Las grandes fortunas de más de 3,7 millones podrán volver a pagar el Impuesto de Patrimonio en Andalucía desde 2024

A partir de esta cuantía, la bonificación no será automática sino que será voluntaria, de forma que los contribuyentes puedan elegir entre tributar en Andalucía a través del Impuesto de Patrimonio o en el Estado a través del impuesto sobre las grandes fortunas. La modificación de este tributo tendrá un carácter temporal: permanecerá mientras esté vigente el impuesto grandes fortunas y así está regulado.

El Gobierno andaluz llevaba semanas analizando distintas opciones para que esta modificación entrase en vigor antes del 31 de diciembre para evitar que se perdiera la anualidad 2024 (puesto que se trata de un tributo que se devenga antes del fin de año anterior, en este caso del 31 de diciembre de 2023). Por este motivo, el Gobierno andaluz ha optado porque sea el PP, con su mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, el que introduzca una enmienda a la Ley de Presupuestos de Andalucía de 2024 para incorporar esta nueva regulación en el articulado. Esta enmienda fue presentada el pasado martes en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. De esta forma, a partir de 2024 se abrirá la doble vía de tributación para los grandes patrimonios que podrán elegir entre uno y otro tributo.

Con esta regulación se mantiene la bonificación del 100% en el Impuesto de Patrimonio para todos los contribuyentes con rentas inferiores a 3,7 millones de euros. Pero a partir de esa cuantía podrán pagar, tal y como anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, o al Estado o a la Junta de Andalucía. La estimación es que esta regulación afectará a unos 865 contribuyentes por un importe de 29,7 millones de euros (cifra de recaudación del Ministerio en el primer año de vigencia del impuesto sobre las grandes fortunas). Supone, por tanto, en torno a una cuarta parte de lo que se recaudaba hasta 2022 con el Impuesto de Patrimonio. El Presupuesto de 2024 podrá contar con una cuantía de ingresos adicional de aproximadamente 30 millones por este concepto.

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos mantiene en cualquier caso su rechazo al Impuesto sobre el Patrimonio, una figura retirada en esta legislatura por el Gobierno andaluz siguiendo los pasos de otras regiones como Madrid. Desde la Junta de Andalucía han calificado en repetidas ocasiones este tributo como «injusto» y han subrayado que no existe en otros territorios de Europa.

Pero esta rebaja fiscal se encontró con la respuesta por parte del Ministerio de Hacienda con la creación del impuesto sobre las grandes fortunas para rentas superiores a 3,7 millones de euros que establecía una regulación que limitaba su incidencia a aquellas rentas no afectadas por los impuestos de patrimonio autonómicos. De ahí que Madrid y Andalucía fueran las regiones más afectadas por la creación de este tributo debido a que habían suprimido previamente el Impuesto de Patrimonio.

Una vez avalado por el Tribunal Constitucional, se daba la circunstancia de que los grandes patrimonios andaluces tributan al Estado y por tanto no repercute en la comunidad autónoma, situación que se produjo durante todo el ejercicio 2023. De ahí que, una vez avalada la continuidad del Impuesto de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas, Madrid, Galicia y ahora Andalucía decidieran recuperar parcialmente y con una nueva regulación sus impuestos de patrimonio para que quienes estén obligados en cualquier caso a tributar lo hagan en su comunidad autónoma. La enmienda que crea esta nueva regulación del Impuesto de Patrimonio ha sido ya registrada en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y se aprobará en el Pleno del Parlamento junto al resto de propuestas de los grupos políticos que cuenten con mayoría parlamentaria.

Además de la propuesta que permite la recuperación del Impuesto de Patrimonio, los grupos del Parlamento andaluz han registrado un total de 1.612 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuesto andaluz para 2024. Siguiendo la estela del debate sobre los presupuestos y del debate del estado de la comunidad la sanidad pública, la sequía y la educación han centrado las enmiendas que ya se han registrado en la comisión y que se elevarán al Pleno del Parlamento autonómico.

