La Xunta da el visto bueno ambiental al proyecto de Altri en Palas de Rei con condiciones

La decisión fue publicada este miércoles en el DOG, donde se incluye la DIA de 76 páginas en la que además de las condiciones se recogen los cambios asumidos en los 36 informes sectoriales elaborados por las instituciones potencialmente afectadas por el proyecto.

En cualquier caso, todavía queda pendiente la resolución de algunas consideraciones de persona interesada en el proyecto y el trámite de audiencia correspondiente para la emisión de la autorización ambiental integrada, así como el informe de la junta consultiva en materia de ordenación del territorio de urbanismo.

Una vez finalizados estos procedimientos, el expediente será remitido a la Consellería de Economía e Industria que tendrá que elevarlo al Consello de la Xunta para su aprobación final, que permitirá el comienzo de las obras. Sin embargo, como ya indicaron desde Altri, el futuro del proyecto dependerá también de si es considerado para los 250 millones de fondos europeos que gestiona el Ministerio de industria.

Además, el funcionamiento de la planta requerirá de una conexión a la red eléctrica que no «está garantizada» al no incluirse en la planificación de la red de transporte de energía eléctrica del Gobierno central, por lo que requeriría de un permiso de acceso que depende del Ministerio de Transición Ecológica, como advirtió la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, este viernes en rueda de prensa.

La planta proyectada ocupará una superficie aproximada de 112 hectáreas y tendrá una capacidad de producción máxima de 400.000 toneladas de celulosa soluble y 200.000 toneladas de lyocell, un tejido 100% biodegradable y más sostenible que otros como el algodón, la viscosa o el poliéster empleado para la fabricación textil. Para ello requerirá de 110 MW de energía durante su fase de actividad y extraerá 46.000 m³ de agua al día del embalse de Portodemouros a través de una estación de bombeo, que posteriormente se tratará en una planta para, una vez desinfectada, devolver al caudal 30.000 m³ de agua diaria en vertidos.

Para garantizar el visto bueno ambiental de la Xunta, la fábrica de fibras textiles tendrá que cumplir una serie de condiciones de acuerdo a las exigencias de los distintos organismos que pueden verse afectados por la construcción y actividad de la planta. Además, la empresa tendrá que desarrollar el programa de vigilancia y seguimiento ambiental con un responsable cualificado y un presupuesto establecido para dicho fin.

Respecto a la calidad del aire, la fábrica deberá de garantizar su calidad de acuerdo a los criterios establecidos por ley, y aunque los mediciones realizadas por la empresa en 2022 mostraban una concentración baja de contaminantes, tendrá que asegurarse que se mantiene este nivel en las zonas de mayor aglomeración de actividad. Unas exigencias que también atañen a los olores y emisiones a la atmósfera y que no podrán extralimitarse de los criterios legales pertinentes.

Además del perímetro arbolado que se establecerá para reducir el impacto visual de la fábrica, se exige al proyecto un tratamiento de colores, texturas y acabados para la planta que minimicen su percepción. Tanto está como otras medidas del ámbito que afecten al territorio histórico del Camino Francés requerirán de una autorización previa, así como en el vallado de la línea eléctrica en el ámbito del conjunto del Pazo, hórreo y casa tradicional de Reboredo.

Entre los compromisos para el visto bueno de Augas de Galicia -encargada de uno de los 36 informes sectoriales- se recogen medidas para evitar interferencias con el uso público del agua que se extraiga del embalse de Portodemouros, evitando que se reduzca su caudal y el del Río Seco y limitando el impacto de los canales de paso para el agua en ambos casos y en el tramo cercano al Río Furelos, así como el uso específico que se de al agua, que tendrá que mantener la misma calidad durante el proceso de construcción de la fábrica. También se exige la protección de la vegetación en la ribera de estos caudales y la empresa tendrá que contar con la autorización de Augas de Galicia para la reutilización de las aguas residuales depuradas.

El sistema de drenaje tendrán que reducir al máximo la capacidad de los vertidos de afectar el entorno del río Ulla, empleando elementos de drenaje urbano sostenible y sistemas que amorticen este impacto, los cuales tendrán que ser monitorizado por la compañía de acuerdo a su compromiso de vigilancia medioambiental, que incluye comprobar la efectividad de las medidas.

Otro aspecto relevante es el control y protección de la fauna y flora autóctonas, para los que el dictamen establece gran cantidad de preceptos que deben cumplirse en lo referente a su conservación, densidad mínima de animales o plantas y evitar alterar sus ciclos de anidamiento, cría o desplazamiento en función de cada caso concreto. Un control que puede requerir de refuerzo teniendo siempre en cuenta las especies autóctonas y procesos que resulten lo menos intrusivos posibles para el ecosistema.

Además, con el fin de evitar la erosión del terreno -que será delimitado al detalle-, se llevarán a cabo medidas preventivas, protectoras y correctores con el fin de permitir la reinstalación posterior de la vegetación original siguiendo «criterios de coherencia ecológica». En el caso de los residuos, se garantizará su valoración, reciclaje, reutilización y almacenamiento en unas condiciones que evite la contaminación del suelo y de las aguas cercanas.

Por otra parte, durante la exploración del terreno, se constató la presencia del Petróglifo de Tras da Costa, por lo que la compañía tendrá que elaborar una propuesta para su conservación, estudio y posterior valorización. Un control que se circunscribe dentro de otras prevenciones arqueológicas para bienes de patrimonio cultural, como las obras cercanas a la parroquia de Reiriz, y en la instalación de las conexiones eléctricas.

La construcción deberá realizarse «en el menor tiempo posible» y evitando, «en la medida de lo posible», su coincidencia con fiestas y eventos de relevancia turística, además de mantener las instalaciones auxiliares para las obras alejadas de los establecimientos turísticos e indicar y ofrecer rutas alternativas si afectase a rutas o caminos.

El cumplimiento de los compromisos y criterios que condicionan el visto bueno de la DIA tendrá que justificarse a través de informes elaborados por los técnicos que Altri destinará al programa de de vigilancia y seguimiento ambiental. En ellos se deberá detectar, cuantificar y corregir cualquier alteración o afectación, también aquellas que no se tuviesen previsto en los informes previos, para los que será necesario medidas complementarias llegados al caso.

Asimismo, este seguimiento requerirá de una comunicación con el órgano correspondiente de calidad ambiental a través de estos documentos, que recogerán «pormenorizadamente» todos los aspectos técnicos e incluirá entre otros asuntos un cronograma actualizado de las obras, e informes sobre el avance de las mismas. Una vez concluya la construcción, se hará entrega de un último informe con información detallada sobre el proceso, incluyendo fotografías y documentación que justifiquen el cumplimiento de los criterios ambientales.