Muere el segundo preso político poselectoral tras negarle el chavismo atención médica

El contacto que existe entre los presos y el mundo exterior está restringido, y nadie dio aviso a la familia de Álvarez sobre las condiciones en las que se encontraba. Ni de su muerte.

Su hijo mayor, de 22 años, se enteró del fallecimiento de su padre a través de las redes sociales. Inmediatamente se trasladó a la morgue, donde le mostraron no el cadáver sino una foto para reconocerlo. A pesar de esta confirmación, las autoridades policiales se negaron a entregarle el cuerpo, alegando que no tenían «ningún muerto», a lo que el hijo respondió: «¿Y lo que yo vi allá [en la morgue] qué era? ¿Un muñeco? Ese era mi papá».

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AFP

Las denuncias se producen en la misma semana en la que el canciller argentino, Gerardo Werthein, exigió a Maduro que conceda salvoconductos a los seis opositores venezolanos refugiados desde marzo en la embajada

Rafael Álvarez fue detenido arbitrariamente el 2 de agosto, en el estado Bolívar, junto a su esposa por agentes de la contrainteligencia militar, y ambos fueron procesados por delitos de terrorismo e instigación al odio. Su hijo, a cargo de sus hermanas de 17 y 7 años, exige la libertad de madre «para que no tenga que recibir otra terrible noticia». «Me llevo a mi papá muerto, pero no quiero que a mi madre me la entreguen igual».

Este es el segundo preso político poselectoral que muere en la cárcel. El 14 de noviembre falleció Jesús Martínez, de 48 años, quien padecía diabetes tipo II y problemas cardíacos, y a quien también le negaron la atención médica.

El último recuento de la ONG Foro Penal cifra en 1.905, los detenidos por motivos políticos en Venezuela. Las condiciones en las que son sometidos son deplorables y han provocado que al menos 11 de los reclusos hayan intentado suicidarse en las últimas semanas, según testimonios familiares. Las constantes denuncias han logrado que esta semana hayan sido excarceladas -no liberadas- 18 personas, de las cuales 14 son adolescentes. Pero mientras unos salen de las rejas, otros siguen entrando, como es el caso de Jesús Armas, un colaborador de la líder de oposición María Corina Machado, que fue «secuestrado» por seis hombres encapuchados el martes en Caracas y de quien aún no se ha obtenido prueba de vida alguna.

Mientras tanto, el hostigamiento a la Embajada argentina en Caracas, donde se encuentran asilados seis colaboradores de Machado, no cesa. Este viernes, la Organización de los Estados Americanos (OEA) compartió una fotografía, tomada desde la sede diplomática, en la que se aprecia a un hombre armado con un rifle de largo alcance, merodeando la Embajada. «Este asedio constituye una flagrante violación de las garantías de seguridad y protección que deben ser otorgadas a los asilados», denunció la OEA en un comunicado. «La presencia intimidatoria de personal armado, los cortes de energía eléctrica y agua corriente, así como la interrupción del ingreso de alimentos y agua, representan un peligro inminente para la vida e integridad de los asilados».

La presión se ejerce por todos lados. Ayer el Gobierno argentino denunció la «detención arbitraria e injustificada» de un empleado local de la representación diplomática en Caracas, «parte de una campaña sostenida de hostigamiento, intimidación y violencia psicológica contra los asilados y empleados de la misión argentina». Asimismo, un gendarme argentino desapareció la semana pasada después de ingresar al país a través de la frontera colombiana. Iba a encontrarse con su pareja y su hijo en Caracas, donde viven desde mediados de año, pero fue detenido e incomunicado por las autoridades venezolanas.