Montero conocía irregularidades de la trama corrupta del caso Koldo desde 2022

Los tentáculos del caso Koldo señalan ahora a la vicepresidenta primera y número dos del PSOE. La persona de mayor confianza del presidente y el rostro más autorizado para sacar la cara por el partido en estos tiempos convulsos. De hecho, fue ella la que elevó la voz la semana pasada para tratar de desviar la atención mediática de la mujer de Sánchez, en el foco por haberse reunido con varios integrantes de la trama. Ni Pilar Alegría, ministra de Educación, ni Esther Peña, portavoz del PSOE. Las vagas explicaciones de la andaluza y su intento por culpabilizar al Partido Popular se ven ahora golpeadas por este informe, al que ha tenido acceso ABC, y que la ministra tuvo sobre su mesa en las primeras semanas de 2022, poco después de que la IGAE lo remitiera a la dirección de Puertos del Estado. En el mismo, además de señalar al ministerio de Ábalos como intermediario entre la empresa de los conocidos de Koldo García y Puertos del Estado, se destapan una serie de irregularidades que el Gobierno no persiguió convenientemente, evitando una investigación que podría haber destapado antes a la trama. Lucha contra la corrupción de la que hace gala el PSOE, pero que a la hora de la verdad no fue tal. La inacción dejó latente la corrupción y propició que los implicados tuvieran tiempo de mover el dinero obtenido por las mordidas.

Según la auditoría de la IGAE –que analizó las cuentas de 2020 de Puertos del Estado además del cumplimiento de la normativa aplicable a las compras de material sanitario durante la pandemia–, se produjeron varias actuaciones contrarias a la ley vigente, sobre todo en lo referente a la gestión del expediente 19/20, que se corresponde en el documento a la adquisición de 8 millones de mascarillas por un montante de 20 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, que hasta ese momento tenía una facturación inexistente y que, aún así, resultó elegida por la empresa pública para este contrato.

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«No hay constancia alguna de cómo conoció el ente público la existencia de esta empresa y que era factible que la misma (pequeño intermediario de comercio no fabricante) pudiera proporcionar un suministro tan importante. Únicamente se nos ha indicado que el nombre lo conoció Puertos del Estado a través del MITMA sin que ello conste documentalmente. Tampoco consta ningún intento alternativo para contar con algún otro posible suministrador u oferta para comparar», señala el informe (IRCIA). Según ha podido saber ABC, varios trabajadores de Puertos del Estado confirmaron a la Intervención que la elección se produjo por decisión específica de Transportes. Extremo reflejado en el documento oficial enviado el 27 de diciembre de 2021 al presidente de la compañía y a las dos subsecretarías de los ministerios implicados, en este caso Transportes y Hacienda.

Es decir, que la mediación del equipo de Ábalos era conocida por la cartera dirigida por Montero, cuya subsecretaria recibió el informe en las primeras semanas de 2022, solo unos días después del envío a la cúpula de la empresa pública auditada, como suele hacerse siempre en estos casos.

Fue el departamento dirigido por Pilar Paneque Sosa, una de las personas de más confianza de la ministra Montero –a la que acompaña desde su etapa de Consejera en la Junta de Andalucía–, el encargado de recibir y analizar el IRCIA, en cuyo contenido no debieron percibir nada extraño pues no se inició ninguna actuación conocida para esclarecer las causas que llevaron a Puertos del Estado a saltarse varios procedimientos a la hora de contratar la compra de material con la empresa recomendada por Koldo.

Los rostros de la noticia

Francisco Toledo

Era el presidente de Puertos del Estado durante la contratación, el que dio el visto bueno a la oferta de Soluciones de Gestión tras la intermediación de Transportes. Un histórico del socialismo valenciano, destituido en noviembre de 2021

Pilar Paneque

Mano derecha de Montero desde sus años en la Junta de Andalucía, era la subsecretaria de Hacienda, que debía analizar el informe de auditoría y alertar a la cúpula del ministerio tras leer las irregularidades referidas por la IGAE

Jesús Manuel Gómez

Subsecretario de Transportes. Algunas investigaciones le señalan como la persona que dio la orden de contratar a la empresa elegida por Koldo. En cualquier caso, él también recibió el informe de la IGAE y no inició investigación conocida

A la IGAE le llama la atención que la oferta de Soluciones de Gestión –la única que se valora por parte de Puertos del Estado– «coincide exactamente con el importe del gasto acordado». En la misma, no «figuran plazos de entrega» y se «prevé un pago anticipado del 50 por ciento» algo que, ante la falta de garantías, se lleva a cabo ordenando al banco «el bloqueo temporal del importe pagado» que se fue liberando conforme la empresa fue haciendo entregas del suministro.

Entre las irregularidades que recoge la Intervención, se denuncia que «no se han cumplido con los requisitos de publicidad previstos en los artículos 151.1 y 154.1 de la Ley de Contrataciones de Servicio Público». Formalismo que, a pesar de hacerse la contratación durante un período de emergencia, resulta «recomendable», según una nota informativa emitida por la Presidencia de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, emitida durante la pandemia. En la misma, se especifica que aunque no es necesario cumplir con todos los requisitos de la ley, «no excluye que, posteriormente, pueda dar lugar a una formalización por escrito y la publicación de los extremos propios del contrato en cuestión. Parece recomendable que se proceda a documentar adecuadamente la adjudicación y formalización del contrato», expone la nota.

Así, además de esa publicidad del contrato, hecha pasados los 15 días estipulados por la ley, también se contravino el artículo 120.1 apartado b), al no haberse dado cuenta de dichos contratos al Consejo de Ministros en un plazo de 30 días. En concreto, en el caso de la compra de mascarillas a través de Soluciones de Gestión, se produjo la dación de cuenta en el plazo de 38 días contados desde que Puertos del Estado emitió la Orden de Contratación a través de su presidente, Francisco Toledo, y 33 desde que se aceptó la oferta del contratista.

Respecto a la elección de este último, la IGAE establece una serie de «debilidades» que dejaban entrever una gestión opaca. «No figura que se negociara el precio y el resto de condiciones con el adjudicatario y que se justificara su elección. En el caso del expediente 19/20, se nos ha indicado que el contratista se puso en contacto con Puertos del Estado con la previa mediación del Ministerio de Transportes, cuando en el resto de contratos fue PdE quien contacto directamente con los contratistas», indica la auditoría, revelando cierta connivencia entre el ministerio dirigido por Ábalos y la trama de corrupción que se extendió a otras administraciones del Estado.