El Poder Judicial se prepara para resistir los ataques de Sánchez

A las puertas de la inauguración del año judicial, en septiembre, Isabel Perelló se convertía en la primera mujer al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo, pero también en la primera presidenta que en noventa días de mandato tenía que salir en dos ocasiones a recordar que la separación de poderes y la independencia judicial son piedras angulares del Estado de derecho.

Y es que la renovación del Consejo, tras la campaña de deslegitimación del anterior, no ha rebajado el acoso al Poder Judicial que alcanzó su punto álgido la semana pasada, cuando el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumió la existencia de 'lawfare' al afirmar que el PP cuenta con el apoyo de los jueces en su labor de oposición.

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El hostigamiento que la Judicatura ha sufrido durante este año tiene visos de proyectarse al próximo, en el que las investigaciones por delitos de corrupción que salpican al Gobierno seguirán su curso.

La contundencia de Perelló a la hora de defender a los jueces es lo que se sigue esperando de ella en su primer año de mandato, en el que el CGPJ afronta el reto de cubrir más de un centenar de plazas vacantes en la cúpula judicial como consecuencia de la ley que impidió al Consejo hacer nombramientos y que ha provocado que una de cada tres plazas del Tribunal Supremo estén sin cubrir.

Consciente de que esta es una de sus mayores responsabilidades, Perelló, de perfil progresista, aspira a cumplir su objetivo en el primer semestre de 2025 a través de dos grandes convocatorias que se sumarán a la que el Pleno acordó hace unas semanas y que incluye las presidencias de cuatro de las cinco salas del Alto Tribunal, cuyos aspirantes ya han pasado el trámite de entrevistas.

Sin embargo, todo apunta a que ese primer encontronazo que se vio entre los vocales del grupo progresista y los del conservador con la presidencia del órgano se trasladará a dos plazas que para el Ejecutivo resultan claves: la dirección de la Sala Penal y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al frente de las que, con la coartada de la cuota feminista, los vocales nombrados a propuesta del PSOE aspiran a situar a dos mujeres, Ana Ferrer y Pilar Teso.

Y ello pese a que un informe encargado por la presidenta del CGPJ, que también lo es del Supremo, deja claro que este criterio no puede imponerse al mérito y capacidad y que, además, el cumplimiento de la ley de cuotas debe hacerse a lo largo de todo el mandato del Consejo y no en dos de estas cuatro presidencias de Sala, como pretenden los progresistas. «La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo -señala ese informe del Gabinete Técnico - excluye claramente que cuando se proceda a un nombramiento se pueda atribuir al sexo de los candidatos, en términos imperativos, una relevancia mayor que al mérito y capacidad de cada uno de ellos».

No en vano la relevancia de esas dos plazas es indiscutible: la Penal, por cuanto juzga a los aforados, y en ella se ventilan ahora procedimientos como el caso Koldo, la imputación del fiscal general por revelación de secretos o el futuro de Alvise Pérez. La otra, la de lo Contencioso-Administrativo, porque revisa acuerdos y nombramientos del Consejo de Ministros, entre ellos el del propio fiscal general, recurrido por asociaciones de fiscales. La presidenta del CGPJ tendrá que centrar todos sus esfuerzos en poner de acuerdo a ambos grupos teniendo en cuenta que se exigen mayorías cualificadas y siempre dos vocales del otro grupo tendrán que dar su brazo a torcer, como sucedió con su propia elección como presidenta.

Tampoco se espera un cierre de filas entre ambos sectores a la hora de consensuar una fórmula para elegir a los vocales del Consejo cuando ni los partidos que los nombraron han sido capaces de ponerse de acuerdo y cumplir las directrices de Bruselas de dar una mayor participación a la carrera en la elección de sus representantes, que son doce de los veinte miembros del órgano: los de procedencia judicial. El acuerdo que PP y PSOE cerraron en junio dejaba en manos del nuevo CGPJ la propuesta de reforma del modelo de elección de esos doce vocales y daba un plazo de seis meses para presentarla. El tiempo corre y el próximo 6 de febrero el Consejo deberá tener lista y aprobada su propuesta, para la que los vocales están recabando la opinión de las salas de gobierno de los tribunales y de las asociaciones judiciales y analizando los distintos modelos europeos.

La propia redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del Partido Popular, Esteban González Pons, pasaron la pelota al nuevo Consejo descafeinaba bastante el papel del órgano de gobierno de los jueces respecto a esta reforma al señalar que su propuesta «será trasladada al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación». Es decir, no será en ningún caso vinculante y volverán a ser las mayorías parlamentarias las que decidan si se cambia o no de modelo.

Sí ha habido unanimidad entre los vocales a la hora de aprobar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que deja la investigación penal en manos de los fiscales en lugar de en manos del juez de instrucción, una ambiciosa reforma legislativa que viene de años atrás y que hasta ahora no había podido ver la luz. No obstante, el CGPJ ha lanzado una advertencia que no puede pasar desapercibida, y es que esa reforma no se puede poner en marcha si no va acompañada de una modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal que refuerce la autonomía de los miembros de la carrera.

En el momento más delicado de credibilidad de la institución, con Álvaro García Ortiz imputado por el Tribunal Supremo y un Gobierno que no tiene reparos en hablar de «su» fiscal general, hasta en la propia carrera hay vértigo ante este cambio de modelo procesal penal sin antes blindar a los funcionarios y sin desvincular este nombramiento del Ejecutivo.

Movimientos de la Fiscalía en los últimos tiempos en asuntos como la ley del «sólo sí es sí» o más recientemente, la aplicación de la amnistía ahondan en esa necesidad de proteger a los fiscales frente a injerencias del Ejecutivo. Eso, al margen de la falta medios personales y materiales que en este momento dificultan mucho que esta reforma vea la luz. No obstante, la intención del Ejecutivo es pisar el acelerador para que pueda superar el trámite parlamentario cuanto antes.

Conectado con esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y también con las prisas del ministro de Justicia, Félix Bolaños, por retomarla, está el debate sobre los límites a la acusación popular, una cuestión que en este momento beneficiaría al Gobierno ante la proliferación de casos de corrupción que le están cercando, pues dejaría sólo en manos de la Fiscalía procedimientos en los que están jugando un papel fundamental partidos y asociaciones que desde el Ejecutivo se califican de «ultraderechistas» pero que ciertamente han servido para iniciar investigaciones que de otra forma habrían dependido de la iniciativa del Ministerio Público.

Alineado una vez más con el Gobierno, en su discurso de apertura del año judicial, el fiscal general del Estado tildó de «perturbadores» los efectos de esta figura «cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas o mediáticas». Desacreditando la labor del juez, que es quien tiene a última palabra sobre el avance o archivo de las investigaciones, García Ortiz arremetió contra las «investigaciones prospectivas».