Los okupas de Armengol le ganan la batalla

«Si hubiera querido ser okupa, me habría quedado allí: tenía dos terrazas, tres habitaciones y piscina. Fui legal y le devolví las llaves a mi casero», cuenta esta palmesana que acaba de ganar un caso inédito en Baleares. La Justicia acaba de avalar su okupación frente al desinterés del Govern de Armengol por recuperar la vivienda social okupada.

«Estuvimos seis meses malviviendo en un piso compartido con gente que no conocíamos. Comíamos en la habitación, dormíamos en la habitación; estábamos fuera de casa hasta la noche para pasar el menor tiempo allí», prosigue Natalia, que pidió varias veces ayuda al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

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«En el Ibavi conté mi situación, les aporté los ingresos que teníamos y les pedí que nos concedieran un alquiler social con la cuota que ellos consideraran que podíamos pagar. La respuesta que me dieron fue que no era su problema».

Entonces alguien le sugirió que se metieran en uno de los pisos vacíos que había en la zona. «Un viernes fuimos a verlos, nos armamos de valor y entramos en una casa. No dormí en todo el fin de semana. El lunes regresé al Ibavi con mi DNI para decirles que estaba en ese lugar y que yo quería pagar mi alquiler y los gastos, pero no me atendieron. Volví y me ignoraron; incluso me echaron de malos modos», prosigue Natalia, que accede a esta entrevista con ABC acreditando todos los papeles mientras abre el portal de su casa.

Haciendo chaflán en un modesto y nuevo edificio negro, cercano a la calle Manacor, vive como una más entre los vecinos. La vivienda está en la zona de Levante de Palma, un barrio modesto que empieza a convivir con grúas de pisos en construcción a precios por encima de los 400.000 euros.

Los vecinos saludan a Natalia, la relación es cordial y el ambiente tranquilo. Huele a limpio al entrar en la casa. La pequeña cocina está recogida, hay un sofá impoluto al fondo en el salón, y una mesa y cuatro sillas. Debajo de la escalera hay una estantería de juguetes matemáticamente ordenados. Paredes blancas y suelo bien cuidado.

Es una casa de dos plantas con una pequeña cocina y un salón comedor en la planta baja, y dos dormitorios y un cuarto de baño en la planta superior. «La conservo como si fuera mía», presenta nerviosa. Le tiemblan las manos mientras reconoce que lo que hizo «estuvo mal», pero no tenían dónde ir con tres hijos de 14, 8 y 2 años.

Cuando okupó la casa recuerda que había «otras cinco o seis viviendas del Ibavi vacías». «No sé nada de política, pero es evidente la mala gestión del Govern balear con estos pisos mientras la lista de espera de personas sin hogar va en aumento». Cree que todavía hoy el Ibavi tiene un apartamento vacío en este recinto residencial de varios bloques.

La semana pasada la presidenta socialista Francina Armengol pidió empatía hacia las personas que no tienen una vivienda y okupan pisos vacíos. La política llegó incluso a reprender a un alumno por preguntarle por el tema de la okupación. Natalia escuchó estas declaraciones con asombro: «Defiende una cosa y hace otra».

Tras casi cuatro años viviendo en la casa llegó la sorpresa. El 5 de febrero de 2021, el Instituto Balear de la Vivienda la denunció por okupación. Pero más sorprendente ha sido el fallo de la jueza, que acaba de absolver a Natalia a la vez que culpa a la administración pública por su desidia. La sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, acredita que el Ibavi tenía conocimiento de dicha situación desde julio de 2017, pese a lo cual el Govern balear tardó cuatro años en actuar.

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma le reprocha que no hubiera mostrado ningún interés en ese tiempo por recuperar la posesión. Critica que el Ibavi, «cuya misión es ofrecer viviendas de alquiler social a personas en situación de vulnerabilidad de acuerdo con el procedimiento establecido, no haya mostrado durante cuatro años ningún tipo de interés por la vivienda».

La magistrada reconoce que «no pueden premiarse conductas como las de los denunciados, que se saltan todos los procedimientos legalmente establecidos para okupar una vivienda en perjuicio de las personas también necesitadas que siguen el cauce legal», pero califica de «exagerado un plazo de cuatro años para poner una denuncia».

El abogado Eduardo Luna, del despacho Equare Abogados, que se hizo cargo de la defensa de esta familia de forma altruista, cree que posiblemente este caso sea el primero en que la Justicia legaliza una okupación por la desidia de la Administración.

La situación actual de esta familia es insólita. «Aunque no tiene contrato de alquiler, hay una resolución judicial que dice no son okupas», aclara el letrado, que cree que esta sentencia sienta un precedente en España.

Desde que salió la resolución Natalia no duerme pensando en el futuro. «Solo quiero legalizar un contrato de alquiler social, pagar lo que me corresponda acorde a mi situación y vivir tranquila», pide entre sollozos antes de cerrar la puerta de su casa.