El juez da por terminada la investigación de Pit, uno de los proyectos más lucrativos de Villarejo

En una resolución a la que tuvo acceso ABC, el magistrado de refuerzo Joaquín Gadea da por finalizada esa investigación al tiempo que acuerda desgajarla del resto de hechos que se estaban analizando en relación a aquel encargo: la causa en sí guatemalteca de corrupción por la que se habrían pagado cantidades millonarias en sobornos a altos cargos de su gobierno para conseguir la adjudicación de una infraestructura en un puerto y la presunta estafa a la empresa que después, la compraría sin saber cómo se había adjudicado.

Pit, así, se parte en tres. Mientras la supuesta corrupción de funcionarios públicos en Guatemala -cohecho internacional- y la presunta estafa seguirán en instrucción al menos, seis meses más; el encargo y los delitos fiscales que se pudieran derivar de él están listos para pasar a la siguiente fase: el camino hacia juicio por delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad, revelación de secretos y organización criminal, de acuerdo a la calificación provisional que recoge el auto.

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Esta es la cuarta pieza separada de la macrocausa sobre Villarejo, que ya cuenta con cerca de medio centenar. A lo largo de la instrucción han comparecido como imputados además del comisario y los navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura junto a su empresa, Pérez y Cía, el que fue director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, y los empresarios Adrián de la Joya, Enrique Maestre, entre otros, incluido el exembajador de Guatemala en EEUU Julio Ligorría.

El proyecto se iba a desarrollar en diversas fases y la investigación arrojó luz sobre la forma en que Villarejo se relacionaba con sus «clientes». A estos se refería despectivamente como «los ratones» y a su costa se realizaron viajes a lugares como Nueva York, donde llegaron a reunirse con el que fue jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, condenado tiempo después por delitos fiscales.

Entre sus planes, conseguir fondos suficientes como para apoyar a Ligorría en una candidatura a la presidencia de Guatemala que acabase con la causa de corrupción y así, con la reclamación de sus autoridades, que habían pedido a la Audiencia Nacional la entrega de Ángel Pérez Maura por el presunto pago de hasta 30 millones de dólares a altos funcionarios de aquel país, incluyendo el presidente Otto Pérez Medina y su número dos, Roxana Baldetti. Ligorría también fue reclamado.

Por el camino, referencias a una posible manipulación del proceso de extradición a golpe de contactos del comisario en los Juzgados Centrales que pusieron bajo sospecha la actuación como fiscal de Dolores Delgado cuando trascendió siendo ella ya ministra de Justicia, y un pago de un millón de euros de los navieros a cambio de unas influencias que habría de desplegar Baltasar Garzón en Guatemala que tampoco se acreditó. Los navieros, de hecho, siempre han sostenido que fueron estafados.