El Gobierno claudica ante Bildu y levanta sus líneas rojas en la reforma de la Seguridad Ciudadana

La legislatura pasada decayó en la Comisión de Interior una proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, precisamente, por la negativa del Gobierno a ceder a las posiciones de máximos de ERC y EH Bildu. Esa es la base, según ha afirmado Aizpurua, con la que se ha cerrado ahora un acuerdo con el Ejecutivo. El intento de terminar con los «aspectos más lesivos» de la 'ley mordaza' naufragó en la última ocasión por la negativa del PSOE, y concretamente del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, a prohibir el uso de las pelotas de goma como material antidisturbios, las devoluciones en caliente y a suavizar las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia.

En el texto pactado entre el Gobierno y Bildu, que se registrará este mismo viernes en el Congreso con la rúbrica de PSOE, Sumar, ERC, Bildu y PNV, se concreta que las faltas de respeto deben ser «expresiones relevantes» y que, además, se levantarán las multas en los casos donde el sancionado se retracte o se disculpe. En los supuestos de desobediencia, la infracción pasa de grave a leve y debe cometerse «utilizando oposición corporal cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico».

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«Se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos», incluye el acuerdo, en el punto más ambiguo porque no especifica un plazo determinado. Eso sí, supone un cambio radical en la postura del Gobierno que, hasta ahora, y atendiendo el criterio de los agentes, se negaba a renunciar a este material antidisturbios. Respecto a las devoluciones en caliente, se fija un límite de seis meses para proceder a la modificación de la ley de extranjería y que se garantice la atención de las peticiones de asilo «previamente al proceso de posible expulsión».

El pacto lo ha anunciado y explicado Bildu, no el Gobierno. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a un acto en la Escuela de Organización Industrial de Madrid, ha recibido positivamente el principio de acuerdo sobre la llamada 'ley mordaza', si bien ha resaltado que ahora hace falta convencer a otros grupos para impulsar de nuevo la reforma en el Congreso.

Además, ha dejado entrever cierto descontento con la forma de anunciarlo por parte de Bildu, con una solemne convocatoria en la sala de prensa del Congreso. «Llevamos meses trabajando en esto, ha sido Bildu el que ha decidido, en el día de hoy, hacerlo público. Desconozco el motivo», ha señalado la número dos del Gobierno en referencia a los de Arnaldo Otegi, informa Mariano Alonso.

Fuentes de la formación aberzale creen que ha sido posible el entendimiento por la necesidad del Ejecutivo de sacar adelante leyes en un momento de máxima debilidad, en el que recientemente ha cosechado varias derrotas parlamentarias y se ha visto obligado a retirar el debate sobre la senda de déficit, paso previo a los presupuestos generales del Estado, para evitar que Junts se la tumbase por segunda vez.

En cualquier caso, los diputados de Bildu han evitado hacer sangre de las cesiones del PSOE y se han limitado a celebrar un acuerdo que consideran positivo «para la ciudadanía vasca y la del conjunto del Estado». «El paso del tiempo a veces ayuda a que se solucionen los problemas», ha afirmado Aizpurua en rueda de prensa, donde ha negado que esto sea una prebenda a cambio del apoyo de Bildu a la senda de estabilidad y a las cuentas estatales. Eso será otra cuestión. La negociación, según fuentes conocedoras, se ha alargado durante los últimos seis meses.

La portavoz aberzale ha agradecido el trabajo de todos los grupos parlamentarios y ha afirmado que la proposición de ley recogerá, además de estos cuatro puntos pactados ahora con el Gobierno, el texto que se tumbó en comisión la legislatura pasada y que promovió el PNV. El diputado de Sumar Enrique Santiago, en una rueda de prensa para valorar el acuerdo, ha resaltado la existencia de contactos entre todos los partidos favorables a modificar la 'ley mordaza' y ha apuntado que la idea es llevar a cabo una «tramitación exprés»: «Es imprescindible ahorrarse tramitaciones y debates eternos en la Comisión de Interior».

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, aunque se ha mostrado abierto a firmar la reforma de la ley, ha manifestado dudas sobre el cambio de grave a leve en los actos de desobediencia hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad. «Nos reservamos el derecho a presentar enmiendas», ha afirmado. Durante una rueda de prensa en la sede del partido en Bilbao, ha justificado su apoyo en que el «grueso» del documento es lo trabajado por el PNV en 2017. Sí se ha manifestado sorprendido por no haber sido informado por el Gobierno sabiendo de su «esfuerzo e interés», pero entiende que esa es la «dinámica» en la que ha entrado la legislatura. «Lo importante es que salga la reforma», ha sentenciado. Informa desde Bilbao Gerard Bono.

El coportavoz de Podemos Pablo Fernández ha calificado de «reforma estética insuficiente» el acuerdo y ha condicionado el apoyo de su formación a que se acepten las enmiendas que presentarán al texto de la citada norma. «Es insuficiente y queda lejos de lo que muchos colectivos sociales defienden», ha señalado este jueves en las Cortes de Castilla y León el dirigente de Podemos, que se ha mostrado muy «escéptico» ante el contenido de la reforma hasta el punto de que la ha calificado de «inaceptable» porque «no representa un avance». Para Fernández, la propuesta «no supone la derogación de la 'ley mordaza'» ya que la reforma que se pretende introducir «es muy corta». Informa desde Valladolid Montse Serrador.

Fuentes parlamentarias que bendicen el pacto trasladan que Podemos la víspera había trasladado su conformidad con el mismo y que después ha cambiado de opinión. Aun así, estas mismas fuentes apuntan que les preocupa más la posición de Junts que la de la formación de Ione Belarra, pero recuerdan que ambas apoyaron el dictamen debatido la legislatura pasada. Eso sí, los neoconvergentes exigen el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, incluido el control de las fronteras, y es posible que no vean con buenos ojos la prohibición de las devoluciones en caliente.

En ese sentido, Santiago ha querido lanzar un aviso tanto a Junts como a Podemos. «No va a suponer un cambio en el modelo de extranjería, sino la aplicación de las normas de asilo y protección internacional», ha dicho por un lado, y ha añadido: «Espero de una fuerza que se dice de izquierdas que no haga caer esta reforma. Esta es la segunda oportunidad y no creo que vaya a haber muchas más».

Por ahora, en declaraciones remitidas a los medios a través de su canal de comunicación, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha dicho que «mirarán y estudiarán» la ley, toda vez que ha recordado que su partido siempre ha defendido la derogación de una norma «represiva» aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2015. Desde la formación sostienen que presentarán enmiendas y avisan: «Lo que vale para el PSOE también vale para el resto de partidos políticos. Desde Junts negociamos, no hacemos adhesiones».

Desde ERC, por contra, las fuentes consultadas por ABC celebran el pacto y reivindican que en él hay mucho del trabajo que realizaron junto a Bildu la legislatura pasada. «Nos felicitamos por el acuerdo y sobre todo por el hecho de que el PSOE finalmente acepte llevar a cabo una reforma de la denominada 'ley mordaza' que derogue aquellos aspectos lesivos en cuanto al ejercicio de derechos fundamentales». «La música suena mucho mejor», rematan.