TRIBUNA ABIERTA
Seguridad jurídica para nuevos modelos de convivencia
Envejecimiento de la población, transformación de los modelos familiares y dificultades para el acceso a la vivienda son los tres vértices de un gran desafío colectivo que nos concierne a todos
Resulta evidente que la familia tradicional ha dejado de ser mayoría en España. Los hogares monoparentales y sin hijos ya son mayoría y esta tendencia va en aumento. La natalidad se encuentra bajo mínimos en nuestro país y en el 45% de las viviendas no ... hay niños. El porcentaje de personas que viven solas ha pasado en nuestro país del 1,9% en 1970 al 11,1% en 2024, según un informe de CEU-CEFAS. El censo de 2021 revelaba que los hogares constituidos por padre, madre e hijos suman el 48% del total. En 1990 representaban el 65%. Debe advertirse, no obstante, que no se trata de una tendencia exclusivamente española, sino europea y occidental. En su lugar, crecen con fuerza otros modelos familiares y también modelos de convivencia no familiar (entre amigos, pero también sin relación de afectividad).
Junto a esta tendencia, aparece otra no menos importante y no menos acusada, en gran medida relacionada con la primera, e igualmente española, occidental y europea: se trata del incremento de personas mayores que viven solas y pueden encontrarse o quedar en situación de vulnerabilidad. En 2019, España rebasó el umbral de los dos millones de personas mayores de 65 años que viven solas, de los cuales, en esa fecha, 850.000 ya eran personas mayores de 80 años. Y este es un dato que seguirá aumentando, no sólo por el envejecimiento de la población, sino por el incremento de la vida en solitario. Dicho de otra forma, aumenta el porcentaje de población en los tramos superiores de edad. Y aumenta también el porcentaje de personas que llegan solas a esas edades porque rompieron el matrimonio en el pasado o porque optaron por la soltería.
Un tercer factor debe tenerse en cuenta, igualmente relacionado con las dos tendencias anteriores: el problema de la vivienda. Las personas que viven solas no dejan de crecer en los tramos de mayor edad, pero inversamente decrecen en los tramos inferiores. En España apenas viven personas solas de edad inferior 20 años y muy pocas de menos de 25 años. Muchos querrían independizarse pero no pueden. El obstáculo, claro está, se cifra en la dificultad de acceder a una vivienda. Por un lado, al cambiar las pautas familiares, resultan necesarias más viviendas. El referido informe de CEU-CEFAS indica que, al pasarse de las 3,9 personas de media por hogar de 1970 a las 2,5 actuales, son necesarios tres millones más de viviendas para el mismo volumen de población. El propio Banco de España ha cifrado un déficit de vivienda en España de 600.000 casas, pisos o apartamentos lo que no parece fácilmente resoluble a corto plazo. Los expertos más bien prevén lo contrario.
En este triple escenario, los notarios proponemos reformas legales e incentivos fiscales para fomentar los denominados «pactos asistenciales de ayuda mutua». ¿De qué se trata? Básicamente de acuerdos privados para compartir o intercambiar hogar y asistencia. No se trata de inventar nada. Al contrario, se trata de dar seguridad y respaldo legal a situaciones reales que ya se están produciendo: personas mayores que viven solas y comparten su hogar con familias o jóvenes sin vivienda a cambio de compañía y cuidados; pactos de convivencia en acogimiento familiar para jóvenes ex tutelados cuando cumplen dieciocho años; personas sin vínculo familiar que se unen para arrendar juntos y darse apoyo mutuo…
Naturalmente, se trata de alternativas a las soluciones asistenciales ya articuladas por las administraciones públicas. Podría pensarse que son situaciones excepcionales, pero no lo son y cada vez van a ser más comunes, con independencia de que se incremente el gasto social en asistencia a las personas mayores. Porque además no es sólo una cuestión de envejecimiento poblacional sino cambios culturales profundos relacionados con las estructuras familiares y los modelos de convivencia. La sociedad ha cambiado y es necesario adaptar la regulación a estos nuevos modelos, siempre con el objetivo fundamental de proteger jurídicamente a las personas más desfavorecidas.
Esa es precisamente la función de los notarios: ofrecer garantías de seguridad jurídica y asesoramiento imparcial, con una atención especial a las personas en situación de vulnerabilidad. De ahí nuestro interés en fomentar estos acuerdos privados suscritos ante notario, que no tendrían otra finalidad última que garantizar que las personas que se cuidan entre sí de un modo u otro puedan hacerlo sin verse perjudicadas por la falta de regulación o de una previsión previa de qué hacer en caso de que surjan problemas. Por ejemplo, cómo afrontar una ruptura o extinción de la convivencia o qué tipo de compensaciones establecer en determinados supuestos.
Envejecimiento de la población, transformación de los modelos familiares y dificultades para el acceso a la vivienda son los tres vértices de un gran desafío colectivo que nos concierne a todos. A los poderes públicos, en primera instancia, pero a toda la sociedad en su conjunto. Mirar para otro lado no es la mejor opción. Y como en todos los grandes retos colectivos, la seguridad jurídica es clave para dar tranquilidad y respaldo legal a todos, y particularmente a los más vulnerables.
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