Los abogados rechazan el plan de Saiz para mejorar la pensión de jubilación de los mutualistas

En una propuesta elaborada por la catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, María Emilia Casas y que hace suya el Colegio de Abogados de Madrid, se plantea, en contra de las pretensiones del Gobierno, que la pasarela se abra a todos los mutualistas alternativos con independencia de su año de alta en la Mutualidad -sin limitarse a los adscritos con anterioridad a 2005- y que sea de forma voluntaria para todos ellos sin la existencia de ningún elemento de vulnerabilidad que limite el acceso del número de mutualistas.

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Concretamente, en esta propuesta de traslado del paso de la Mutualidad a la Seguridad Social, el Colegio de Abogados plantea una pasarela de carácter voluntario con una duración de seis meses, «para que los mutualistas puedan tomar una decisión informada sobre su futuro», señala la institución, sin la imposición en este caso de criterios económicos, es decir, desechando el baremo de vulnerabilidad que sí plantea la Seguridad Social al menos a través de tres vías, tal y como avanzó en exclusiva ABC -con una suerte de prueba de renta asimilable a la ya existente para el ingreso mínimo vital, el complemento a mínimos de la pensión de jubilación o un listón de suficiencia fijado a la pensión media del sistema-.

Sobre otros dos elementos críticos de esta pasarela, el modo de traslación de las cuotas abonadas desde la Mutualidad a la Seguridad Social y la equivalencia de las aportaciones una vez integradas en el sistema RETA, el Colegio de Abogados plantea un modelo preferente en el que cada año de aportación al colegio profesional equivalga a un año aportado al régimen de autónomos que les acogería. Un sistema no obstante, que según reconocen fuentes de la Abogacía conllevaría un coste para las arcas públicas. Cabe recordar que el sistema de mutualidad alternativa a la Seguridad Social permite cotizaciones del 80% de la base mínima del RETA. Y eso en el cómputo total de la vida laboral, por lo que las contribuciones acumuladas en muchos casos no alcanzan ese porcentaje. Por lo que de efectuarse este modelo el sistema público cargaría con esa diferencia.

No obstante, tal y como defiende el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, tiene sustento en el hecho de que estos mutualistas han soportado durante su vida profesional con el coste de coberturas sociales que sí ofrece la Seguridad Social a la generalidad de los autónomos, como es la sanitaria. En ese 'ahorro' relativo del sistema público se entiende como coherente este traspaso de cotizaciones «uno por uno».

Según concreta el informe, cabrían dos distintos modos de cómputo por el RETA de las cotizaciones de los mutualistas alternativos a la Mutualidad y su conversión en cuotas del RETA: una conversión cuantitativa real, en que la Tesorería General de la Seguridad Social convierte sus cotizaciones mutualistas en cuotas al RETA y una conversión conceptual «o por equivalencia ideal», en la que cada año cotizado a la Mutualidad equivaldría a un año de cotización al RETA, «pese a no darse una correspondencia cuantitativa real, falta de correspondencia a la que, si el legislador así lo considerase, podría poner remedio una pasarela legal excepcional al RETA que aceptase esa equivalencia».

Esa operación legal facilitaría el cumplimiento de los años de cotización y demás requisitos exigibles por la Seguridad Social para causar derecho a pensiones de jubilación suficientes, incluso íntegras del RETA. «Dicha conversión conceptual tendría que superar la diferencia del mayor esfuerzo contributivo de los demás profesionales autónomos incluidos en el campo subjetivo de aplicación del RETA en el marco del canon del enjuiciamiento del art. 14 CE sobre la acción del legislador», argumenta el Colegio de Abogados. Y lo justifica en que los mutualistas alternativos «han carecido de la cobertura de sus necesidades de salud por el sistema público, habiendo debido recurrir al costeamiento de fórmulas de aseguramiento privado, lo que habría podido redundar en su menor capacidad de esfuerzo contributivo a la Mutualidad».

