El oscuro negocio de las adopciones en Corea del Sur: una investigación destapa décadas de abusos

Una investigación oficial surcoreana declaró el miércoles que el gobierno era responsable de abusos en las adopciones internacionales de niños locales, incluida la falsificación de registros y el consentimiento inadecuado, y recomendó una disculpa oficial del Estado.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Corea del Sur declaró en un comunicado que «se ha determinado que el Estado descuidó su deber (...) lo que dio lugar a la violación de los derechos humanos de los adoptados, protegidos por la Constitución y los acuerdos internacionales, durante el proceso de envío de muchos niños al extranjero».

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El país, cuarta economía asiática y potencia cultural mundial, sigue siendo uno de los mayores exportadores de bebés del mundo, con más de 140.000 niños enviados al extranjero entre 1955 y 1999. La adopción internacional comenzó tras la guerra de Corea como una forma de sacar a los niños mestizos, nacidos de madres locales y padres soldados estadounidenses, de un país que hacía hincapié en la homogeneidad étnica.

Se convirtió en un gran negocio en las décadas de 1970 y 1980, que reportó millones de dólares a las agencias internacionales de adopción a medida que el país superaba la pobreza de la posguerra y se enfrentaba a un rápido y agresivo desarrollo económico.

Más recientemente, el principal motor han sido los bebés nacidos de mujeres solteras, que siguen sufriendo el ostracismo de una sociedad patriarcal y, según los académicos, a menudo se ven obligadas a renunciar a sus hijos.

En un anuncio histórico, la Comisión de la Verdad del país concluyó, tras una investigación de dos años y siete meses, que se habían producido violaciones de los derechos humanos en las adopciones internacionales de niños surcoreanos, entre ellas «registros fraudulentos de huérfanos, manipulación de identidades e investigación inadecuada de los padres adoptivos».

Asimismo, se identificaron «numerosos casos en los que no se siguieron los procedimientos de consentimiento legal adecuados» para los padres biológicos surcoreanos.

La Comisión también señaló que el gobierno surcoreano no regulaba las tarifas de adopción, permitiendo a las agencias fijarlas mediante «acuerdos internos», lo que la convertía en una industria con ánimo de lucro.

Y a pesar de las normas que exigen la verificación de la idoneidad de los padres adoptivos, una abrumadora mayoría (el 99%) de las aprobaciones de adopciones internacionales sólo en 1984 se concedieron el mismo día o al día siguiente, dijo la comisión, citando su investigación.

Park Sun-young, presidente de la Comisión, declaró a la prensa: «Estas violaciones nunca deberían haberse producido». «Es una parte vergonzosa de nuestra historia», añadió.

Durante años, los adoptados coreanos han defendido sus derechos, muchos de ellos denunciando que sus madres biológicas fueron obligadas a renunciar a sus hijos, lo que llevó a la falsificación de registros para hacerlos legalmente adoptables.

Algunos padres biológicos y adoptados surcoreanos afirman incluso que sus hijos fueron secuestrados -por agentes que buscaban niños desatendidos en barrios pobres- o que las autoridades orientaron a los niños perdidos hacia la adopción sin intentar reunirlos con sus familias, en algunos casos cambiando intencionadamente la identidad del niño.

Algunos adoptados —como Adam Crapser— fueron deportados a Corea del Sur siendo ya adultos porque sus padres estadounidenses nunca obtuvieron la nacionalidad estadounidense.

La comisión sólo confirmó violaciones de derechos humanos en 56 de las 367 denuncias, alegando que había una cantidad abrumadora de datos que tratar de verificar, y dijo que «haría esfuerzos» para revisar los casos restantes antes de que su investigación expirara el 26 de mayo.

Algunos adoptados se mostraron insatisfechos con este resultado e instaron a la comisión a reconocer plenamente las violaciones en los 367 casos. «Sin la verdad, nuestras vidas se basan en suposiciones, estimaciones y relatos creativos», declaró Boonyoung Han, adoptada danesa-coreana.

«¡Somos víctimas de la violencia estatal, pero sin rastro! Literalmente. La destrucción y retención de nuestros documentos no debe dejarnos expuestos a una incertidumbre eterna».

Hanna Johansson, coreana adoptada en Suecia, dijo que considera el anuncio de la comisión una «victoria» para su comunidad de adoptados a pesar de todo. «También espero que cada vez más padres (biológicos) surcoreanos que perdieron a su hijo sin su consentimiento den un paso al frente y exijan justicia», declaró a la AFP.