El exjefe de UDEF en prisión por colaborar con el narcotráfico simulaba investigar a sus socios

¿Por qué le era útil al inspector jefe abrir esas investigaciones falsas e introducir los nombres de sus amigos? Porque las bases de datos policiales están conectadas y cuando hay dos casos abiertos en los que están implicadas las mismas personas salta en los ordenadores la coincidencia, de modo que el que investiga un asunto sabe por qué uno de sus objetivos lo es también de otra unidad policial.

En palabras de los investigadores, el inspector jefe había creado un auténtico «campo de minas» alrededor de sus colaboradores, un «sistema de protección» que le permitió, no sólo conocer y descartar causas abiertas para advertir a los suyos, sino también facilitar la entrada de contenedores cargados de droga. Todo ello a cambio de cuantiosas remuneraciones que después enmascaró a través de un entramado de empresas, como rendimientos de inversiones de compras de licencias VTC, el uso de criptomonedas o cobro de premios de lotería tiempo después del sorteo, cuando estaba a punto de caducar.

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De esta manera, Sánchez Gil y otros miembros de la unidad que dirigía introducían en las bases de datos policiales teléfonos, datos de personas, empresas, vehículos y contenedores a los que supuestamente estaban investigando, con la única finalidad de generar los «cruces» antes mencionados. Es como se conoce en la jerga policial a esos avisos que hace el sistema cuando otras unidades investigadoras también tienen en el foco al mismo objetivo.

Consta, por ejemplo, que Sánchez Gil aprovechó una investigación abierta por el Grupo 9 de UDEF, que dependía de él, por un presunto delito de estafa (completamente ajena a su entramado de tráfico de cocaína), para justificar la búsqueda de datos de personas y empresas señaladas en la causa que ahora dirige la Audiencia Nacional contra él. Como las que hizo sobre Pumba Gestión, un holding de empresas cuya socia mayoritaria es su cuñada, Yolanda R.P., y que habría utilizado para blanquear dinero, con las mencionadas licencias VTC y compra de parcelas de suelo urbano, o sociedades vinculadas a -su primero confidente y después socio- Ignacio Torán. Ambos permanecen, como él, en prisión provisional desde el pasado noviembre, cuando estalló la primera fase de la operación Augur.

Es por ese uso «anómalo» de los ficheros policiales como los agentes de Udyco Central se explican que Torán detectara en abril de 2024 seguimientos por parte de agentes «altamente cualificados en este tipo de actuaciones y con objetivos especialmente sensibles». Y el análisis de las consultas que Sánchez Gil hizo con sus claves personales en bases restringidas, apuntalan la tesis de los investigadores. Además de información sobre las empresas que le afectaban, buscó matrículas de vehículos oficiales que se usaron para vigilar a su exconfidente, de modo que le proporcionaba herramientas clave para que pudiera actuar con absoluta impunidad.

Llamativas también resultan las consultas que hizo en la base de datos GATI de numeraciones de contenedores en cuatro meses, de enero a abril del año pasado. Fueron en total 74 búsquedas, de las cuales 60 eran de cargamentos introducidos a través de la Aduana de Algeciras por Abadix Fruits, la empresa alicantina supuestamente dedicada a la importación de frutas que, entre plátanos, intentó colar 13 toneladas de cocaína el pasado octubre.

O, previamente, las consultas que hizo de personas relacionadas con el contenedor Temu, que la Udyco intervino también en el puerto de Algeciras con 1.605 kilos de cocaína en su interior e importaba Trapani, una empresa administrada por otro de sus colaboradores, José Luis López Rodrigo, e iba destinado a la mercantil Frutas Montero Salgado, igualmente a nombre de otro presunto cómplice, Eduardo Montero. Ambos figuran también como investigados en la causa que sigue el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, en coordinación con la Fiscalía Antidroga.

Fue en enero de 2024 cuando el Ministerio Público incoó por decreto diligencias de investigación preprocesales contra Sánchez Gil por delitos de organización criminal, tráfico de drogas, cohecho, blanqueo de capitales y revelación de secretos. Y la posterior querella, que presentó en la Audiencia Nacional, iba dirigida contra 13 personas y una decena de sociedades. Si bien las pesquisas, especialmente las vigilancias, motivaron que se explotara una segunda fase de la operación, centrada en el entramado de blanqueo de capitales, que culminó con más detenciones.

Entre los encarcelados destaca Noelia Ruiz, mujer del inspector jefe y también agente de la Policía Nacional, en prisión junto a su hermana desde noviembre. Sus ingresos y gastos en el periodo investigado no concuerdan con el sueldo percibido por su actividad en el Cuerpo. Tampoco la estabilidad de sus cuentas bancarias, teniendo en cuenta el incremento patrimonial de la unidad familiar. Ella ha pedido, sin éxito, su puesta en libertad dos veces.