El PSOE ha centrado en la política fiscal buena parte de las 294 enmiendas formuladas. Así, han planteado una revisión del estado de ingresos y gastos con la incorporación de 2.889 millones de euros más al presupuesto de la comunidad. Más de una tercera parte de este dinero procede de la propuesta de que eliminen «las rebajas fiscales a las grandes fortunas» entre ellas la bonificación del 100% del impuesto de patrimonio. Además, se propone recaudar 250 millones de euros más en la lucha contra el fraude fiscal y captar 1.200 millones de euros más en fondos europeos.

Este incremento del gasto repercutirá específicamente en los gastos en materia de sanidad , en un incremento del presupuesto para educación y en más inversiones para luchar contra la sequía. «Queremos blindar la sanidad pública», explicaron los diputados socialistas Gaspar Llanes y Alicia Murillo, quienes destacaron que el objetivo es elevar el gasto sanitario hasta 1.760 euros por persona, un 7% del PIB andaluz, lo que supone 859 millones de euros más. Esto repercutirá en reforzar la atención temprana, el personal sanitario o en un plan de choque contra las listas de espera.

El PP-A también ha registrado un total de 57 enmiendas, 13 correspondientes al articulado y 44 sobre inversiones. Con estas enmiendas se adaptan los presupuestos a «la actualidad política» y a los nuevos compromisos del Gobierno con la sociedad. Entre las propuestas se incorporan cuestiones de personal y adaptación de acuerdos sectoriales o correcciones. Se introducen también medidas que responden a anuncios del Consejo de Gobierno y a proyectos y programas de fondos europeos.

Respecto al resto de grupos políticos, Vox ha sido el que más enmiendas ha incluido con un total de 675 de las que 31 son al articulado y 644 al estado de gastos; Por Andalucía ha registrado 450 enmiendas de las que 80 son al articulado, 27 al estado de ingresos y 343 a gastos y finalmente el grupo Mixto Adelante Andalucía ha sumado 136 enmiendas, cinco al articulado, cuatro a ingresos y 127 a gastos. La sanidad pública, la educación y la sequía han centrado las iniciativas de estos grupos de la oposición en el Parlamento.

Aunque el Gobierno andaluz no necesita el apoyo de ninguno de los grupos políticos de la Cámara para sacar adelante los Presupuestos de 2024, dada la mayoría absoluta del PP, sí hay un compromiso por parte de la Consejería de intentar «llegar a acuerdos» e incorporar propuestas de otros partidos políticos tal y como ocurrió recientemente en el debate del estado de la comunidad.

Mientras los parlamentos de comunidades como Madrid, Andalucía o Galicia tramitan la recuperación de sus impuestos de patrimonio ante la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el tributo de solidaridad sobre las grandes fortunas, el PSE y el PNV acordaron una regulación más flexible en las diputaciones forales del País Vasco, que cuenta con un régimen fiscal específico. No obstante, en esta comunidad existe el Impuesto de Patrimonio y el tributo sobre las grandes fortunas se ha establecido como un complemento al tributo autonómico.

Concretamente, el acuerdo alcanzado esta misma semana establece cuatro tramos en el pago del impuesto de grandes fortunas en esta comunidad aunque con cifras que dependerán de cada diputación foral. En algunos casos se establece un tipo mínimo del 1,5% para las rentas de 3 millones de euros. El tipo máximo del 3,5% sólo se aplicará a partir de los 14,5 millones de euros.

Estos tipos son más flexibles que los que se aplican en el resto de España con el Impuesto de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas que regula el Ministerio de Hacienda y que establece tres tramos con el tipo mínimo establecido en el 1,7% a partir de los 3 millones; el tipo medio en el 2,1 % a partir de los 5,3 millones de euros y el tipo máximo del 3,5% aplicado a partir de los 10 millones de euros.

Durante el año 2023, el País Vasco fue de hecho el único territorio de toda España donde no se aplicó el Impuesto de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas aunque sí mantuvo durante todo el ejercicio el Impuesto de Patrimonio que suprimieron comunidades como Andalucía o Galicia. Ahora, se recupera para 2024 (con fecha de devengo diciembre de 2023) aunque de forma más suave que en el resto de comunidades.