Conde-Pumpido recula y ya no se plantea anular la consulta del tribunal de los ERE a Europa

El presidente del TC ha lamentado que los informes internos que solicitó a letrados del órgano, y que adelantó ABC, se hayan convertido en «un juicio paralelo».

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Rafael García-Valdecasas

Durante su intervención, ha justificado su decisión de llevar esta cuestión al debate de este martes en que si bien un órgano judicial es soberano para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, la novedad estriba en que se hace sobre una sentencia del Tribunal Constitucional cuando la ley orgánica que regula el órgano de garantías establece la obligación del TC de «defender su propia jurisdicción».

No obstante, ha insistido en que ese debate, en el que se ha quedado solo, «no hay intención alguna de anular esa decisión». Hace apenas unos días el presidente, por iniciativa propia, solicitó a la Audiencia de Sevilla esa providencia sin ocultar fuentes de su entorno la posibilidad que tiene el TC de anular resoluciones en aras de preservar el ámbito de su jurisdicción. No descartaban esas mismas fuentes hacer uso del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), ideada por el Gobierno de Rajoy en pleno desafío secesionista para obligar al Parlament a cumplir sus resoluciones ante el flagrante incumplimiento de las mismas.

A la legitimidad del TC también se ha referido su presidente, para criticar las campañas en contra de sus decisiones, a las que deben someterse los tres poderes del Estado. «Cuestionar la legitimidad del Tribunal es cuestionar la Constitución y el sistema democrático», ha dicho Y apenas unas semanas después de que el Supremo advirtiera de que los magistrados del TC no están exentos de una imputación por prevaricación, ha negado que esto sea posible, primero, porque las resoluciones del TC no pueden ser examinadas, y segundo, porque los magistrados gozan de una suerte de inmunidad y no pueden ser perseguidos por lo manifestado en sus resoluciones.

Ha aludido también Conde-Pumpido a la incomprensión que sufre el tribunal y a la «difícil labor» que afronta, porque «en ocasiones para defender la Constitución tenemos que enfrentarnos a fuerzas o corrientes de opinión muy poderosas que tienen interés» en que se mantenga una ley recurrida por inconstitucional o, en sentido contrario, que se anule una ley concreta. Esto es algo que «solo puede superarse con el respeto institucional, que echamos de menos demasiadas veces».

El TC tiene que estar dotado de una legitimidad democrática, ha señalado, precisamente porque los magistrados que lo integran, todos ellos «juristas de prestigio», son elegidos por los tres poderes del Estado. Por eso «no se entiendo» por qué desde esos mismos poderes que los han elegido se cuestione su legitimidad y las decisiones que toma. «Descalificar su sistema de elección es descalificar la propia Constitución», ha sentenciado.

Y parafraseando a Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA, ha recordado que «el TC no puede esperar el aplauso ni acobardarse ante la crítica. El poder debe someterse a la razón y no la razón al poder«.

Preguntado por la amnistía, Conde-Pumpido ha señalado la intención del TC de aprobarla antes del verano, como ya adelantó ABC en diciembre, e insistió en que el primer recurso que se resolverá será el del Grupo parlamentario Popular por ser el más completo. A partir de ahí se resolverán los otros 15 recursos de inconstitucionalidad presentados por gobiernos y comunidades autónomas (todas del PP salvo la de Page), las seis cuestiones de inconstitucionalidad (presentadas, entre otros por el Tribunal Supremo y el TSJC) y los ocho recursos de amparo de ciudadanos que invocan sus garantías constitucionales porque no se les ha aplicado la amnistía.