El Gobierno vasco da el tercer grado al etarra que asesinó al teniente coronel Blanco
Apaolaza progresa a la semilibertad, como Zubiaurre, que mató a un ertzaina e intentó acabar con dos periodistas
«Es difícil creer en la justicia y mantener la calma cuando no se cumplen las penas íntegras», dice la huérfana del militar
Es un año duro en casa de Almudena Blanco, hija del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Y sólo estamos en febrero. Hace apenas unas semanas se cumplieron 25 años de la mañana en que se fue al colegio sabiendo, porque escuchó el estruendo, que algo había pasado. En breve, hará 10 años que el último etarra responsable de aquella bomba que segó la vida de su padre fue condenado en firme por el Tribunal Supremo. Otra efeméride, al fin y al cabo. Pero el jueves el teléfono de Almudena sonó otra vez y la voz no hablaba de homenajes: «Le han dado el tercer grado».
La administración penitenciaria vasca ha concedido esta ventaja al etarra del comando Buruhauste Ivan Apaolaza, que en el año 2000 estaba sentado en un coche con Gorka Palacios asistiendo en directo a cómo volaba el vehículo oficial de un militar en el madrileño paseo de la Virgen del Puerto. Ha cumplido 17 de los 30 años que podía pasar entre rejas para saldar una condena que, en realidad, lo fue de 123 años de cárcel por asesinato terrorista y lesiones. La clave ahora es qué hace la Fiscalía de la Audiencia Nacional al respecto. Sólo el Ministerio Público lo puede recurrir.
«Esto no va de venganza, esto va de justicia», dice la huérfana del militar, que lamenta que las víctimas estén «vendidas», sin herramientas para rebatir este tipo de decisiones que suponen «un mazazo»: «Es difícil creer en esta justicia y mantener la calma cuando no se cumplen las penas íntegras».
La Audiencia Nacional condena a 74 años de cárcel a los etarras que intentaron matar a dos periodistas en el año 2000
Los cuatro reconocieron los hechos en el juicio, que se celebró el pasado noviembre
Apaolaza fue el último en caer de aquel comando. «Una china en el zapato», dice ella, de una familia que buscaba justicia. Después de la explosión, Almudena se fue al colegio y él preparó su fuga. Lo encontraron en Canadá, sin un tratado de extradición que facilitase las cosas. Pasarían seis años desde que la Audiencia Nacional lo reclamó y hasta que la Policía Montada le dio el alto, y siete años más hasta que por fin, se sentó en el banquillo y se pudo juzgar a todo el comando. Recurrió hasta el Supremo, que en 2015 dijo la última palabra confirmando las penas.
No había sido un atentado más, sino un punto de inflexión. El asesinato del teniente coronel Blanco puso fin a una tregua de ETA que se extendía ya 14 meses -19 llevaban sin matar- y desató el inicio de una campaña que marcaría el 2000 en rojo en todos los calendarios. Fue uno de los años más sangrientos de la historia de la banda terrorista: 23 muertos en 12 meses.
«Cada uno con su conciencia, pero que cumpla la pena»
Ahora, la Consejería de Justicia del País Vasco, que gestiona las cárceles a las que el Gobierno fue acercando a los terroristas que la política de dispersión tenía repartidos por todo el territorio nacional, considera que puede progresar de grado por el tiempo que ha cumplido, porque está desvinculado de la banda terrorista, porque no tiene más que un delito de sangre y porque dicen, ha pedido perdón expreso a sus víctimas con una carta que se aleja del estándar.
«A nosotros nunca nos ha llegado ninguna petición de perdón o arrepentimiento», dice Almudena Blanco. Esos escritos se presentan a Vigilancia Penitenciaria, no tienen por qué llegar a las víctimas. Tampoco supondría un cambio para ella y su familia, reconoce, si es a cambio de reducir la condena. «Una persona que de profesión es terrorista, que asesina a un inocente, no debería restar ningún mes, debería cumplir íntegramente las penas. Y aunque estuviera arrepentido en serio, pues cada uno con su conciencia, eso no quita para que cumpla con la pena impuesta por su delito. No me sirve que sea una razón para acortar la pena«, señala a ABC.
No lo ve suficiente, como tampoco su madre, «agotada« de pelear por mantener viva la memoria de lo que significó el terrorismo en España, que no sólo son ellas y el resto de familias mutiladas, «que era un chantaje en toda regla» a un país entero. Recuerda que no hace mucho, Apaolaza fue llamado a declarar en la Audiencia Nacional junto a sus compañeros de comando (Gorka Palacios, Ana Belén Egüez y Juan Luis Rubenach) por el asesinato del juez Francisco Querol y se quedó callado. «Tuvo la oportunidad de colaborar con la justicia y no lo hizo». Eso sí sería un cambio.
94 progresiones a tercer grado para 77 terroristas
Según los datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo, desde que el Gobierno transfirió la gestión de las prisiones al País Vasco se han firmado 94 progresiones a tercer grado para un total de 77 condenados por delitos de la banda terrorista ETA (algunos han sido revocados por recurso de la Fiscalía y se les ha vuelto a conceder, por eso la cifra es mayor). En total, son 130 los etarras en el sistema penitenciario.
Además de Apaolaza, estos días ha progresado a la semilibertad Jon Zubiaurre, condenado por el asesinato de un miembro de la Ertzaintza y, hace sólo unos meses, condenado de nuevo por el intento de asesinato de una pareja de periodistas y su bebé en el año 2000.
Le cayeron 74 años después de reconocer los hechos en el juicio, celebrado el pasado mes de noviembre y al que llegó sin nada que perder porque ya tenía liquidado el máximo de cumplimiento en 30 años. Es sobre ese tope sobre el que se ha calculado el tiempo transcurrido y se le concede la progresión.
De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por este diario, también se ha concedido el tercer grado a Javier Zabalo, sin asesinatos en su haber pero cuya actividad atentando en la banda terrorista ETA ha dejado más de una docena de heridos.
«En mi familia seguimos pensando que cómo puede ser que a un terrorista le den beneficios penitenciarios tan a la ligera. Si la ley es así, hay que respetarla, somos buenos ciudadanos, pero eso no significa que no la podamos criticar», plantea Almudena Blanco, para subrayar que en esto, «es claramente insuficiente». «Es una sensación de impotencia. De profunda tristeza».
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