EDITORIAL
Presupuestos: Juego de Tahúres
El presidente sabe que incumple la obligación de formular las cuentas públicas, porque teme que Puigdemont se las rechace. Y éste sabe que si se las apoya, se acabó su poder sobre los socialistas
La Constitución Española es clara en su artículo 134. «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior», es decir, el 1 de octubre de cada ejercicio. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido incumplir esta exigencia con diversas excusas. Primero adujo que las elecciones en Cataluña dificultaban la búsqueda de acuerdos, por lo que posponía su elaboración, y después se ha escudado en la falta de apoyos parlamentarios para no presentarlos. Lo cierto es que Pedro Sánchez y sus ministros saben perfectamente que cualquier rechazo en las cámaras le obligará a buscar nuevas excusas para no darle la razón a todos los que le advirtieron de que no hay una mayoría progresista en el hemiciclo que le permita hacer algo más que seguir en la Moncloa. Este hecho, además de ser una grave irregularidad institucional, evidencia una preocupante dejación de funciones en la gestión de las cuentas públicas.
Tras el Consejo Europeo dedicado a la política de defensa el pasado día 20 –una jornada negra en la que el Gobierno sufrió varias derrotas consecutivas en el Congreso–, Sánchez dio a entender que no presentará un proyecto de cuentas públicas para evitar otra derrota parlamentaria. Pero la coalición que forman en el poder los socialistas y la izquierda radical de Sumar y Podemos se ha dividido en torno a este asunto. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho que el Ejecutivo debe cumplir con su deber constitucional y formular las cuentas, cuestión en la que ha coincidido con Podemos. Por esta razón, el espectáculo ofrecido en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros por la titular de Educación y portavoz, Pilar Alegría, y el de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ante las preguntas de los informadores sobre la necesidad de presentar unos presupuestos se convirtió en un espectáculo inenarrable. Alegría argumentó que el Gobierno ha aprobado 28 leyes en esta legislatura, pero no se acordó de que no ha presentado la única que le manda la Constitución. Desprovista de argumentos, recurrió a su compañero Bolaños, quien dio largas cambiadas. Llegaron a decir que llevar los PGE al Parlamento sin apoyos sería «una pérdida de tiempo». Callaron cuando otro periodista les recordó que han llevado otras leyes que han sido rechazadas. «¿Fue una pérdida de tiempo?», inquirió.
El Gobierno recurre con predilección a dos argumentos: que la economía no se ha resentido por la falta de PGE, cuestión falaz puesto que hemos tenido crisis económicas con y sin Presupuestos, y que las cuentas (que ya llevan una prórroga) fueron elaboradas por otro gobierno presidido por Sánchez, por lo que son ideológicamente coherentes. Esto último es cierto, pero las cuentas actuales fueron aprobadas en otra legislatura, la XIV de la democracia, que se desarrolló de 2019 a 2023. La actual legislatura aún no ha conocido ningún proyecto de Presupuestos y podría terminar sin que ninguno llegue a presentarse.
El problema de fondo es que Sánchez no quiere llevar unos Presupuestos al Congreso porque teme que Carles Puigdemont no se los apruebe y entonces se vea obligado a convocar elecciones corriendo el riesgo de volver a perderlas como en 2023 y quedar expuesto a la intemperie ante los casos judiciales que complican a sus familiares más cercanos. Y el fugado de Waterloo no se los quiere aprobar porque sabe que, a partir de ese día, se acaba su capacidad de chantajear a Sánchez y éste podría arreglárselas para terminar la legislatura cómodamente sentado en la Moncloa aunque la calidad de nuestra democracia sufra.
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