Los expertos alertan: «Las nuevas cesiones harán más débil al Estado si hay otro 'procès'»

«Aumentar la plantilla de los Mossos, o cambiar la dependencia de los secretarios municipales no es problemático con una Generalitat como la actual, leal al Estado», explican las fuentes; «pero la situación puede complicarse mucho si queda en manos del independentismo -una hipótesis que no es descabellada a medio plazo-, y decide lanzar otro desafío. En ese caso las concesiones que se acaban de hacer reforzarían sus capacidades y sería más difícil responder». Todo ello, además, cuando la presencia del Estado en esa comunidad es cada vez menor, con unos 9.000 profesionales en total entre Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas.

Por supuesto, se trata de un escenario teórico, pero factible, para el que deben darse varias condiciones: que gobierne el independentismo, que haya una opinión pública muy favorable a plantear el desafío, que los constitucionalistas estén en retroceso o no sean capaces de entenderse y que los propios líderes nacionalistas den el paso a pesar del fracaso de 2017. Incluso así no sería suficiente, pues tendrían que involucrar a instituciones imprescindibles, como los Mossos d’Esquadra.

La Policía autonómica trabaja de forma ejemplar y a plena satisfacción también del Estado. Sus relaciones con el resto de las Fuerzas de Seguridad son excelentes, de modo que a día de hoy es imposible que se involucrara en un proyecto como ese. Pero de nuevo los expertos advierten de que «esa es la fotografía actual y a corto-medio plazo; pero las primeras generaciones de Mossos se van retirando y les sustituye gente joven con una formación distinta. Esas nuevas generaciones, convenientemente adoctrinadas, podrían ser el germen de una evolución inquietante en el Cuerpo policial catalán».

El independentismo sueña con volver a plantear un desafío al Estado y algunos sectores preparan desde 2014 estrategias y planes para alcanzar la independencia, por las buenas o a la fuerza. Hasta otoño de 2023 estos sectores radicales eran controlados por los servicios de inteligencia -también de Información de las Fuerzas de Seguridad- que informaban al Gobierno de sus actividades.

Desde esa fecha, sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ordenó abandonar el seguimiento del independentismo catalán para no molestar a sus socios nacionalistas. Para entonces, además, ya había surgido la polémica de los policías nacionales infiltrados en los ambientes ‘indepes’ de Cataluña. La información que hay a día de hoy de estos colectivos es, por tanto, mucho menos precisa, lo que añade elementos de preocupación.

Según ha podido saber ABC, en algunos de esos últimos informes de inteligencia se daba cuentas de jornadas como las que organiza la Societat d’Estudis Militars (SEM), una entidad independentista cuya financiación plantea dudas dado el nivel de sus actividades. El PSC llegó a preguntar por este asunto, pero la SEM sostiene que se financia con sus socios.

En esos eventos se analizaron los fallos principales que se cometieron en 2017: la falta de una hacienda propia -el Gobierno de Sánchez ya avanza para que eso sea posible-; la falta de reconocimiento internacional -el Ejecutivo permite una gran actividad exterior del independentismo, con apertura de ‘embajadas’- y el control del territorio, que tienen mucho más cerca en caso de conflicto si la plantilla de los Mossos llega a los 25.000 agentes -así será en 2030-, a los que habría que sumar los agentes rurales -más de 500 en 2022, creciendo y armados-, policías locales y bomberos. También están las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), formadas por voluntarios, unos 8.000 en total.

«Para que ese control del territorio sea útil en un desafío secesionista abierto -explican fuentes militares-, no es necesario que sea permanente. Con que consigan demostrar durante un periodo suficiente que España no es capaz de dominar una parte de su país forzarían a la comunidad internacional a una mediación. En ese momento, el independentismo ya habría ganado, porque sería sentarlo a una mesa al mismo nivel que el Estado».

En esos mismos actos de la SEM, Andrew Lambert, profesor de Historia Naval del Departamento de Estudios de Guerra del King’s College, disertó sobre el modelo de defensa de un futuro estado catalán, que en su opinión pasaría por la creación de una Armada para el control de aguas territoriales. Para Lambert, sería muy importante que las Baleares se incorporaran a ese nuevo país, lo que tiene una relevancia estratégica en relación con el control de esas aguas y la Cataluña continental.

El desarrollo teórico de lo que deben ser unas Fuerzas Armadas catalanas es de hace ya años. La SEM ha sido muy activa en este campo, y aboga por una Fuerza Terrestre, Aérea, Naval y una Reserva Territorial, de modo que las tres primeras cubran todo el espectro del conflicto y la última se especializaría en la defensa del territorio. Estarían formadas en total por unos 25.000 individuos y en principio utilizarían las infraestructuras heredadas del Ejército español.

Para los expertos, lo importante no es el número de militares previstos sino las capacidades -mando y control, control del espacio aéreo, del litoral, protección de puertos y aeropuertos...- que les hacen falta. Para conseguirlas cuentan con las que ya tienen, siquiera en fase embrionaria, los Mossos, que a medida que aumentan efectivos asumen, como es lógico, nuevas misiones. Ahí está, por ejemplo, su Policía marítima, o la unidad de control del espacio aéreo... También aportarían capacidades la Agencia de Ciberseguridad Catalana o la Agencia Espacial Catalana.

Incluso, en las jornadas de la SEM se estudiaron los modelos para conseguir la independencia, en particular el de Eslovenia, de la que dirigentes de Junts como Quim Torra o Clara Ponsatí se muestran partidarios. Lo explicó, por ejemplo, Dimitri Rupel, exministro de Exteriores, quien recordó que les acusaban de hacer las cosas de manera unilateral, lo que defendió, «porque si no no seríamos independientes ahora».

El nacionalismo también se fija en el modelo letón, en el que las únicas unidades armadas eran una guardia territorial sin capacidad para enfrentarse a un Ejército. Pero en uno y otro caso se vio la oportunidad cuando el Estado matriz estaba tan debilitado por los problemas internos que ya no eran capaces de hacer frente a una revolución.

Según las fuentes de la seguridad del Estado consultadas, si un movimiento de este tipo se produjera en España ahora -una hipótesis ahora inverosímil pero posible a medio plazo-, la respuesta a favor y en contra a la respuesta del Estado imposibilitarían en la práctica que las Fuerzas de Seguridad pudieran hacer lo mismo que en 2017.