Condenan a cinco hermanos sevillanos a prisión por la extracción de agua de Doñana

La sentencia se dirige sobre una familia que tiene una explotación en la zona de Villamanrique y que abarca varios términos municipales sevillanos. La finca está dedicada a cultivos rotatorios, entre ellos algodón y arroz, y se asienta sobre el acuífero denominado Almonte-Marismas.

Según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso ABC, la explotación tenía reconocido un volumen máximo anual de 3,4 millones de metros cúbicos de agua para una superficie de riego de 456 hectáreas, con una limitación, además, en el número de pozos que podían abrirse en superficie.

La instrucción judicial abarcó el periodo comprendido entre 2008 y 2013. Cinco años en los que esta familia recibió más de una docena de expedientes sancionadores por captación ilegal de agua que no sirvieron para que cesaran en seguir esquilmando el acuífero. El juez del Penal 14 concluye que los acusados «teniendo plena conciencia de la protección legal y el valor ambiental del espacio de su propiedad, así como de las condiciones relativas al uso de agua impuestas por la Confederación, incumplieron de forma deliberada las condiciones establecidas por el organismo de cuenca«.

El juez censura la «indiferencia» mostrada por los procesados ante el «perjuicio que causaban al acuífero y con ello a la colectividad». Así detalla uno por uno cada uno de los expedientes sancionadores que la Administración les fue imponiendo a esta familia, que se constituyó como comunidad de bienes. El primero está fechado en 1997 y el último en 2008, cuando arrancó la investigación penal. «A pesar de las advertencias y sanciones impuestas por la CHG, los acusados continuaron con su actividad concertada de captación y detracción ilegal de aguas en volúmenes muy superiores a los autorizados».

La investigación determinó que los condenados extrajeron anualmente, durante los cinco años analizados, el doble de lo que tenían asignado en cada ejercicio. Por ejemplo, en 2009 se cifró un exceso estimado de entre 3,4 y 4,2 millones de metros cúbicos. La indemnización impuesta de 1.967.671 euros es la cuantía del daño que ocasionaron al dominio público hidráulico.

La sentencia detalla que la conducta de los cinco acusados tuvo una incidencia directa sobre una masa de agua subterránea que estaba en una situación crítica. Durante el periodo investigado se encontraba por debajo de su peor nivel, que fue la sequía de 1991-1995. Debido al estado de ese acuífero, el organismo de cuenca intensificó la vigilancia para impedir las extracciones ilegales de agua porque constató que a pesar de las lluvias, no mejoraba su estado.

Con el procedimiento judicial ya iniciado, el juzgado acordó en 2015 una serie de medidas cautelares para parar la extracción incontrolada de agua. Así, procedieron al sellado de una tubería, el tapado de un pozo ilegal y la instalación de contadores en los pozos que sí estaban autorizados. La sentencia indica que después de imponerse estas medidas, no hubo constancia de nuevos incumplimientos.

Los cinco acusados forman parte de una misma sociedad familiar pero no tienen el mismo contacto con los trabajos agrícolas. Así, una hermana aseguró que la llevanza del campo le correspondía a sus hermanos porque ella vive en Londres. Admitió que sabía de las sanciones que les habían impuesto por extracciones ilegales, pero que nunca fue partícipe de los beneficios que obtenía la sociedad. La acusada trató de justificar el estado del acuífero culpando al clima.

Uno de sus hermanos, presidente de la sociedad y que sí trabaja directamente en la explotación agrícola, llegó a decir en el juicio que le habían hecho «un favor» a Doñana porque realizaron extracciones legales. Cuando le preguntaron por la falta de documentación en los cinco años en los que se sobrepasaron con creces el cupo de agua, dijo que las autorizaciones «eran verbales».