«La libertad del legislador podría ponderar la compensación de esa falta de cobertura de los mutualistas alternativos por el sistema público de salud y su mayor gasto, con la dificultad de que la financiación del sistema público de salud no descansa en cotizaciones al sistema de Seguridad Social», añaden.

Por su parte, en una conversión cuantitativa real, la Tesorería convertirá esas cotizaciones a la mutualidad en cotizaciones al RETA a partir de sus bases y tipos mínimos, obtendrá los años cotizados a este régimen especial del sistema de Seguridad Social necesarios para causar el derecho a sus prestaciones, la base media por la que se ha cotizado en los últimos 25 años, el porcentaje que se aplica a la misma en función de los años cotizados y calculará la cuantía de las pensiones de jubilación a partir de los 15 años que obligatoriamente integran el período de mínimo de cotización.

Las aportaciones de los mutualistas alternativos activos a la Mutualidad han de ser transferidas por ésta a la Tesorería General de la Seguridad Social en el momento del hecho causante de las prestaciones o en el plazo convenido por la Tesorería y la Mutualidad. Eso sí, «esa operación ha de estar exenta de cualquier tipo de gravamen fiscal», reclaman los abogados. Siendo el régimen público de Seguridad Social un sistema de reparto regido por el principio contributivo -contributivo proporcional o de proporcionalidad contributiva-, el alta en el RETA conlleva la obligación de cotización, para quienes no hayan alcanzado la edad legal de jubilación, al sistema de cotización al RETA por rendimientos netos. «El mutualista integrado en el RETA es deudor frente a la Tesorería General de la Seguridad Social», apunta el Colegio de Abogados en la propuesta.

Asimismo, se crearán tres grupos de mutualistas, con condiciones específicas para cada uno en función de su edad y los años cotizados. Para aquellos mayores de 49 años que no han cumplido el mínimo de 15 años de cotización, se contemplan condiciones más flexibles para alcanzar ese período. Además, para facilitar la transición al RETA se propone un sistema de ayudas que permita a los mutualistas adaptarse progresivamente, incluyendo la posibilidad de mantener la base mínima de cotización y aplicar tarifas reducidas para aquellos en situaciones económicas más desfavorables.

El informe también aboga por consolidar el programa «Ayudas 65+» con el que cuenta la Mutualidad, transformándolo en un derecho subjetivo pleno para garantizar un complemento económico estable para aquellos mutualistas ya jubilados que perciben pensiones insuficientes. Exenciones fiscales y compatibilidad laboral

Otra medida destacada en la propuesta es la consideración de exenciones fiscales temporales para mutualistas que decidan capitalizar sus prestaciones privadas de jubilación, especialmente en casos donde la longevidad pueda generar necesidades económicas adicionales.

Además, se aboga por la flexibilización de las normas de compatibilidad entre el trabajo autónomo y la pensión de jubilación, permitiendo a los mutualistas continuar trabajando y cotizando sin perder los beneficios acumulados.

La propuesta del ICAM resalta la importancia de un diálogo institucional continuo entre la Seguridad Social, la Mutualidad y la abogacía para proporcionar a los mutualistas la información necesaria para tomar decisiones fundamentadas. «Este es un proceso complejo, y solo mediante una colaboración fluida entre las instituciones podremos asegurar que se brinde el apoyo adecuado a los mutualistas», afirmó Ribón.

El decano del ICAM ha destacado el consenso político sobre esta problemática repasando las distintas iniciativas presentadas por todos los partidos prácticamente sin excepción.

Y subraya que existe un consenso político sobre la necesidad de brindar una protección suficiente ante situaciones de necesidad para los mutualistas alternativos. «Este consenso, ahora, debe plasmarse en acciones concretas por parte del legislador. La llamada al Gobierno y a los grupos parlamentarios es clara: es tiempo de actuar, es tiempo de legislar», señala.