Condenan al Ayuntamiento de Vigo a pagar 1,9 millones a la promotora de un concierto de Guns N' Roses

En el caso del concierto del grupo norteamericano, el Consistorio, en vez de por un contrato negociado –es decir, dirigido sólo a una empresa–, optó por un concurso, en teoría abierto, a cualquier empresa, para patrocinar un gran concierto de renombre internacional en Vigo, ofreciendo 1,8 millones para el patrocinio, pero en realidad estaba hecho a medida de la promotora Sweet Nocturna.

De hecho, desde octubre de 2022, tras una reunión del alcalde con el presidente de Live Nation en España, el equipo de gobierno se comprometió por carta a pagar 1,8 millones de euros a la promotora por el concierto, además de ceder gratis el estadio municipal de Balaídos para el evento. Luego, ya en diciembre, el Concello y la promotora se coordinaron para tratar aspectos como el anuncio de la fecha del concierto, abordar cuestiones de aforo o el precio de las entradas.

El contrato estaba pendiente de formalizase, pero ya se llevaba mucho tiempo trabajando en el evento cuando, en un momento dado, el Concello de Vigo decidió romper amarras con la productora y declarar el concurso desierto. El Consistorio lo hizo, según alegó, porque la productora no había enmendado un requerimiento para acreditar que tenía en exclusiva los derechos de representación de la banda. Pero para el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vigo, que en esta sentencia condena al Consistorio vigués, esa justificación es «incomprensible». 

Por dos motivos. En primer lugar, porque «si existiera algún defecto en la titularidad exclusiva de esos derechos y su cesión a la recurrente –promotora–, el concierto no se habría celebrado», dice la sentencia. Y, por otro lado, la fórmula que la empresa empleó para acreditar esa representación exclusiva «fue idéntica a la usada para otros conciertos».

En resumen, el juzgado no ve razones de peso para apartar a la promotora del patrocinio, pues «se le debió adjudicar el contrato, que ya venía desarrollándose en sus indispensables actos preparatorios, en los términos licitados». Porque «un concierto de estas características no puede concebirse, licitarse y aprobarse en un plazo de dos meses».

La sentencia, contra la que todavía cabe recurso, concluye que la promotora «cumplió con la prestación que le incumbía». Muy al contrario que el Concello vigués, que «únicamente hay constancia de que hubiese cumplido con la obligación de cesión del estadio municipal para celebrar» el recital del grupo estadounidense.

El tirón de las orejas a Abel Caballero es severo: «Queda patente que no ha habido coordinación entre los distintos departamentos municipales implicados, tampoco simplicidad, ni claridad, ni mucho menos transparencia». El juzgado cree que la promotora había estado trabajando en el evento en base a «una confianza legítima en el cumplimiento del contrato». Pero el Ayuntamiento olívico lo acabó abortando, «menoscabando la buena fe que debe presidir cualquier contratación, más la pública».

En definitiva, sostiene el fallo, fue una «seria irresponsabilidad por parte del Concello de Vigo». Y podría haber tenido consecuencias más nefastas, que «se han paliado, en buena medida» porque la productora «ha mantenido el compromiso adquirido y se ha celebrado el concierto programado y anunciado». El juez avisa que, en caso de que no hubiera sido así, «con elevada probabilidad la demandada –el Ayuntamiento– se hubiese enfrentado a acciones resarcitorias de daños y perjuicios de mayor calibre económico que el que se sustancia ahora».

Tras conocerse la sentencia, recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tanto el PP como el BNG local lamentaron la «negligente gestión» de Caballero, que condena ahora a pagar a esta empresa «con dinero de todos los vigueses y viguesas». Por su parte, el Ayuntamiento de Vigo confirmó en un comunicado que recurrirá la sentencia alegando que «no se cumplieron las prestaciones publicitarias» y que la sentencia contiene «errores manifiestos».

Entre esos errores, el Concello vigués señala «que la sentencia cita reiteradamente», como es la supuesta existencia de un expediente de negociado sin publicidad sobre ese concierto «que no existió en ningún momento y que se corresponde con otro negociado».