ERC y Junts prefieren menos seguridad que tener a las FSE en el 112

«El ministro del Interior acuerda con el Govern Illa una medida que descatalaniza el servicio de emergencias, que los diversos gobiernos de la Generalitat han ido construyendo con eficacia durante años», manifestó el 'expresident'. En la misma línea, el secretario general de Junts, Jordi Turull: «El 155 entra con fuerza en nuestras instituciones con Salvador Illa de presidente. Ahora de nuevo con los Mossos d'Esquadra», apuntó. Mientras que desde el grupo parlamentario de ERC, la diputada Ester Capella tildó la integración de «españolización».

Unas críticas del independentismo pese a que los anteriores ejecutivos catalanes –tanto el liderado por el propio Puigdemont, como el de Quim Torra y el de Pere Aragonès– comenzaron las negociaciones para ello, y también a sabiendas de que el cambio es «positivo, como cualquiera que implique mejorar en la gestión de las Emergencias y la coordinación entre policías», apunta Imma Viudes, portavoz del sindicato de Mossos Sap-Fepol, «siempre que se respeten las competencias» de cada Cuerpo.

Hasta la fecha, eran únicamente los Mossos d'Esquadra los que recibían directamente los avisos de las salas de coordinación. Y de ellos dependía avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante incidentes en el marco de sus competencias. «Por ejemplo, en el caso de la Guardia Civil, si había un desaparecido en el mar, no nos enterábamos de primera mano, sino que tenían que avisarnos los Mossos», ilustra Milagros Cívico, de la asociación Jucil. Un protocolo que derivaba en una pérdida de inmediatez a la hora de atender las emergencias y, por ello, era una reivindicación histórica tanto del Instituto Armado como de la Policía Nacional: integrarse en el servicio para evitar filtros. Todo ello, en aras de garantizar una mejor atención ciudadana.

Tanto policías como guardias civiles consideran que criticar ahora el avance es un «despropósito», porque «el que acaba perdiendo siempre es el ciudadano, que lo que quiere es que le protejan y que cuando tenga un problema, Emergencias active al Cuerpo competente», indica Cívico. Pese al anuncio de Marlaska, la medida todavía no se ha hecho efectiva por una cuestión tecnológica, confirman a este diario desde el 112.

«Al tratarse de una infraestructura crítica, la integración en el sistema de un usuario externo es más compleja. Pero ya en 2017 y 2018 se hicieron pruebas de funcionamiento para comenzar con el procedimiento», indica el mismo interlocutor, y confirma así que tanto el Ejecutivo de Puigdemont como el de Aragonès, que ahora reprochan a Illa la decisión, formaron parte de las negociaciones previas para ello.

Hasta ahora, cuando un operador del 112 atiende la llamada de un ciudadano, recaba todos los datos. Desde el nombre, el teléfono, información sobre el incidente, así como la ubicación y sus coordenadas. Todo ello se almacena en una ficha, denominada «carta de incidente», y esta se sube al sistema. Al ser los Mossos los únicos con acceso al mismo, el operador tiene que realizar una llamada adicional, bien a la Policía Nacional o a la Guardia Civil para informarles de incidentes en el marco de sus competencias, como en aguas exteriores, en caso del Instituto Armado.

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«El aviso no sólo llega con retardo sino que el operador, durante ese tiempo, no puede atender a otro ciudadano y el sistema de activación de recursos también se ralentiza», apuntan desde el 112. Cuando se solvente la cuestión técnica para que ambos Cuerpos puedan acceder al sistema, eliminando así un intermediario, el gestor quedará «liberado» para atender otra llamada, lo que en ocasiones puede significar, en función de la gravedad del suceso, salvar una vida.

En lo que va de 2024, apuntan las mismas fuentes, el 112 derivó 989.000 avisos a los Mossos d'Esquadra. A la Policía Nacional, 181 y 57 a la Guardia Civil.

«Es mucho más fácil que se nos active directamente que no tener que esperar», corrobora Cívico. Es la opinión generalizada de policías, guardias y mossos, que, una vez más, reprochan su instrumentalización como moneda de cambio y arma arrojadiza en la arena política. Y es que a las críticas de ERC y Junts por la integración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el 112, Illa respondió con un anuncio desde el Parlament, cuando compareció para explicar la mejora en la gestión de las Emergencias. Fue así cómo avanzó que el próximo enero se celebrará otra Junta de Seguridad en Cataluña para acordar que los Mossos asuman tareas de seguridad en puertos y aeropuertos del territorio.

Una asunción que quedó fuera del orden del día de la anterior reunión porque, según detalló entonces la consejera catalana de Interior, Núria Parlon, la Policía autonómica no cuenta todavía con efectivos suficientes para ello. Motivo por el que supeditó las nuevas competencias al aumento de las filas de la Policía catalana, de los 22.000 agentes actuales hasta llegar a los 25.000 en 2030.

Las acusaciones de «españolizar» y «descatalanizar» el 112 llevaron al Govern a rectificar esa negativa para contentar así a los independentistas con la cesión de puertos y aeropuertos. De nuevo: el foco en los policías. Y es que, tal y como reprocha otro portavoz sindical de los Mossos, Albert Palacio, de Uspac, los políticos buscan «enfrentamientos entre Cuerpos, pero nosotros no entraremos en la pelea».

Este pasado viernes, asociaciones de guardias civiles, a través de un comunicado conjunto, reprocharon la cesión, de la que aún no se conocen los detalles, aunque en principio sólo afectará a tareas de seguridad ciudadana. Anuncio que para los guardias «no obedece a necesidad alguna ni a razones operativas sino a un mero intercambio político». Y es que se produjo, precisamente, después de los ataques del independentismo a Illa por la integración de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el 112, y por la que reclamaron su comparecencia en la Cámara catalana, que aprovechó para enmendar la negativa de la titular de Interior, después de que tanto Junts como ERC también le acusasen de «renunciar a a la seguridad de los catalanes» por «renunciar a más competencias», en palabras de la diputada Capella.

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Ahora, tanto desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), como desde otras agrupaciones del Instituto Armado, recuerdan que en la última Junta de Seguridad, de principios de diciembre, «ya se anunció el cese de las competencias, hasta ahora compartidas, del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), relegando a esta especialidad de la Guardia Civil ya no solo a un segundo plano sino a su extinción prácticamente total», a lo que ahora se suma el horizonte de la nueva Junta donde se prevé «llegar a más acuerdos perjudiciales» para el Cuerpo. Recuerdan así que el presidente catalán «no ha considerado la escasez de personal de la Policía catalana, que apenas tiene suficientes efectivos para paliar los altos índices de criminalidad con los que cuenta actualmente Cataluña». Argumento similar fue el que esgrimió la consejera Parlon para rechazar la asunción de competencias en puertos y aeropuertos hasta que la plantilla de los Mossos no gane efectivos en los próximos años.

Aún hay más, y es que el anuncio para enterrar las acusaciones de «españolizar el 112» supone que, en caso de que el Cuerpo catalán se despliegue en las infraestructuras críticas, sus agentes «tendrían que formarse para realizar las funciones necesarias en este tipo de trabajo», recuerdan los guardias y secunda Palacio desde Uspac, que para ilustrar la falta de efectivos en las filas de la Policía catalana, pone un ejemplo: «Para cubrir Figueras (Gerona) hay una sola patrulla [de Seguridad Ciudadana]. ¿De dónde sacarán a la gente?», cuestiona.