicas los cambios legislativos sobre el sistema de Seguridad Social. Concretamente, el somero análisis carente de profundidad en las cifras en el epígrafe de Seguridad Social del capítulo de proyecciones presupuestarias a largo plazo incluido en la Actualización del Programa de Estabilidad de 2023-2026 remitido este mismo viernes a Bruselas el ministerio capitaneado por José Luis Escrivá garantiza a Bruselas que no rebasará el 14% de PIB de gasto en pensiones (casi 200.000 millones de euros en valor actual) con su reforma ya aprobada y convalidada en el Congreso.
Y, además, lejos de las advertencias y estimaciones que difieren de las propinadas por el Gobierno -no la memoria de impacto económico de la norma sino las previsiones gruesas distribuidas a grupos parlamentarios y prensa- la Seguridad Social estima que el gasto en pensiones ascenderá en 1,7 puntos porcentuales del PIB para 2050, si bien estima un nivel similar de ingresos procedentes del abanico de medidas destinadas a incrementar la recaudación por cotizaciones. De modo que esta doble reforma del sistema en ningún caso incrementaría el déficit público, como advertía recientemente el profundo análisis de la reforma elaborado por Airef.
Cumplimiento, al límite del 15%
Con todo, el Gobierno asume ese 14% de PIB de gasto en pensiones como el valor medio para las próximas tres décadas, hasta 2050. Si bien reconoce que habrá momentos de mayor tensión. «Debido al progresivo envejecimiento poblacional, el gasto público en pensiones en porcentaje del PIB aumentará progresivamente hasta alcanzar en el año 2046 el 14,9% del PIB», señala el Programa de Estabilidad.
Es entonces cuando, siempre bajo la óptica del Gobierno que no refrendan los análisis complementarios externos elaborados hasta el momento, se espera que las dinámicas demográficas asociadas a la superación de las tensiones asociadas a la predominancia de la generación del baby-boom entre la población jubilada hagan que el gasto en pensiones sobre el PIB inicie una senda marcadamente descendente, que se mantiene en las décadas siguientes.
«Esta proyección incluye todas las medidas adoptadas con impacto sobre el gasto público en pensiones. En concreto, se incorpora la nueva regla de revalorización basada en el IPC, la derogación del factor de sostenibilidad, los nuevos coeficientes reductores de jubilación anticipada, el nuevo incentivo a la jubilación demorada, el nuevo período de cómputo de la base reguladora, la nueva regla de revalorización de la pensión máxima, la mejora de la integración de las lagunas de cotización y el incremento de las pensiones mínimas y no contributivas», advierte el Gobierno asumiendo este cálculo como definitorio.
Proyecciones no tangentes
Sin embargo, pese al nuevo esfuerzo divulgativo sobre la conveniencia, procedencia y compensación de las medidas aprobadas, el problema del Gobierno en esta materia sigue estando en las diferencias que registran las sendas de gasto previstas. Principalmente, porque las diferencias sobre el avance demográfico, del empleo, y de las dinámicas en las decisiones de jubilación de los trabajadores no casan. Cabe recordar que ese 1,7% de alza del gasto en pensiones previsto por el conjunto de medidas es sustancialmente inferior al 2,4% de PIB de alza de gasto (llegando a un máximo del 16,3% del PIB dentro de tres décadas -lo que supone 1,4 puntos más que lo proyectado por el Gobierno-).
Y el otro elemento diferencial, es que desde el organismo auditor se cree el cóctel de medidas llevará a la Seguridad Social a un déficit de 1,1 puntos del PIB, es decir, 15.000 millones de euros. Escrivá, por su parte, estima que para ese año el impacto presupuestario del conjunto de medidas sea neutro, sin amentos de deuda o del déficit público. Cabe recordar que en 2022 la Seguridad Social ya registró un saldo del -0,5% del PIB (7.000 millones) y que estima dejar en cero en los próximos ejercicios, en buena medida también gracias a la separación de fuentes de financiación del sistema que prevé una transferencia perpetua de 23.000 millones de euros anuales procedentes del Presupuesto General.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete