Sánchez frenó un pacto del agua que incluía la gestión de inundaciones

«Proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente de la manera más eficaz y eficiente posible» era uno de los objetivos que perseguía el pacto, en el marco de una directiva comunitaria que pretendía armar «una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones».

La falta de coordinación fue, precisamente, determinante para que la DANA ofreciera un balance tan trágico el pasado 29 de octubre. Y, previamente, impidió que la gran obra de drenaje de la cuenca del Poyo llegara a ejecutarse al chocar con una ley autonómica.

El Gobierno de Mariano Rajoy marcó el Plan Nacional del Agua como una de sus prioridades a primeros de 2017 y había llevado los trabajos a un estado muy avanzado cuando los socialistas llegaron al poder en junio de 2018. De hecho, el propio Sánchez llegó a decir en enero de ese año que veía viable el acuerdo y el hombre que designó para la negociación, Hugo Alfonso Morán, mantuvo al menos dos reuniones con la entonces ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y otras tantas con la que era secretaria de Estado, buscando un punto de entendimiento.

Pero todo se truncó cuando los socialistas salieron victoriosos de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Nada más llegar a la Moncloa, Sánchez designó ministra para la Transición Ecológica a la hoy aspirante a comisaria europea Teresa Ribera, heredando ésta las competencias de medio ambiente de García Tejerina . Y aunque Ribera eligió a Morán secretario de Estado de Medio Ambiente, las conversaciones que habían fluido adecuadamente hasta ese momento se vieron abruptamente abandonadas sin que se hayan vuelto a retomar a día de hoy, a pesar de haberlo reclamado en distintos momentos los dos líderes que ha tenido el PP desde entonces, Pablo Casado y ahora Alberto Núñez Feijóo.

Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy fijó ese Pacto Nacional del Agua como prioridad, lo hizo para evitar que se repitiera lo que había sucedido con José Luis Rodríguez Zapatero: la parálisis y reversión en algunos puntos del Plan Hidrológico Nacional aprobado en 2001 por el Ejecutivo anterior. Esta misma semana, José María Aznar recordaba como en el anexo 2 de ese plan figuraba un listado de inversiones para la cuenca del Júcar –área arrasada por la DANA– y en el que se incluían obras en el canal de la margen izquierda del río Magro, restitución y adaptación de los cauces naturales de los barrancos de Torrente, Chiva, Pozalet y del Poyo, modernización del canal del campo del Turia, o reparación y automización del canal principal del campo del Turia, entre otros.

El objetivo de Rajoy en 2017 era, por tanto, acordar una política de Estado hídrica a largo plazo que no dependiera del cambio de color político de las administraciones, ni de caprichos de sus dirigentes. Los trabajos para la consecución del Pacto Nacional del Agua llegaron a fructificar en un documento en el que Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos y usuarios pactaron un total de 56 puntos de acción divididos en cuatro ejes bien definidos. El primero de ellos, la atención de los déficits hídricos, haciendo hincapié en las infraestructuras; el segundo, el cumplimiento de los objetivos medioambientales; el tercero, la citada puesta en marcha de los planes de gestión del riesgo de inundación subrayando la necesidad de llevar a cabo una serie de actuaciones estructurales en las infraestructuras hidráulicas; y en cuarto lugar, medidas en materia de gobernanza del agua.

El camino hasta ese punto había sido arduo. La entonces ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se había puesto manos a la obra en marzo de 2017, cuando llevó la hoja de ruta del pacto al Consejo Nacional del Agua. En este órgano consultivo se encuentran representados no solo la Administración General del Estado, sino también las autonomías, los ayuntamientos, los organismos de cuenca, las organizaciones profesionales y económicas más representativas de ámbito estatal, así como las ONG medioambientales de ámbito estatal.

Con el respaldo de esta institución, el Ejecutivo inició la fase negociadora con las autonomías y ayuntamientos en julio, para abordar en septiembre las reuniones con los usuarios, regantes y representantes de la sociedad civil. Este bloque de reuniones fue muy extenso y superó los 120 encuentros en los que participaron unos seiscientos representantes de todos los ámbitos implicados en el agua.

Paralelamente, el Gobierno abrió una ronda de reuniones multilaterales técnicas sobre los cuatro ejes pactados para elevar la coordinación entre las administraciones, los agentes sociales y el sector científico respecto a las líneas de trabajo a abordar en cada uno. En este caso, las reuniones celebradas superaron las 20 y sirvieron para afianzar los acuerdos, añadir otros y reforzar la negociación. Así se pudieron concretar los 56 puntos que pretendían definir «una política de Estado, integradora, consensuada y solidaria con vocación de continuidad».

Una vez horneado el acuerdo con los territorios y usuarios, en enero de 2018, el Gobierno de Rajoy consideró que era el momento de presentarlo a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento. Lógicamente, comenzó por el PSOE como principal partido de la oposición y ofreció a su secretario general entrar en el pacto.

La oferta tuvo lugar en una reunión entre ambos celebrada en Presidencia del Gobierno a mediados de enero en la que Sánchez consideró que ese acuerdo era «imprescindible para millones de ciudadanos» y mostró su interés en llevarlo a buen puerto. Tanto, que prometió trabajar «muy en serio» para alcanzarlo. De hecho, ese mismo mes, el PSOE presentó el documento 'Diez acuerdos de país' en el que incluía el agua como uno de ellos, mientras Ferraz insistía en la «viabilidad» de alcanzarlo.

Las caras de la noticia

Ministra para la Transición Ecológica

Teresa Ribera

Exministra de Agricultura y Medio Ambiente

Isabel García Tejerina

Secretario de Estado de Medio Ambiente

Hugo Alfonso Morán

García Tejerina, por su parte, había fijado iniciar ese año los estudios de coste, beneficio, viabilidad y priorización de las obras estructurales incluidas en los planes de gestión del riesgo de inundación como proyecto estructural más importante contra los fenómenos extremos del agua.

En este contexto, comenzaron esas reuniones entre Gobierno y PSOE en las que el interlocutor con la entonces ministra del ramo fue el hoy secretario de Estado de Medio Ambiente. El calendario pasaba por cerrar el acuerdo ese mismo verano, pero la moción de censura se cruzó en el mes de junio. ABC ha solicitado conocer la versión de Morán sobre el porqué del cambio de posición de los socialistas, pero el dirigente no ha querido realizar ninguna valoración ni comentarios. Fuentes socialistas lo justifican en que tras sacar la moción de censura con los votos de Podemos y los independentistas catalanes y vascos, Sánchez consideró que no cabía ningún acuerdo político con el PP.

La consecuencia fue que se perdió la gran oportunidad de alcanzar un pacto nacional que permitiera afrontar todos a una los cuatro grandes problemas que rodean al agua: inundaciones, pero también sequías, cumplimiento de los objetivos ambientales y gobernanza. Cuatro ejes que estaban ya consensuados y apoyados en acuerdos con las autonomías, que la DANA ha demostrado necesarios.

Aquel marco de diálogo permanente que abrió García Tejerina para mejorar la gestión a través de la planificación no se ha vuelto a repetir. «Ni los contenidos del pacto ni la forma de alcanzarlos son cuestiones cerradas. Por el contrario, cualquier propuesta es bienvenida en estas conversaciones, independientemente de la postura, que, sobre ellas, hayamos tenido en el pasado», defendía la cartera de Medio Ambiente entonces. «El ministerio quiere llegar lo más lejos posible con la colaboración de todos, que ese pacto se construya sobre la base de soluciones consensuadas», añadía. Seis años después, ese discurso ha sido sustituido por el muro que levantó Pedro Sánchez entre izquierda y derecha en mitad del Congreso de los Diputados. La DANA es el último ejemplo de que anteponer ideología a gestión tiene coste.