Madrid pone coto a los VTC: límite de precio y examen a conductores

Además, se prohíbe captar clientes en plena calle, algo que queda reservado para los taxis, y tampoco podrán llevar distintivos que induzcan a la confusión con los taxis.

Aunque en los VTC las tarifas están reguladas por la oferta y la demanda, el reglamento de la Comunidad de Madrid pone coto a las subidas excesivas, aprovechando circunstancias excepcionales de alta demanda como eventos extraordinarios, conciertos, etc. En estos casos, señala la norma recién aprobada, el precio que se fije no podrá superar el 75 por ciento de la media del coste ordinario.

Una de las novedades del texto es la incorporación de una nueva modalidad, los viajes compartidos, que podrá suscribir cada usuario por plaza, y con un pago individual, en función del recorrido que realicen.

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Esta alternativa de transporte, indica el texto del reglamento, permite al primer pasajero contratar un trayecto, al que podrán sumarse otros para el mismo itinerario o una parte del mismo, «ya que pueden hacerse paradas intermedias de subida y bajada de clientes». Cada uno de ellos conocerá, de antemano, el precio que ha de pagar por su recorrido.

Las empresas deberán habilitar una línea telefónica gratuita de atención a los clientes adaptada para personas con discapacidad auditiva, y tendrán que contar con un medio accesible de comunicación vía web. Además, a partir del 1 de enero de 2025, los nuevos vehículos que pongan a disposición del público las empresas con diez o más autorizaciones deberán ser adaptados para prestar el servicio a todas aquellas personas que se trasladen en silla de ruedas, con lo que se incrementará la flota de automóviles adaptados para facilitar estos desplazamientos.

La norma fija que todos los conductores de VTC deberán acreditar la posesión de un permiso de conducir de la clase B con, al menos, dos años de antigüedad. Además, no se les permite tener antecedentes por delitos de naturaleza sexual, y deberán superar un examen que incluirá conocimientos suficientes del idioma español, el manejo de dispositivos de navegación, así como primeros auxilios y tener referencia de los lugares más importantes de la región.

Los conductores tendrán un plazo de 18 meses para realizar esta prueba, a contar desde la entrada en vigor de la disposición que los regule, y podrán seguir conduciendo hasta la finalización de este periodo. Quedarán exentos de completar este requisito quienes, a la entrada en vigor del reglamento, lleven ejerciendo su labor profesional durante al menos un año de forma ininterrumpida o dos años en el período de los cuatro anteriores a aplicación efectiva de la nueva normativa.

Los VTC serán automóviles con no más de 10 años de antigüedad y tendrán que estar clasificados con el distintivo ambiental Cero Emisiones o ECO. No obstante, los que dispongan de etiqueta C, y tengan permiso cuando el reglamento entre en vigor, podrán seguir prestando servicio con ese coche hasta diciembre de 2027, la fecha tope de validez.

Además, los vehículos adaptados se destinarán de forma prioritaria a los desplazamientos de personas con movilidad reducida, aunque no en exclusividad.

Los VTC tendrán que llevar siempre sus distintivos identificativos, y no podrán ser decorados con publicidad que induzca a confusión con los que prestan servicio de taxi. Además, su actividad debe limitarse a los trayectos contratados previamente con los usuarios: tienen prohibido captar de forma activa a clientes por las calles. Y por eso mismo, no podrán estacionar en el interior y en los accesos de entrada y salida de los aeropuertos, estaciones de ferrocarril o autobús o cualquier otro emplazamiento donde haya una afluencia masiva de personas, sin estar previamente contratados.

Las empresas que quieran obtener y mantener sus autorizaciones de VTC tendrán que contar, al menos, con un número de conductores igual al 75 por ciento de los permisos en alta. Podrán disponer de coches en régimen de propiedad, o mediante otras fórmulas de alquiler como pueden ser el 'renting' o el 'leasing'.

Por otra parte, el reglamento recién aprobado por el Gobierno regional, y que ha elaborado la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras que dirige Jorge Rodrigo, contempla en su articulado que las compañías que se dediquen a esta actividad deben tener cubierta –mediante pólizas de seguro– su responsabilidad civil por los daños que puedan causar a los pasajeros durante el servicio, y además estarán obligadas a impartir a sus trabajadores una formación continua.