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Financiación y energía: los últimos requisitos que dependen del Gobierno central

Los trámites restantes atañen al Ministerio de Industria y al de Transición Ecológica

Ángeles Vázquez (izq.) y María Jesús Lorenzana durante la rueda de prensa EP

L. G. L.

Santiago

Las conselleiras de Economía e Industria y Medio Ambiente, María Jesús Lorenzana y Ángeles Vázquez, comparecieron ayer en rueda de prensa para informar sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable emitida por la Xunta respecto al proyecto de Altri en Palas de Rei.

Una vez finalicen las tramitaciones pendientes y el expediente sea elevado al Consello de la Xunta para su aprobación definitiva, podrán iniciarse las obras en el municipio lucense de Palas de Rei, aunque desde Altri ya establecieron que no realizarán la inversión que estiman en el entorno de los 1.000 millones de euros sin contar con el respaldo de 250 millones de los fondos europeos para la descarbonización. Una cuestión que depende del Ministerio de Industria cuyo titular, Jordi Hereu, condicionó previamente al cumplimiento de la legislación medioambiental avalada por la DIA.

Además, como recordó Lorenzana, el proyecto «no tiene garantizada la infraestructura de interconexión eléctrica necesaria», puesto que «por el momento no fue incluida por el Gobierno central en la planificación de la red de transporte de energía eléctrica». Una cuestión por la que, «con independencia de la financiación», «no podría llevarse a cabo» y «no es viable» por su falta de conexión eléctrica.

«En manos del Gobierno»

«Ahora está en manos del Gobierno, en concreto en manos del Ministerio de Transición Ecológica, que tutela Redeia, la red de transporte eléctrico nacional, decidir si se invierte en la subestación que daría interconexión eléctrica al proyecto o no», aseguró la conselleira en declaraciones recogidas por Ep. «Una fábrica si no se puede enchufar, no puede funcionar», añadió. Todo ello teniendo en cuenta que si no se inician las obras en los próximos seis años, la DIA quedará caduca.

Tanto Lorenzana como Vázquez defendieron la «transparencia» del proceso y transmitieron un mensaje de «tranquilidad» a los gallegos ante las posibles preocupaciones suscitadas por las polémicas de la oposición al proyecto, en las que identificaron «intereses partidistas». La conselleira de Medio Ambiente aseveró que un total de 42 técnicos firman los 34 informes sectoriales incluidos en la DIA, los cuales son «todos favorables o favorables condicionados.

Asimismo, defendió que «cualquier proyecto industrial tiene impacto en el territorio», por lo que las DIA se establecen para asegurar que este efecto no sea significativo. «Un trabajo que se hace de forma totalmente rigurosa con personal específico y que, en nuestro caso como gobierno, lo que hacemos es trabajar por el interés general. Estos son hechos no opiniones», subrayó la conselleira de Medio Ambiente.

Menos contaminación

Vázquez defendió que el proyecto incluye una reacción de los valores límites de emisión respecto a los inicialmente contemplados: «Un 73% menos de fósforo y un 43% menos de nitrógeno», a lo que se suma la tecnología puntera empleada para conservar «el buen estado actual» de las aguas que captará la compañía.

Paralelamente, afirmó que no se prevén impacto pesqueros al situarse a «más de 70 kilómetros» de la planta, al igual que en las vegetaciones de ribera en los cursos fluviales.

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