Pensionista… y de Bilbao

La Ley General de la Seguridad Social recoge expresamente que «la Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única del sistema de la Seguridad Social, llevará a efecto la gestión liquidatoria y recaudatoria de los recursos de esta, así como de los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de la Seguridad Social» (art. 21) y «la Tesorería General de la Seguridad Social es un servicio común con personalidad jurídica propia, en el que, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única, se unifican todos los recursos financieros, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias» (art. 74). A la luz de estos preceptos, debería quedar claro que el acuerdo político no debería poder quebrar la caja única ni la solidaridad financiera (territorial) que son piezas clave del sistema español de pensiones contributivas.

Este acuerdo tampoco debería afectar al esquema de las pensiones no contributivas, en el que, dentro del sistema de caja única de recursos (transferencias del Estado) y aplicaciones (reconocimiento de prestaciones), y de solidaridad financiera, se encomienda ya a todas las comunidades la gestión del pago de estas prestaciones contra los recursos transferidos desde el Imserso. Es bien conocido el movimiento de las organizaciones de pensionistas por una pensión mínima equivalente al salario mínimo (hoy en 1.080 euros, pero apuntando a los 1.200 euros, 14 pagas al año), especialmente liderado por los pensionistas vascos. También es conocido que las pensiones de jubilación en el País Vasco son las más altas de España, junto con las de Madrid y las de Asturias. Ello es así porque las carreras de cotización en estos territorios han sido también las más largas e intensas.

La Seguridad Social no discrimina a nadie por lugar de residencia. Otorga pensiones idénticas, calculadas con la misma fórmula en todos los territorios, a personas que cumplan las mismas condiciones, incluyendo la carrera de cotización (años cotizados y bases de cotización) y la edad de jubilación, independientemente del lugar en el que vivan. Nuestro sistema es un seguro social obligatorio, profesional y de reparto. Su diseño requiere que su perímetro geográfico esté muy bien trazado porque ningún trabajador afiliado al sistema tiene una cuenta individual en la que se diga qué cuotas efectivas ha realizado. Claro que cada trabajador (y sus empleadores ocasionales en su nombre) ha realizado una serie de pagos al sistema. Pero esos pagos efectivos, sencillamente, no se registran. No señor. En el registro de cada afiliado se hace constar los días en alta y las bases por las que se ha cotizado cada mes de alta. Las bases, no las cuotas. Puede que muchos trabajadores desconozcan lo que esto significa. Pero saben que pueden cotizar en lugares y empresas diversas, incluso en diferentes países, y que la Seguridad Social les va a calcular su pensión totalizando los días en alta y las bases de cotización. Y saben también que, vivan donde vivan una vez jubilados, percibirán la paga estipulada.

En este marco, ¿qué significan los acuerdos alcanzados entre el PSOE y el PNV para los pensionistas y trabajadores, tanto para el País Vasco como para el resto de España? Según los detalles conocidos, la Seguridad Social transferiría al País Vasco la gestión del régimen económico de las pensiones. Es decir, cobro de cotizaciones, pago de prestaciones, aplicación de los criterios para acceder a una pensión, aplicación de las normas emanadas desde la normativa estatal o inspección, resolución de conflictos, aplicación de sanciones, etc. Y esto, relativo a todos los trabajadores en alta en la Seguridad Social por cuentas (empresas o autónomos) radicadas en el País Vasco y a todos los pensionistas que hayan causado el alta como residentes de derecho allí. ¿Cuándo o durante cuánto tiempo en alta, o residentes? ¿Los de ayer, hoy o mañana?

Aquí empiezan las dudas. Cualquiera de los trabajadores vascos, si cotizan diez años en Extremadura, ¿tendrán que totalizar esos años con los cotizados en la Comunidad vasca mediante un convenio bilateral entre el País Vasco y Extremadura? O, en lugar de esta, ¿el resto de España? ¿Sería más bien un acuerdo bilateral entre España y el País Vasco, a la que la primera contiene? Y los pensionistas cuya alta como tales se produjo cuando residían allí, si deciden trasladar su residencia a otro lugar, ¿seguirían recibiendo su pensión de manos del Gobierno vasco? Las complicaciones que surgen son irresolubles en el plano conceptual.

No, quédense tranquilos, la caja única y el principio de solidaridad financiera que la Ley de Seguridad Social garantiza no se van a romper por estos acuerdos. El País Vasco no admitiría hacerse cargo de los alrededor de cuatro millardos de euros anuales que supone el déficit contributivo circunscrito a su geografía. Así definido en un territorio subestatal, este déficit es tan indefinido como el de Extremadura. No nos perdamos en estos jardines, aunque sea un recurso impactante en la argumentación, que todos utilizamos (lo confieso). Lo que importa es el déficit contributivo del sistema en su conjunto estatal, que alcanza diez veces el del caso vasco y no está resuelto.

Si todo esto que digo va a misa, que ya veremos, ¿qué utilidad tiene que el PNV haya conseguido esta 'concesión'? Entiendo que no se les ocurrirá a los responsables encargados de la gestión que se transfiere alterar las condiciones de elegibilidad para obtener una pensión, o la fórmula de cálculo de la misma, o el montante de los complementos de mínimos que deberían transferirse desde los PGE, es decir, del bolsillo de todos los españoles, vascos incluidos. Porque eso violaría el principio tan querido de la Seguridad Social española de la equidad y, a menos que se obligase el Ejecutivo vasco a emitir deuda, sería un abuso descomunal de la paciencia presupuestaria del resto de los ciudadanos y ciudadanas españoles. Las mejoras de ingresos que el Gobierno vasco estime debe otorgar a los pensionistas que las necesiten puede hacerlas mañana mismo con sus propios recursos, igual que cualquier otro gobierno autonómico.

Entiendo también que la ciudadanía vasca, por el hecho de ver la estampilla de su Gobierno en las circulares de año nuevo o en las nóminas del pago mensual, no va a caer en la tentación de atribuir a los desvelos de dicho Ejecutivo el que sigan llegando los pagos con toda puntualidad. Porque, si todo esto sirve para comprar votos con el dinero de otros, ya se está haciendo desde hace muchos años desde el Gobierno central. Descentralizar esta palanca política tan viciosa no tiene nada de meritorio. Lo que habría que hacer es acabar con ella de una vez.